Hasta la Corte de Apelaciones porteña llegó ayer José Manuel Valdivieso, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, quien presentó un recurso de protección en contra de la Federación de Estudiantes de la casa de estudios, a la que acusa de arbitrariedad y discriminación.

El joven explicó que el 14 de marzo de este año la consejera estudiantil de la Democracia Cristiana (DC), Camila Arancibia, renunció a la Federación por motivos personales y lo que correspondía era que él asumiera el cargo, según indican los estatutos, por ser sucesor en las votaciones. Sin embargo, la situación no fue así y se llamó a una nueva votación.

Para Valdivieso está acción fue injustificada y no ajustó a las normas. Además, denunció que la medida fue adoptada por razones políticas, en razón de que es presidente del Movimiento Gremial de la misma casa de estudios.

"El recurso de protección fue interpuesto ante la renuncia de una consejería superior estudiantil y ante eso queda una plaza vacante. En esa situación, y según lo señalan los estatutos internos, tendría que quedar como sucesor la persona que la seguía en las votaciones, que era yo. Esto no se respetó y se llegó a la decisión que se realizarían elecciones nuevamente", aseveró el estudiante.

Para el Valdivieso, está acción rompe un proceso democrático instaurado en la universidad y, actualmente, predominan "usos de poderes". Aclaró que "a ellos no les conviene que asuma el presidente del Movimiento Gremial por algo político y esos no son motivos razonables para haber cambiado la aplicación de la norma en menos de un año".

Agregó que el "único motivo razonable que impulsa este caso es la conveniencia política o no querer que asuma alguien de derecha, por eso interponemos este recurso por prácticas arbitrarias y una discriminación en lugar de haber discusiones y legalidad".

2018 En noviembre de ese año fueron las elecciones y se eligió a la nueva Federación de Estudiantes.

14 de marzo renunció la consejera de la Democracia Cristiana, Camila Arancibia, por motivos personales.

Katherine Escalona M.

El viernes llegó a territorio nacional el conconino Felipe Osiadacz, quien estuvo recluido en Malasia por más de un año tras ser condenado, junto al chef santiaguino Fernando Candia, por el homicidio culposo de un hombre ocurrido el 4 de agosto de 2017 en el hall de un edificio en Kuala Lumpur. Por este hecho se declararon culpables y fueron sentenciados a dos años de prisión, pena que fue reducida por la justicia malasia por buen comportamiento.

Sin embargo, el caso judicial no terminaba ahí, porque el 15 de noviembre del año pasado, antes de que se cumpliera la sentencia en diciembre, la Fiscalía local presentó un recurso de apelación, por lo que ambos chilenos se mantenían en libertad, pero con arraigo nacional. Por esta arista, según confirmó este Diario, el jueves 25 de abril habrá una nueva audiencia.

Bajo este escenario, la llegada de Osiadacz a Chile genera preocupaciones respecto a su caso en Malasia, puesto que existe información de que la medida cautelar en contra del conconino y Candia no fue levantada por el país asiático.

La información fue confirmada a este Diario por el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raúl Sanhueza, quien afirmó que la Cancillería sigue prestando toda la colaboración a Candia, quien aún está en Malasia.

"Para nosotros, Fernando Candia ha sido, es y seguirá siendo una preocupación mientras no entre a territorio chileno. Él, como ciudadano chileno, tiene derecho a la protección y al apoyo consular, y se lo hemos dado y se lo seguiremos dando", aseveró Sanhueza.

Consultado sobre la llegada de Osiadacz a Chile, el director general consular afirmó que "yo no voy a opinar sobre situaciones de ese tipo. Nosotros no intervenimos en decisiones de romper resoluciones judiciales o cosas por el estilo; y además, el señor Osiadacz está en territorio chileno, por lo cual no es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores".

Respecto a la situación de arraigo nacional de ambos chilenos y la salida del conconino del territorio malasio, Sanhueza detalló que "entiendo que él (Osiadacz) tenía una orden de arraigo, una prohibición de salir del país. Estaban los dos bajo la misma situación. (...) Si se levantó (la cautelar), se levantó para todos y nosotros no tenemos esa información. Lo que nosotros tenemos es que el señor Candia y el señor Osiadacz estaban en un proceso de recurso ante la Corte de Apelaciones y que dentro de ese proceso de recurso estaban sometidos al régimen de libertad, pero con orden de arraigo".

Sobre el caso, aclaró que lo que hay por parte de la Cancillería es "el amparo y la protección consular que se le presta a un compatriota que está sometido a un proceso. El cónsul lo acompaña, el cónsul se entrevista con él, él tiene su propia abogada que es la responsable de su defensa jurídica, pero este no es un tema entre gobiernos. Aquí nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos de la autonomía del poder judicial".

Sobre el proceso, el senador Francisco Chahuán (RN), quien ha estado pendiente del caso en su calidad de presidente del comité interparlamentario chileno-malasio, recalcó que "lo más importante es pensar en el joven que aún está en Malasia. Y por qué digo esto, porque desde el principio todas las gestiones y apoyos se hicieron en favor de los dos jóvenes".

El legislador aseveró que "debemos concentrarnos en apoyar a Fernando que está en Malasia en este momento. Las razones y explicaciones de por qué uno de los jóvenes regresó a nuestro país la deben dar los organismos pertinentes".

"Entiendo que él (Osiadacz) tenía una orden de arraigo, una prohibición de salir del país. Estaban los dos bajo la misma situación"

Raúl Sanhueza, Director general Consular

26 de abril estaría fijada una nueva audiencia en Malasia. De no llegar el conconino se lo podría declarar prófugo.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Viña del Mar indaga el caso de clonación de tarjetas desde la bencinera Copec ubicada en la calle 6 Norte, donde el fin de semana detectaron un skimmer que estuvo activo por casi dos horas y logró detectar un total de seis transacciones.

El jefe de la Primera Comisaría de Viña del Mar, mayor Ricardo Arriagada, explicó que este es el primer caso en la comuna donde se instala un clonador de tarjetas en un dispensador de combustible, aparato que fue detectado por un usuario.

"Se instaló un skimmer en un surtidor de combustible y la situación fue observada por un recurrente que lo sacó del lugar. La SIP (Sección de Investigación Policial) realizó todos los trabajos, hicimos la vigilancia especial en ese lugar, pero no logramos detener a la persona que instaló ese instrumental", aseveró el mayor Arriagada.

La persona que encontró el aparato, dijo Arriagada, "se dio cuenta que estaba salido en parte de su estructura, lo pasó a llevar y se soltó el skimmer. Por eso se desalojó de su ubicación".

Desde la empresa Copec confirmaron que fueron dos mujeres las que instalaron el aparato, información que fue obtenida tras la revisión de las cámaras de vigilancia.

Además, corroboraron que pese a existir seis transacciones de tarjetas bancarias en el lugar, "la rápida acción habría impedido que la clonación se concretara, puesto que los datos no habrían alcanzado a llegar a manos de los delincuentes".

"Se instaló un skimmer en un surtidor de combustible y la situación fue observada por un recurrente"

Mayor Ricardo Arriagada, Jefe de la Primera Comisaría