Nuevo retraso de "megatorres" por conflicto con La Dormida
OLMUÉ. Interchile confirmó que el proyecto Cardones-Polpaico no entrará en operación este mes, como estaba comprometido, sino que el 11 de junio próximo. REGIÓN. Indemnización será entregada a los hermanos y padres de una mujer declarada desaparecida tras el 27/F. VIÑA DEL MAR. Osvaldo Urrutia hizo la sugerencia tras visitar obras de teatro.
A través de un comunicado, la empresa Interchile, a cargo de la construcción y operación del megaproyecto Cardones-Polpaico, reconoció que producto del conflicto que aún mantienen con la Comunidad La Dormida, en Olmué, no podrán cumplir con la puesta en marcha del tendido eléctrico para este mes, como se estableció a fines del año pasado, sino que recién lo harán el 11 de junio.
"Interchile informó hoy al Ministerio de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional que, debido a una serie de hechos de fuerza mayor ajenos al control de la empresa, la puesta en marcha del proyecto fijada para el 18 de febrero deberá ser reprogramada", indica el documento, confirmando la nueva fecha de operación.
De acuerdo a lo detallado por la compañía, el proyecto eléctrico -que consiste en la instalación de 1.730 torres de alta tensión en un trazado que atraviesa veinte comunas del país, diez de ellas de la Región de Valparaíso- presenta un avance total de un 99,4%, y sólo resta por levantar ocho estructuras, que justamente son las que debieran ubicarse en la comunidad olmueína.
No obstante, agregaron en la firma, se han visto impedidos de continuar con la construcción de dichas torres -y así cumplir con los plazos- debido a "una serie de obstáculos de fuerza mayor y acciones graves en contra de trabajadores que han afectado directamente a la programación de los trabajos en terreno".
El conflicto que ya desde hace dos años mantiene la comunidad con la empresa tomó mayor relevancia en el último tiempo dado los continuos retrasos que ha tenido que experimentar el proyecto. De hecho, ha trascendido en distintas ocasiones que los afectados rechazaron millonarios montos como compensación del uso de sus terrenos.
En esa línea, en el último tiempo desde Interchile han insistido en la ocurrencia de hechos de violencia en la zona que "han afectado incluso la integridad física de trabajadores en las faenas constructivas", indica el comunicado.
"Ha existido oposición de hecho a través del bloqueo ilegal de caminos de acceso para el traslado de personal y materiales al interior del fundo de la Comunidad Agrícola La Dormida, y eso impide acceder de manera segura a los frentes de trabajo", agregaron en la empresa, la que al mismo tiempo cuestionó la presentación de acciones judiciales en su contra, las que a su juicio carecen de "sustento" y sólo "han buscado entorpecer y dilatar la ejecución de las obras".
Por su parte, desde la comunidad han reiterado la importancia de proteger el sector como zona de amortiguación de la Reserva Mundial de la Biósfera Campana-Peñuelas, aclarando que no han usado la violencia para impedir las obras, pero que no permitirán la construcción de las torres sin los permisos correspondientes, acusando a Interchile de acudir a sus terrenos con autorizaciones sin firmar.
Pese a que nada asegura que efectivamente en junio entre en operación el proyecto, dado que no se vislumbra una solución al conflicto, desde la empresa justificaron la fecha con un informe de un auditor externo que evaluó todos los posibles escenarios.
Estado deberá pagar $ 300 millones a familiares de una víctima del tsunami que afectó a Robinson Crusoe en 2010
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $ 300 millones a los padres y hermanos de una víctima del tsunami que afectó al archipiélago Juan Fernández, el 27 de febrero de 2010.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y Ángela Vivanco- confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio del Estado de Chile al no dar alerta de evacuación de la isla Robinson Crusoe, luego del terremoto que afectó a la zona centro sur del país el 27 de febrero de ese año. La acción judicial había sido interpuesta por los padres y hermanos de María Angélica Pérez Germain, desaparecida y declarada presuntamente muerta luego del tsunami.
"Del simple contraste de los hechos principales de la causa con las obligaciones exigibles a ambas reparticiones fiscales, queda en evidencia que el Estado de Chile incurrió en falta de servicio, debido a su actuar deficiente al no haber comunicado eficazmente la alerta de tsunami a los organismos de emergencia existentes en la isla Robinson Crusoe, conclusión a la que necesariamente debe arribarse si se considera, además, que tal alerta fue emitida por el SHOA pero no fue recibida por la mayoría de sus destinatarios", expone el fallo.
Los ministros de la Suprema expusieron además que "Onemi no emitió autónomamente dicha alerta a pesar de concurrir los presupuestos normativos para ello" y que "el aparato estatal contaba con los mecanismos comunicacionales idóneos para lograr el fin frustrado (teléfonos satelitales) y con los sistemas de alarma pública que, tal como fue comprobado, pudieron haber permitido la oportuna evacuación de las personas que aquella madrugada se encontraban en la isla".
Agrega la sentencia que tanto el Shoa como Onemi contaban con mecanismos técnicos para la transmisión de la alerta, y que Carabineros de Robinson Crusoe y algunos de sus habitantes mantuvieron permanente comunicación telefónica y radial con el continente.
Larga historia de reprogramaciones
Con la nueva fecha, ya son alrededor de cuatro las reprogramaciones que ha tenido que realizar la empresa al no superar los distintos conflictos que ha experimentado con las comunidades. Ya durante su tramitación ambiental, en 2015, Interchile había fijado para fines de 2017 el inicio de la operación de Cardones-Polpaico, proyecto conocido también como "megatorres". Luego, se habló de mediados de 2018 y, después, a finales de año. En ese momento el conflicto con La Dormida ya asomaba como difícil de sortear, y se volvió a aplazar para el 18 de febrero pasado. Ahora, se espera que esté listo en junio.
Diputado propone una unidad técnica para el patrimonio
Tras visitar las obras de restauración del Teatro Municipal de Viña del Mar, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), confirmó que el proyecto, cuya inversión alcanza los $ 10.000 millones terminará en el segundo semestre de este año.
El parlamentario destacó el rápido avance de las últimas etapas de la iniciativa, ya que "no solo se ha considerado la recuperación estructural del edificio, sino que su restauración completa con todos los elementos y adornos que tiene el edificio. También ha considerado modificación completa de sus redes e instalaciones como la eléctrica que es muy importante para que el edificio pueda funcionar bien".
En dicho escenario, Urrutia dijo que el municipio debería apuntar a la creación de un área técnica que se haga cargo de todos los recintos patrimoniales de la ciudad. "A medida que la obra iba transcurriendo se detectaron muchas malas intervenciones que se hicieron con el paso de los años por falta de conocimiento y respeto al patrimonio; piezas de bronce pintadas con óleo, mala mantención de las lámparas de cristal o del piso del mármol", detalló el legislador.
Por ello, explicó Urrutia, el municipio de Viña del Mar debería a futuro crear un área que se haga cargo de los edificios patrimoniales porque la ciudad tiene cinco edificios de gran valor patrimonial, que todos se están restaurando; pero es importante que exista conocimiento y profesionales preparados para conservarlo", sentenció.
La ampliación del teatro considera también la construcción de nuevos edificios, nuevos camarines, salas de ensayos, entre otros, para que grandes compañías y artistas puedan tener los espacios suficientes para realizar sus shows en Viña del Mar.
"La ciudad tiene cinco edificios de gran valor patrimonial, que todos se están restaurando"
Osvaldo Urrutia, Diputado UDI"
millones recibirá la familia de una de las víctimas del tsunami que afectó a Juan Fernández. $ 300