Cristián Rodríguez F.

Sólo ocho de 1.730 torres de alta tensión (99,4% de avance) le faltan a la empresa Interchile -filial de la colombiana ISA- para dar término a la construcción del proyecto energético Cardones Polpaico, que promete unir el Sistema Interconectado Central (SIC) con el del Norte Grande (SING), pero que a la fecha ya lleva más de un año de retraso respecto al plazo original de entrada en operación.

Ocho torres que, de acuerdo al trazado definido por la empresa y que fue aprobado ambientalmente a fines de 2015, debiesen instalarse en los terrenos pertenecientes a la comunidad La Dormida, en Olmué. Sin embargo, ambas partes mantienen desde hace al menos dos años un duro conflicto que a mediados de esta semana fue expuesto públicamente por Interchile, luego que responsabilizara a los propietarios del sector de oponerse al avance del proyecto, lo que obligó a la compañía a postergar nuevamente la inaguruación de la carretera eléctrica para el 11 de junio.

Pero lejos de que los ánimos se calmaran, en los últimos días la situación empeoró. Así al menos fue denunciado por la comunidad a través de un recurso de protección que ingresaron este jueves a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el que relatan una serie de agresiones -verbales y físicas- que habrían sufrido distintos comuneros por parte de trabajadores de las empresas contratistas de Interchile.

En el escrito -que hasta el cierre de esta edición aún no era admitido a trámite-, la abogada Paulina Silva dijo que el lunes de esta semana llegaron hasta la propiedad distintas cuadrillas de trabajadores y guardias armados, "embozados y provistos de objetos contundentes", los que realizaron "amenazas e insultos, y, en absoluta superioridad numérica, intimidaron sin derecho alguno a los directores de la comunidad".

Producto de ello, los afectados pusieron una denuncia ante Carabineros por los delitos de usurpación de propiedad privada y amenazas, además de otra por "vuelos irregulares de helicópteros", haciendo referencia al transporte aéreo que dispuso Interchile para la construcción de algunas torres y así no tener que habilitar nuevos caminos en el sector.

No obstante, ese no fue el único episodio que se vivió esta semana en La Dormida. En el mismo recurso, la comunidad denunció que dos días después "cerca de un centenar de individuos" llegó al lugar "exigiendo, nuevamente, paso para tomarse la propiedad".

Y si bien los denunciantes aseguraron que Carabineros se hizo presente de inmediato en el lugar, una vez que se retiraban "cientos de sujetos, en una verdadera operación de tipo 'comando', se abalanzaron sobre el director de la comunidad atacándolo con golpes de pies y manos, objetos contundentes y, literalmente, pasando por encima de su persona y de dos jóvenes comuneras que se encontraban en el lugar".

"Tras la cobarde y brutal agresión, profiriendo insultos de grueso calibre y en un estado de exaltación y furia desbocada, presumiblemente bajo el efecto de alcohol y drogas, los asaltantes se desplegaron en propiedad privada y constituyeron guardias, muy probablemente armados, instalándose como dueños y señores del lugar", detalla el recurso, en el que se agrega que las personas mencionadas "portaban artefactos incendiarios".

El nuevo recurso -que se suma a una larga lista de acciones judiciales interpuestas por ambas partes- tiene por objetivo paralizar cualquier acto que pueda "afectar, perturbar o amenazar" a los comuneros.

Para ello, en el escrito se enumeraron una serie de situaciones que a juicio de los olmueínos serían irregulares, como el ingreso a propiedades para habilitar los terrenos, el uso de caminos privados, los constantes vuelos de helicópteros trasladando materiales o, incluso, la tala de árboles para habilitar un helipuerto.

Uno de los abogados de la comunidad, Juan Molina, explicó ayer a este Diario que la oposición que han realizado por estos años tiene que ver justamente por las anomalías que detectaron. "La omisión de la zona como Reserva de la Biósfera, por ejemplo, es un problema capital de la evaluación ambiental, y eso hoy está en debate en el Tribunal Ambiental. Por lo tanto, la comunidad sólo ha ejercido su derecho de manera pacífica y jurídica", comentó el abogado.

Agregó que otro de los problemas es que "hay una torre, la número 827, que no está incluida dentro de la servidumbre que tiene la empresa sobre La Domida. Por eso se presentó una denuncia de obra nueva que se está tramitando en el Tribunal Civil de Limache".

De todas maneras, el abogado reiteró que "nosotros somos gente de derecho, somos una comunidad civilizada, y si llegado el momento nuestros recursos no prosperan, cosa que no creo, lo acataremos".

Cercanos a la empresa reconocieron que la situación es analizada en Santiago todos los días, y que si bien la construcción de las torres sigue su curso a través del uso de helicópteros, no es posible continuar a ese ritmo si es que quieren dar cumplimiento a los plazos.

Sin embargo, la dificultad que tendría por ahora Interchile no radica exclusivamente en la comunidad, sino que con Carabineros. Así lo dieron a entender esta semana en un comunicado, donde deslizaron que para cumplir con los nuevos plazos esperaban "contar con la materialización de auxilio de la fuerza pública".

Y es que dicha solicitud ya fue ingresada al tribunal de Limache, ya que a juicio de la firma, "Carabineros incurre en una omisión arbitraria e ilegal al no prestar el auxilio de fuerza pública a Interchile para ejercer su servidumbre eléctrica, pese a existir un precepto legal y orden judicial para ello".

Lo anterior fue expuesto por la empresa también en un recurso de protección ingresado a principios de febrero en contra de la Prefectura de Carabineros de Marga Marga.

"Actualmente, desde que el Juzgado de Letras de Limache concedió su primer oficio de fuerza pública, el 29 de agosto 2017, no se han podido construir las obras autorizadas en la servidumbre constituida en el predio La Dormida, en razón de las constantes evasivas de Carabineros para prestar el apoyo de fuerza pública, constante oposición de los comuneros del predio y la existencia de actos delictivos que no permiten asegurar a los trabajadores", indica el recurso, donde se reitera que "contar con el apoyo de fuerza pública de la Prefectura de Marga Marga nunca ha sido posible".

La empresa también agregó que la "última negativa de Carabineros" ocurrió el 23 de enero de este año, cuando les manifestaron que "los efectivos policiales del sector no serían expuestos al conflicto que califican como 'social', salvo una 'contraorden de la gobernadora'" de Marga Marga.

Consultados al respecto, desde la Gobernación descartaron referirse a la situación, mientras que en la Prefectura de Marga Marga informaron que "no es posible entregar mayores antecedentes para no entorpecer las diligencias" del recurso de protección.

La Dormida se agudiza tras denuncias

"La comunidad sólo ha ejercido su derecho de manera pacífica y jurídica. Si llegado el momento nuestros recursos no prosperan, cosa que no creo, lo acataremos"

Juan Molina, Abogado de la Comunidad, Agrícola La Dormida"

de junio es la nueva fecha que entregó Interchile para iniciar la operación del proyecto Cardones Polpaico. 11

torres de alta tensión son las que faltan, las que justamente están en el predio de la comunidad La Dormida. 8