Katherine Escalona M.

El fallo dividido de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó, en su conjunto, los 12 recursos de protección interpuestos por la emanación de gases en Quintero y Puchuncaví en agosto y septiembre del año pasado, cuando más de mil personas resultaron intoxicadas, fue calificado por los abogados recurrentes como un mal precedente del tribunal de alzada. Por ello, afirmaron, presentaran una apelación a la Corte Suprema, para que el máximo tribunal pueda analizar los antecedentes del caso que, afirman, vulneró los derechos de las personas en varios ámbitos.

El senador Francisco Chahuán, quien fue el primero en presentar un recurso en contra de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), que sería una de las empresas investigadas por supuesta responsabilidad en lo ocurrido, aseveró que "nos parece insólito que la Corte haya señalado que no se haya acreditado daño a la salud y al medio ambiente, ni que las empresas fueran las responsables".

En los episodios contaminantes del 21 y 23 de agosto, sumado al 4 de septiembre del 2018, dijo Chahuán, sí "hubo responsables y a esos responsables nosotros vamos a perseguirlos ante la apelación que presentaremos a la Corte Suprema (...). Esperamos que la Corte Suprema restablezca el derecho de vivir en un ambienta libre de contaminación".

La abogada Josefina Correa dijo que "nos parece nefasto el voto de mayoría en el sentido de que niega la posible existencia de un peligro inminente para mi representado para efecto de ser evacuada cuando sabemos que las condiciones de deterioro ambiental, de fragilidad y vulnerabilidad que tienen las comunas (...) en relación a la contaminación producida por las empresas, con la autorización y permiso por parte del Estado, han puesto efectivamente a la población en una condición de riesgo".

Correa afirmó que hay falta de regulación a las empresas y que no existe un seguimiento a la salud de las personas y ante esto, dijo, hay que tomar medidas. "Esperamos que la Corte Suprema revierta la situación".

En tanto, la abogada Gabriela Burdiles criticó el fallo y explicó que "por un lado desconoce la naturaleza del recurso de protección y su regulación como esta en la Constitución del 80'. De hecho, lo que hace es exigir requisitos en contra de la Constitución (...) y por otra parte, señala que en los agentes públicos habría una única omisión que es la tardanza de los equipos de medición lo cual estaría subsanado, lo cual vamos a rebatir porque no es así. De hecho no hay equipos suficientes y los datos que han arrojado no son confiables".

La decisión del tribunal de alzada porteño provocó diversas críticas en torno a lo que ocurre en Quintero y Puchuncaví. Para algunos, la situación es preocupante, pero otros afirman que la determinación de los ministros reafirma que no hay responsabilidades.

El intendente Jorge Martínez dijo que "como parte del poder ejecutivo no nos podemos pronunciar en base a la sentencia de los tribunales ni sus decisiones, sino que respetarlas (...). Tenemos plena consciencia del esfuerzo que se ha hecho desde agosto hasta hoy día en materia de lograr la descontaminación".

El alcalde (s) de Quintero, Rubén Gutiérrez, dijo que el fallo da cuenta de que no existió responsabilidad municipal, pero aún así como recurrentes van a apelar a la Suprema.

"El municipio tomó la decisión de apelar en virtud de que hay un convencimiento de que hay una responsabilidad del polo industrial", recalcó.

En tanto, la core Tania Valenzuela precisó que "el fallo ha sido la tónica de este gobierno, dar la espalda a las inquietudes de la población. No nos llama la atención un fallo en ese tono. Vamos a llegar a otros organismos".

"Hubo responsables y a esos responsables nosotros vamos a perseguirlos en la apelación que presentaremos a la Corte Suprema"

Francisco Chahuán, Senador"

Entregan $ 300 millones para Quintero y Puchuncaví

En el Salón Esmeralda de la Intendencia Regional, el Gobierno hizo entrega ayer de $ 300 millones a trabajadores de Quintero y Puchuncaví que participan del acuerdo para la reactivación económica de la zona, luego de los hechos contaminantes que afectaron a ambas comunas el año pasado y que dejaron un grave deterioro financiero. En la oportunidad, el intendente Jorge Martínez destacó la medida y explicó que la inversión es parte de un aporte mayor, $ 3 mil millones aprobados por el Consejo Regional (CORE), para el financiamiento de ambas zonas que por años han sido devastadas por la contaminación. Referente a las críticas por la tardía ayuda del gobierno en esta materia, Martínez afirmó que "siempre hay voces críticas o voces disidentes, pero si consulta con la mayoría de la población (...) se ve que la opinión, inmensamente mayoritaria es otra, la gente quiere surgir, salir adelante. Esto requiere tramitación". En febrero, según informaron las autoridades, la economía de la zona ha tenido un repunte en comparación a enero, por lo que esperan que las cifras sigan en alza para ayudar a los empresarios de la localidad. Además, se informó que en marzo se hará entrega de otro financiamiento. Más de mil millones de pesos para invertir en turismo y comercio.

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