El diputado oficialista argentino Héctor Olivares resultó ayer gravemente herido tras recibir varios disparos cuando iba por la calle con su asesor Miguel Yadón, quien murió y según el Gobierno era al parecer el objetivo del ataque, lo que ha conmocionado al país en un año electoral.

Poco antes de las 7.00 hora local, en la plaza del Parlamento en Buenos Aires, por la que el legislador, de 61 años, suele caminar temprano a diario, dos personas que esperaban en un automóvil dispararon con un arma tanto a Olivares como a su amigo Yadón, coordinador de Obras en el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal.

Unas imágenes de cámaras de seguridad, difundidas por el Gobierno, muestran claramente lo sucedido, que llama la atención por la tranquilidad con la que los dos agresores cometen el crimen, tras el que se fugaron, uno a pie y otro en el mismo vehículo desde el que dispararon.

En el video se ve a Olivares y a Yadón caminar tranquilos hasta que son atacados desde el interior del automóvil, que llevaba media hora estacionado tras un autobús.

Seguidamente, ambos caen el suelo tras recibir los tiros.

El diputado, casado y con dos hijos, fue intervenido en un hospital cercano y se halla en estado crítico, pero su amigo falleció.

Horas después, fuerzas policiales argentinas detuvieron a Rafael Cano Carmona, cuñado del dueño del auto desde el que se realizaron los disparos a Olivares y su acompañante, informaron fuentes oficiales.

Conmoción

El hecho conmociona al abanico político argentino, tanto en el seno del oficialista frente Cambiemos -al que pertenece Olivares- como entre las formaciones opositoras.

El Presidente Mauricio Macri dijo que se irá "hasta las ultimas consecuencias" para hallar a los culpables del ataque.

El baleo contra Olivares y Yadón se da en un año marcadamente político en Argentina, ya que en octubre próximo se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales.

Este suceso no tiene antecedentes similares en el pasado democrático reciente de Argentina, con excepción de la muerte (que aún se investiga) del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015 tras denunciar a Cristina Fernández, entonces Presidenta, de haber intentado encubrir a terroristas iraníes a través de un pacto con ese país.

The Associated Press

El Papa Francisco aprobó ayer una ley sin precedentes que ordena a sacerdotes y monjas católicos de todo el mundo denunciar a las autoridades eclesiásticas todos los abusos sexuales del clero y los intentos de encubrir estos hechos por parte de sus superiores, en un nuevo esfuerzo para exigir responsabilidades a la jerarquía católica por no proteger a sus fieles.

Las víctimas de abuso y sus defensores dijeron que la nueva ley representa un avance, pero no lo suficiente porque no requiere que los delitos sean reportados a la policía y esencialmente asigna a los propios obispos desacreditados por haber manejado mal el abuso durante décadas con el manejo interno de los casos.

La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis que instalen un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. También establece procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, cardenal o superior religioso.

Se trata de una nueva iniciativa de Francisco para responder al estallido global de escándalos por abusos sexuales e intentos de encubrirlos, que ha devastado la credibilidad de la cúpula de la Iglesia Católica y de su propio pontificado.

"La gente ha de saber que los obispos están al servicio del pueblo", dijo el arzobispo Charles Scicluna, veterano fiscal de delitos sexuales en el Vaticano. "No están por encima de la ley, y si hacen el mal, se les debe denunciar".

La ley convierte a los 415 mil sacerdotes católicos y 660 mil religiosas del mundo en informantes obligados: se les exige informar a las autoridades eclesiásticas cuando sepan o tengan "motivos bien fundados para creer" que un clérigo o hermana ha cometido abusos sexuales a un menor, ha entablado relaciones sexuales indebidas con un adulto, posee pornografía infantil o es un superior que ha ocultado alguno de esos delitos.

La ley no requiere reportarlos a la policía, como han exigido las víctimas. El Vaticano alega desde hace tiempo que una ley universal de denuncia es imposible dada la diversidad de los sistemas legales, y que ésta pondría en peligro a la Iglesia en zonas donde los católicos son una minoría perseguida. Sin embargo, sí especifica por primera vez en una norma universal para la institución que se debe cumplir con los requisitos de la ley civil sobre denuncias del lugar donde se reside, y que la obligación de denunciar los hechos a la Iglesia no interfiere con eso.

Critican el secreto

David Clohessy, víctima de abuso, desestimó los nuevos procedimientos, diciendo que siguen siendo secretos e internos para la Iglesia.

"Hasta que rueden las cabezas, hasta que los obispos sean despedidos, simple y llanamente, continuarán ignorando y ocultando los delitos sexuales del clero", enfatizó.

Hasta ahora, la decisión sobre denunciar estos casos se dejaba a la conciencia de sacerdotes y monjas. Ahora es una ley de la Iglesia.

Anne Barrett Doyle, de la organización defensora de víctimas de abuso BishopAccountability, elogió algunas de las disposiciones, pero dijo que no eran suficientes sobre todo pues no hay medidas para sancionar a los infractores y se mantiene el proceso completamente interno en la iglesia.

"Los obispos que vigilan a obispos es algo que no funciona", afirmó Barrett Doyle.

"Hasta que obispos sean despedidos, (...) continuarán ignorando y ocultando delitos sexuales del clero"

David Clohessy, Víctima de abuso sexual

415.000 sacerdotes católicos y 660.000 religiosas de todo el mundo se convierten en informantes obligados.

2020 en junio, es el plazo para que las diócesis del mundo creen un sistema accesible a quien desee denunciar.

La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional y los procesos judiciales contra otros nueve de sus miembros asestó un duro golpe a la oposición venezolana, que ayer llamó a concentraciones en todo el país el fin de semana en un nuevo reto a Nicolás Maduro.

Las acciones contra los opositores son percibidas por analistas como un "contraataque" del Gobierno para demostrar que aún está fuerte tras el alzamiento militar del 30 de abril, que dejó al descubierto la existencia de fisuras en la fuerza armada y el oficialismo, y seguir golpeando el entorno del líder opositor Juan Guaidó. Éste consideró como una "atrocidad" la detención del vicepresidente del cuerpo legislativo, Edgar Zambrano, y dijo que el Gobierno recurre a la "persecución" de diputados porque busca verse "fuerte cuando no tienen el respaldo del pueblo" y ante la "fractura" de la fuerza armada.

Reproche internacional

La oposición venezolana en el exterior pidió a la comunidad internacional condenar el arresto de Zambrano y los procesos judiciales contra otros legisladores. La detención de Zambrano fue rechazada por la Unión Europea, once países de la región que integran el Grupo de Lima y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que instó a las autoridades venezolanas a que lo liberen y detengan los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros. Estados Unidos también condenó esta "detención arbitraria" y advirtió que habría "consecuencias" si no lo liberan de inmediato.

José Antonio Gil, director de la encuestadora local Datanálisis, dijo que si Guaidó es detenido, sería muy riesgoso para Nicolás Maduro.

10 procesos judiciales han sido abiertos contra diputados de la Asamblea Nacional venezolana.