Alexis Paredes R.
El preinforme de la Contraloría General de la República da cuenta de una serie de cláusulas desventajosas para la Municipalidad de Valparaíso en relación al contrato de concesión de parquímetros con la empresa Consorcio Valparaíso S.A., que actualmente también tiene a su cargo la construcción de los estacionamientos subterráneos en la plaza O'Higgins.
La cuestionada empresa dio cuenta de una inversión de US$ 15 millones para la obra que contempla 450 cupos en dos niveles, sumado a una renovación completa del citado parque porteño. El año 2008, durante la administración del exacalde Aldo Cornejo, el Concejo Municipal de la época aprobó la adjudicación por un periodo de 30 años para la explotación de los aparcaderos bajo tierra, obras que, actualmente, están en una fase final tras sortear una serie de trabas legales y administrativas.
Sin embargo, la denuncia presentada por el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) al órgano contralor, respecto a una serie anomalías en la firma de los contratos con la citada empresa, que según el preinforme habrían significado un perjuicio estimado sobre los $ 950 millones en el patrimonio municipal debido a las continuas modificaciones irregulares de contrato, que comenzaron el año 2004, además de plazos prescritos sin pago de multas; sobreexplotación millonaria de estacionamientos en superficie en el sector Almendral y la extensión de un contrato a 30 años, entre otros, levantaron las alarmas respecto a la responsabilidad que pudieron tener los exacaldes en estos hechos y de los propios concejales por la falta de fiscalización en esta materia, algunos de ellos aún en ejercicio.
Respecto a las anomalías en los contratos que lo llevaron a presentar la denuncia ante el órgano fiscalizador, el diputado Osvaldo Urrutia recalcó que "lo que más resulta impresentable, y que fue lo que motivó la presentación a la Contraloría, es que el plazo para los estacionamientos de superficie comienza a regir cuando el municipio recepcione los estacionamientos subterráneos. Es decir, durante todo estos años la empresa concesionaria ha trabajado prácticamente gratis, lo que es sumamente impresentable".
El legislador insistió que "la forma de trabajo de esta firma (Consorcio Valparaíso S.A.) viene dada desde hace muchos años en Valparaíso".
El primer contrato con dicha empresa se firmó en 2004, durante la administración de Hernán Pinto Miranda (DC), y se mantuvo durante los mandatos de Cornejo, Jorge Castro y se extiende hasta el 2023 con los aparcaderos de superficie.
Urrutia insistió en la falta de una correcta fiscalización del propio Concejo Municipal en esta materia, que derivó en este millonario detrimento para las escuálidas arcas municipales.
"Los concejales son encargados de fiscalizar. Primero, habría que determinar qué antecedentes se pusieron en conocimiento de ellos y que en base a eso proceden a votar, porque hay equipos técnicos que presentan estos antecedentes en comisión y luego en sesión de Concejo. Las responsabilidades se deben determinar de acuerdo con lo que se les puso en conocimiento. Además, hay que verificar en qué etapa participó cada concejal y los motivos por los cuales aprobó o rechazó.
Urrutia insistió que "lo más importante es que la ciudad termine con este verdadero desangramiento que le ha significado la construcción de estos estacionamientos, porque es impresentable que, desde el año 2007, se esté haciendo entrega de este verdadero préstamo al concesionario y que aún no sea capaz de entregar el proyecto a Valparaíso, mientras sigue recaudando con un contrato que es perjudicial".
El parlamentario también apuntó a responsabilidades en los anteriores alcaldes que participaron en las modificaciones de contrato con la empresa, a todas luces desventajosas para la ciudad. "Creemos que los alcaldes que han participado en cada una de las modificaciones del contrato también tienen algo que decir, porque es impresentable que durante varias administraciones, que según los antecedentes viene dado desde 2004, nadie haya dicho nada con este tipo de acuerdos que afectan directamente a Valparaíso, por lo que la investigación tiene que ser profunda.
En esta misma línea, el alcalde Jorge Sharp reconoció que, respecto a las medidas que tomará el municipio por las situaciones que especifica el preinforme, aseveró que se está a la espera del informe final para proceder. Sin embargo, no descartó querellas penales por el daño que se le ha hecho a la ciudad.
"Hemos identificado una serie de irregularidades que comienzan desde el origen de la licitación y que pueden, eventualmente, constituirse en ilícitos penales, tales como fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, entre otros", detalló Sharp.
La autoridad comunal subrayó que "esperaremos el informe final de la Contraloría para informar cuáles serán las acciones que adoptaremos respecto al futuro del contrato y eventuales querellas penales por este ultraje a Valparaíso".
"Creemos que los alcaldes que han participado en cada una de las modificaciones del contrato también tienen algo que decir, porque es impresentable"
Osvaldo Urrutia, Diputado UDI
2004 se firmó el primer contrato con la empresa Consorcio Valparaíso S.A., ahora en la mira de la Contraloría.
30 años dura el contrato de concesión de los estacionamientos subterráneos de la plaza O'Higgins.
