El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Jaime Arancibia, quien está a cargo de investigar casos de violaciones a los Derechos Humanos en la región, condenó a nueve funcionarios en retiro de la Armada y a uno de la Policía de Investigaciones (PDI), por su responsabilidad en la detención ilegal y secuestro con grave daño de Marco Antonio Contardo.

Según el fallo Contardo, de 15 años, fue llevado a la Academia de Guerra Naval entre octubre y diciembre de 1973, siendo torturado en ese recinto. Por este caso se le aplicó la pena de seis años de presidio a los exmarinos Bertalino Castillo, Valentín Riquelme, Ricardo Riesco y Jaime Lazo. En tanto, Alejo Esparza, Héctor Santibáñez y Sergio Hevia, fueron condenados a 5 años y un día de cárcel.

Juan Jorquera y Juan de Dios Reyes, también marinos en retiro, deberán cumplir una pena de cuatro años de prisión. En tanto el exfuncionario de la PDI, Guilfor Aracena, fue condenado a 300 días de reclusión nocturna por la detención ilegal de Contardo.

A la vez, Aracena fue absuelto por el delito de secuestro con daño grave, al igual que la exfuncionaria naval Gilda Ulloa y el exdetective Jaime Riesle.

Procesamiento

En otro caso, el ministro Arancibia sometió a proceso a ocho exfuncionarios de la Armada, por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a María Victoria Yáñez Rojas.

En este caso, Yáñez fue sacada de su domicilio en noviembre de 1974, siendo trasladada al Cuartel Silva Palma -que se emplaza entre el cerro Artillería y el Molo de Abrigo-, donde fue interrogada y torturada por efectivos navales, según resolvió el mismo juez.

Éste determinó el procesamiento de Ricardo Riesco, Juan de Dios Reyes, Alejo Esparza, Héctor Santibáñez, Eduardo Núñez, Valentín Riquelme, Gilda Ulloa y Sergio Hevia, en calidad de autores del hecho punible.

6 años de cárcel deberán cumplir cuatro exmarinos por el secuestro de Marco Antonio Contador en 1973.

8 exmarinos serán procesados por secuestrar y torturar a María Victoria Yáñez en noviembre del 1974.

Sofía Navarro Martínez

Un año y medio es el tiempo que calculan los dirigentes del sindicato de trabajadores de la comunidad Ma'u Henua, que administra el Parque Nacional Rapa Nui, ha durado el conflicto por el recinto. Un problema que partió con el cambio de directiva -cuyo objetivo era sacar a Camilo Rapu de la misma-, y que en los últimos días ha derivado en denuncias laborales, presiones a la gobernadora y la apelación al Tribunal Electoral Regional, que invalidó la eleccción de la nueva dirigencia a cargo de Nancy Rivera.

Hace unos días se convocó a una marcha frente a la boletería del parque en la que habrían participado unas 300 personas que, posteriormente, enfilaron hacia la gobernación, donde se esperó una respuesta de la autoridad provincial, la que no dejó conforme a los protestantes que pedían su intevención para sacar a Rapu de su cargo.

Toma en gobernación

"Al no haber solución, familiares de los trabajadores decidieron acampar como señal de presión constante a la autoridad", explica el presidente del sindicato de trabajadores de Ma'u Henua, Iovani Rano, quien agregó que 30 personas forman parte de esta medida de protesta.

Las consignas apuntan a que, producto del conflicto por la administración del parque, junto con no recibir su último sueldo, algunos trabajadores fueron víctima de despidos injustificados y amedrantamiento por parte de Camilo Rapu.

"Cuando la Conadi inscribe al nuevo directorio y quiere iniciar sus funciones como corresponde, nos llama a trabajar. Nos reunimos en un punto provisorio luego que Camilo Rapu no quisiera entregar las depedencias y ahí, firmamos asistencia", relata Rano.

"Después del fallo del TER, Rapu le dice a quienes firmaron a favor de Nancy Rivera que eran unos traidores y los echaría. Veinte de ellos fueron a dejar constancia a la Inspección del Trabajo por amedrentamiento y amenazas de despido, mientras que cuatro de estos se concretaron la semana pasada y dos el martes", complementa el presidente.

Sobre estos casos, según denuncian desde el sindicato, dos serían ilegales. Por un lado se desvinculó a la única prevencionista de riesgos por necesidades de la empresa, lo que es injustificado, pues esa razón exige que no se puede reemplazar el cargo, lo que sí ocurrió. En otro es la desvinculación del tesorero del sindicato, quien cuenta con fuero.

"es propiedad privada"

Al ser consultada sobre las protestas frente a su oficina, la gobernadora Laura Alarcón Rapu respondió tajantemente que "la claridad que hay que tener es que el parque es una propiedad privada del pueblo Rapa Nui. El gobierno no tiene muchos mecanismos más que el arbitraje, incluso la fuerza pública para intervenir necesita, en una propiedad privada, que lo determina un juez. Mentras no podemos actuar".

Agregó que "al gobierno le toca trabajar con la institucionalidad. Si se inscribe un directorio y está vigente, tenemos que trabajar con él. Esto es por resoluciones administrativas o judiciales, el privado tiene todo el rango que no le impide la ley. No puedo tomar partido porque me corresponde trabajar con la institucionalidad".

En respuesta a estos dichos, Rivera aseguró que las presiones hacia la autoridad apuntan a que "este directorio lo elige el pueblo, porque la administración no se veía transparente. Una vez electos pedimos a la gobernadora dependencias fiscales y el grupo de Camilo Rapu no quiso entregarlas. Presionamos para que haya orden en el sentido que, este directorio le puso gratuidad al parque y sin embargo, Camilo, que se niega a dejar el directorio, sigue cobrando, amedrentando a los turistas que no pagaban. Por esto planteamos a la gobernadora que ella debía parar esas irregularidades. En ella y la gobernación está la seguridad y prevención de delitos".

En los próximos días se realizará una nueva reunión de la Comisión de Desarrollo, instancia que reúne permanentemente al gobierno, el pueblo y alcalde junto con diversos ministerios para tratar temas de los avances de la isla. Nancy Rivera adelantó que se tratará la situación de Ma'u Henua porque el conflicto frena los temas de desarrollo en Rapa Nui.

Durante la madrugada de ayer, un joven falleció luego de precipitarse desde una altura cercana al octavo piso de un edificio ubicado en el centro viñamarino, específicamente en la intersección de Traslaviña con Nueva Marina.

Según informó el inspector de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, Ernesto de la Fuente, la víctima sería una persona de sexo masculino entre los 25 y 30 años que, al momento de lo ocurrido, se encontraba compartiendo junto a dos amigos que también cursan estudios de educación superior en la región. En cuanto al consumo de alcohol y drogas, esto será materia de investigación luego de realizar el examen toxicológico en el cuerpo del joven.

Sobre el suceso que terminó con la vida del hombre, el inspector de la Brigada de Homicidios sostuvo que "sería una caída por suicidio. Sin embargo todavía se mantienen diligencias tendientes a esclarecer el móvil y descartar participación de terceras personas".

Durante la mañana de ayer, personal especializado continuó tomando declaraciones de vecinos mientras que, el cuerpo del joven fue trasladado al Servicio Médico Legal para su reconocimiento.