Alexis Paredes R.

El presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de Policía Local, Andrés Celedón, participó esta semana en un seminario con sus pares de la Región de Valparaíso, donde se abordó la nueva regulación producto de modificaciones a la Ley del Consumidor que beneficiará a los usuarios. Una nueva materia en las más de 55 áreas de competencia que deben zanjar estos tribunales.

Los juzgados de policía local dependen financiera y administrativamente de las municipalidades, pero disciplinaria y jurisdiccionalmente de las Cortes de Apelaciones respectivas. Existen 377 juzgados de policía local en el país, algunos en zonas tan extremas como Isla de Pascua y Juan Fernández.

El abogado reconoció la sobrecarga de trabajo que tienen estos juzgados, con carencias de financiamiento, infraestructura y de personal, ajenos además a un proceso de digitalización como sí lo tiene el Poder Judicial.

En una jornada regional con el Servicio Nacional del Consumidor se dieron a conocer las modificaciones legales a la Ley 21.081, que modifica la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, con directa incidencia en los juzgados de policía local. "La ley entrega nuevas facultades, por ejemplo, el consumidor podrá elegir el juzgado en el cual interpone su demanda y los jueces podrán aplicar una nueva modalidad que se llama la carga dinámica de la prueba, con lo cual podrán disponer quién tiene que probar en una determinada causa del consumo. Son más derechos para los consumidores, pero también más obligaciones para todo el sistema del consumo".

- ¿Respecto a la carga probatoria, cuál es la relevancia que tendrá para el consumidor, el más afectado en situaciones de contienda por compras o servicios ante una gran cadena o tiendas de retail?

- Esto tiene gran injerencia, porque muchas veces el consumidor no preconstituye prueba y, por lo tanto, cuando quiere probar algún hecho se encuentra en la imposibilidad. Ante eso, el juez puede distribuir y que esa prueba sea incorporada por el proveedor. Esta prueba puede servir tanto para el proveedor como para el consumidor, para resolver el conflicto que se sometió a su conocimiento.

- Los jueces de policía local tienen múltiples competencias. ¿Que les incorporen cada vez más carga a la labor que realizan les complica? ¿Puede ocurrir lo mismo que pasa con los fiscales, que se llenan de causas y no pueden investigar a fondo todas?

- El instituto se encuentra abocado a ese problema. Evidentemente, son más de 55 materias de competencia, un día resolvemos Ley del Consumidor, otro Ley de Urbanismo y Construcciones, otro día Ley del Tránsito. Para eso hay que seguir perfeccionando a los jueces, otorgándoles más elementos a los tribunales. Aquí juegan un rol clave las municipalidades, que no sólo otorgan un servicio de salud, educación o recolección de basura, otorgan un servicio judicial; por tanto, tienen que entregar los elementos necesarios para que el tribunal funcione. No sólo elementos materiales, sino que también elementos humanos, perfeccionar al personal que trabaja en el tribunal, que es una labor distinta a la función social que realiza el municipio, dotar de una planta mínima de personal al tribunal y, por supuesto, dotarlo de la tecnología necesaria para atender de la mejor forma al usuario. Muchas veces no se atiende al usuario por el colapso que genera la cantidad de causas que ingresan o la escasez de personal, eso hay que decirlo y empezar a trabajarlo desde ya.

-¿Se sienten el pariente pobre dentro del sistema judicial, dado que en los tribunales de todas las otras materias crecen, se invierte en infraestructura y también en una mejor tecnología, mientras que ustedes siguen trabajando con un sistema precario y antiguo?

- No sólo nos sentimos como el pariente pobre, sino que somos el pariente pobre. Ha llegado el momento de terminar con ser el pariente pobre y formar parte de la solución jurisdiccional al problema de las personas. Anualmente ingresan 7 millones y medio de causas a los Juzgados de policía local, más del doble del Poder Judicial, estamos resolviendo los problemas de 7 millones y medio de personas, no sólo problemas del tránsito, vecinales, de pequeñas causas, y eso hace necesario que terminemos de ser el pariente pobre y nos igualemos al resto de los tribunales del país, donde tienen digitalización, los funcionarios tienen perfeccionamiento y capacitación y los elementos de infraestructura necesario para atender dignamente a los usuarios. Es un servicio judicial para el ciudadano común. En más de un 80% la ciudadanía concurre sin abogado, por lo cual atendemos directamente a la persona, no hay un intermediario o interlocutor de las peticiones de la persona, muy distinto a lo que ocurre en el Poder Judicial, donde llegan con un abogado y los jueces se entienden con ellos. Acá nos entendemos directamente con el lenguaje común, eso es muy relevante, y hay que empezar a trabajar para ese acceso a la justicia.

- ¿Por qué no se ha logrado concretar el proceso de digitalización en los tribunales de policía local?

-Se está empezando a trabajar en el tema de la digitalización, los costos que se estiman son de alrededor de $ 4 mil millones para poder implementar un sistema de digitalización, más los costos que significa la capacitación, mantención anual de los sistemas y actualización de los mismos.

- ¿Están sobrepasados los juzgados de policía local?

- Sí, los tribunales de policía local están sobrepasados. No es lo mismo un tribunal de Santiago o Valparaíso al tribunal de una comuna más pequeña, son realidades distintas. En Santiago están sobrepasados con los TAG y las vías exclusivas, que claramente son temas administrativos, pero las ciudades más pequeñas están sobrepasadas por la escasez de personal e infraestructura.

-Que cada comuna tenga sus propias ordenanzas, Valparaíso impuso nuevas multas por orinar en la calle o los grafitis, ¿los complica al momento de fallar una causa?

- Ahí está el componente local, cada tribunal de policía local forma parte de su localidad, la ordenanza es una normativa muy antigua, que significa que cada municipio establece una norma dentro de su comuna, bajo ciertos caracteres que son propios del territorio donde se va a aplicar la ordenanza. Sería interesante a nivel nacional que se establecieran criterios respecto a qué aspectos pudiese intervenir un municipio. En Santiago está la ordenanza del acoso callejero, acá la de orinar en las calles, quizás faltaría detallar un instructivo a partir de los cuales los municipios pudieran establecer ordenanzas que sean claras para todos y no terminen siendo inconstitucionales o ilegales.

- ¿Se sienten olvidados por aquellos municipios donde no es prioritaria la entrega de recursos suficientes a estos juzgados?

- Absolutamente, hay municipios que no entregan ningún tipo de recurso al tribunal; el juez y el tribunal tienen que batírselas por sus propios medios. En otros casos hay municipios que entregan los recursos necesarios, incluso han implementado digitalización en los tribunales, por eso hay que lograr una estandarización a nivel nacional, tener un mínimo a partir del cual poder funcionar en materias como infraestructura o personal y vamos subiendo en base a los ingresos. Sobre eso hay que trabajar, porque o si no el servicio de justicia no se puede prestar en forma adecuada y quien resulta perjudicado es el ciudadano.

"Anualmente ingresan 7 millones y medio de causas a los juzgados de policía local, más del doble de las que recibe el Poder Judicial""

"Hay municipios que no entregan ningún tipo de recurso al tribunal; el juez y el tribunal tienen que batírselas por sus propios medios. En otros casos hay municipios que entregan los recursos necesarios" "Ha llegado el momento de terminar con ser el pariente pobre y formar parte de la solución jurisdiccional al problema de las personas""

"Muchas veces no se atiende al usuario por el colapso que genera la cantidad de causas que ingresan o la escasez de personal, eso hay que decirlo y empezar a trabajarlo desde ya""