Paolo Navia S.

Denunciando una vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión del despido, el exfuncionario de la municipalidad de Valparaíso Andrés Cruzat presentó una demanda laboral en contra del municipio porteño, acusando graves episodios de discriminación política por parte de los asesores directos del alcalde Jorge Sharp.

En concreto, la acción judicial presentada bajo la tutela del abogado y exgobernador provincial de la comuna de Quillota, César Barra (PS), expone duras acusaciones en contra del denominado "comité político" del alcalde Sharp, argumentando que la desvinculación de Andrés Cruzat de la autodenominada "alcaldía ciudadana" se "basaba en una evaluación política realizada por una instancia informal, ajena a la institucionalidad municipal, integrada por personas de confianza política del alcalde Jorge Sharp, entre ellos, Paulo Gómez, director de comunicaciones; Patricio Aeschlimann, director del departamento de prensa, y Rodrigo Ruiz, director de comunicación de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval)".

En este sentido, la demanda agrega que la mala evaluación del desempeño laboral del exfuncionario municipal "se basaba en la supuesta falta de lealtad política a las jefaturas del área de comunicaciones del municipio y a dicho equipo integrante del 'comité político', en particular a los señores Gómez, Aeschlimann y Rodrigo Ruiz. Este último funcionario (desconozco profesión), contratado por la Cormuval y quien ejercía potestad de evaluación del desempeño político y de las lealtades con las jefaturas".

A su vez, el documento expone que "dichas jefaturas, integrantes de este 'comité político' que evaluó el desempeño de funcionarios municipales a contrata, determinó de conformidad a versiones de sus integrantes", que la desvinculación de Cruzat no se "debía al desempeño técnico, ni comportamiento funcionario, sino que a una evaluación política".

"Nosotros averiguamos que había una especie de 'comité en las sombras' que se dedicaba a hacer una evaluación política de los trabajadores. Por lo mismo, yo solicité mi evaluación a través de Transparencia, pues en redes sociales Patricio Aeschlimann dijo que mi trabajo había sido mal evaluado, y como eso está determinado por un estatuto, pedí me evaluación, pero desde la Municipalidad me respondieron que no estaba disponible porque aún no se hace. Es decir, nunca hubo una evaluación formal por parte de mi jefatura directa en cuanto a mi desempeño", argumentó el diseñador Andrés Cruzat, exfuncionario del departamento de Imagen Corporativa del municipio de Valparaíso.

Ante este escenario, la demanda agrega un correo electrónico enviado a Andrés Cruzat el pasado 15 de enero por parte de Samuel León, director del departamento de Imagen Corporativa del municipio porteño, en el cual, según palabras del directivo, los informes de evaluación fueron solicitados "bajo una lógica un poco militar o de inteligencia".

En este sentido, el correo enviado por León a Cruzat agrega que "aprovecho de aclarar lo siguiente respecto de las afirmaciones públicas emitidas por el director de prensa de la municipalidad en relación a que tu desvinculación se debía a una mala evaluación de tu jefatura directa, es decir, una mala evaluación de mi parte. Taxativamente niego que yo te haya evaluado mal; es más, mi evaluación en el informe mencionado, y referido a tu desempeño profesional, fue positiva o bastante conforme".

"Esta evidencia incluida en la demanda confirma que nunca hubo una instancia de evaluación sobre mi trabajo y más bien fueron evaluaciones políticas por parte de los asesores directos y de confianza del alcalde Jorge Sharp", puntualizó Cruzat.

Antecedentes que, sumados a una supuesta agresión verbal por parte de Pablo Gómez y Rodrigo Ruiz luego de que Andrés Cruzat emitiera una serie de comentarios tras la notificación de su desvinculación, son parte de la piedra angular de la demanda que busca demostrar que el despido del diseñador no se ajustó a derecho.

"Quienes incurren en prácticas o actos discriminatorios, están infringiendo la norma de protección contenida en el inciso segundo del Artículo 2º del Código del Trabajo, además de normas Constitucionales como los artículos 1º y 19 número 2º y 16º de la Constitución Política de la República amén de claras normas internacionales", puntualiza la demanda.

En este sentido, la acción judicial agrega que "este despido debe considerarse como improcedente, pues se vulneraron derechos fundamentales del denunciante como trabajador", y busca que se obligue la Municipalidad de Valparaíso "a pagar las indemnizaciones dispuestas en el artículo 489 del Código del Trabajo y condenarla, asimismo, al pago de las prestaciones que en derecho correspondan".

Pago que, según se expone en el texto, alcanzaría los $ 11.691.482 por el concepto de indemnización adicional, equivalente a once meses de sueldo, similares a la última remuneración que recibió Andrés Cruzat en el municipio de Valparaíso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, todo ello con los intereses y reajustes que correspondan. Además, se solicita que el municipio pague las costas en que se condenen.

"Averiguamos que había una especie de 'comité en las sombras' que se dedicaba a hacer una evaluación política de los trabajadores"

Andrés Cruzat, Exfuncionario municipal"

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A raíz de todo el interés mediático que generó la noticia sobre acceso a las playas, aumentaron las denuncias"

rosario pérez, seremi de Bienes Nacionales