Cambio de nombre
Parece que a los señores diputados no se les ocurre nada en favor del país y se entretienen en nimiedades, como por ejemplo, cambiar de nombre a la Cámara.
¿Y quién paga?, los chilenos.
Jorge Baeza Concha
Reforma de la Salud
El Gobierno acaba de dar a conocer los proyectos de reforma a las isapres y a Fonasa con el propósito de mejorar la calidad de la salud a los chilenos.
Al respecto, toda modificación importante que se pretenda realizar debe incluir al ámbito donde se manifiesta la mayor postergación, que es la salud bucal. El Congreso, donde se debatirán ahora las propuestas de reforma que presentará el Ministerio de Salud, es testigo a través de ambas comisiones de Salud de la dramática situación que se vive en el área odontológica, la cual incluso se ha traducido en proyectos de acuerdo transversales donde se le ha pedido al Minsal poner a la salud bucal en el centro.
Hoy, un alto porcentaje de las patologías que afectan a la población son odontológicas, lo cual va de la mano con una crisis del sector público donde, hoy por hoy, hay una lista de 400 mil personas que esperan atención en este ámbito. Compartimos que la reforma a las isapres y a Fonasa es ineludible.
En reiteradas oportunidades hemos denunciado los abusos que los megaprestadores y las isapres hacen en los tratamientos odontológicos, con precios artificialmente inflados que afectan directamente el bolsillo de los chilenos. Esta es una gran oportunidad para que se concrete una política pública que ponga a las personas en el centro, con una mirada de salud integral que no conculque el derecho a sonreír de ningún habitante de nuestro país.
Rolando Danyau Presidente Colegio Cirujano Dentistas de Chile
Subsidariedad
La pasada semana vimos el anuncio por el alcalde Jadue de la apertura de una "disquería popular" en la comuna de Recoleta. Aunque es necesario fomentar la cultura, creo que debemos preguntarnos hasta qué punto puede un municipio participar activamente en un determinado mercado. Ya resulta algo discutible la existencia de "farmacias populares" y sobre todo de "librerías populares".
Sin embargo, creo que esta última iniciativa (RecoMúsica) sobrepasa sin dudas el rol de una municipalidad en un Estado subsidiario como el nuestro.
Lo que finalmente ocurre en Recoleta es la transgresión del principio de subsidiariedad, participando en un mercado en el cual no sólo los privados pueden y quieren participar, sino que además funciona: existen disquerías, streaming, entre otras alternativas, que no son prohibitivas.
Una cosa (muy buena, por cierto) es tratar de incentivar el conocimiento de las artes y cultura en la ciudadanía, otra distinta es intervenir activamente en el mercado.
Erico Kompatzki L.
Impresentable
Con este título aparece una carta del presbítero Enrique Opazo, que señala "que le parece impresentable obligar a los sacerdotes a revelar pecados de confesión". Pero no se trata de "simples pecados" a los que se está refiriendo el legislador: se trata de delitos penados por la ley que pueden ser gravísimos y que deberían denunciarse.
Lo que resulta "impresentable" es que la confesión no tenga un claro protocolo que señale que lo que son delitos penados por la ley del país deben ser denunciados y que el no hacerlo implica complicidad con dichos delitos. La Iglesia ha de modernizarse: no puede amparar delitos. Seguir con la conducta que le ha sido habitual implica un ocultamiento que se confunde con "mantener la confianza" de quien se confiesa. Es un grave error de dicho sacramento.
La confesión como una manera de dar orientación espiritual, de pedir consejos, de desahogo psicológico al contar problemas íntimos, es absolutamente válida. Eso ha de ser confidencial entre el sacerdote y quien se confiesa. Pero ocultar delitos que se declaran en la confesión y que están penados por la ley como "pretexto" de dar confianza al que se confiesa no podría ser parte de las reglas de dicha confesión y la Iglesia debería cumplir con las leyes del país.
Nathan Novik
Segundas nupcias
Tres veces ha puesto suma urgencia el Gobierno a su proyecto ingresado para eliminar una insólita norma que prohíbe a las mujeres contraer segundas nupcias antes de 270 días de disolución de un matrimonio, norma que está vigente desde 1857 y que desde el 8 de enero se encuentra estancada.
El presidente de la Comisión de Constitución, senador Felipe Harboe, responde ante el emplazamiento de tramitar algo que podría zanjarse brevemente, que "el proyecto no ha sido prioridad para el Gobierno".
Una descarada respuesta que enlentece el avance de una integral Agenda Mujer donde quienes terminan asumiendo los costos, finalmente, son las chilenas.
Alejandro Varela
