El debate en torno a la nueva Ley de Adopción se ha centrado en los intereses de adultos (familias guardadoras y homo parentales), mientras que la premisa para la adopción consiste en "una familia para un niño, no un niño para una familia".

Hay miles de niños y niñas gravemente vulnerados que no cuentan con familia en nuestro país, así como una fila de adultos esperando ser padres adoptivos. A febrero de 2019 había alrededor de 120 niños susceptibles de ser adoptados y 586 adultos (familias) esperando un hijo.

La evidencia nos muestra que en Chile un niño o niña institucionalizado, mayor de 5 años, o discapacitado, tiene escasas posibilidades de tener una familia (adoptiva). Los pocos interesados para los más desfavorecidos provienen más bien desde el extranjero. Lo que en la práctica ocurriría con la nueva ley es que serán más adultos en la "lista de espera", sin que aumenten los niños susceptibles de adopción y sujetos de interés por adoptar, salvo que se establezca una regulación e institucionalidad que permitan agilizar e incentivar (disminuir plazos, adoptantes no paguen por ser evaluados, etc.) la adopción de niños y niñas sin discriminación.

En mi opinión, procede una legislación que amplíe y facilite el camino tanto para adoptables como adoptantes, conforme al interés superior del niño, empero decisivos son dos aspectos que no se oyen en el debate.

Uno, los niños no son siempre representados judicialmente en las causas de protección y adopción, y cuando lo son, a través de curador ad litem, por lo general, presenta muchas deficiencias. La adopción refuerza la necesidad de la generación de una defensoría de la niñez -no como la actual de corte persuasivo y sin mayores facultades que de accionar en casos de connotación pública-, de manera tal que todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) posean un abogado especializado que vele judicialmente por sus derechos. Si en Chile los delincuentes -y está bien que así sea- disponen de abogados expertos, ¿cómo es posible que para la infancia y adolescencia vulnerada no se garantice el debido acceso a la justicia?

Dos, que los procesos administrativos en relación con la adopción dejen de estar bajo Sename (o nueva institucionalidad que lo reemplace) y se cree un servicio independiente, de primer nivel, con facultades y recursos adecuados para dedicarse plenamente a restituir el derecho a vivir en familia. Además, ampliando el ámbito de competencias actual sobre la materia, que entonces iría desde la promoción de la adopción hasta el acompañamiento de las familias una vez que ya han adoptado.

La adopción y defensa de NNA radicada en instituciones autónomas y especializadas no se trata de más burocracia, dado que las funciones que asumirían hoy están en diversos, dispersos y deficientes mecanismos y figuras plasmadas en el aparato estatal, sino de una mejor administración y provisión de servicios desde el Estado, respondiendo a lo que en derecho y justicia merecen todos los niños y niñas chilenos.

Las cifras del gasto municipal por habitante son un indicador importante que da cuenta de la calidad de vida y oportunidades que cada comuna del país entrega a sus residentes. En el Gran Valparaíso, la comuna que mayor gasto anual registra es Viña del Mar, con $ 248,5 mil por persona; le sigue Concón, $ 227 mil; y en tercer lugar se sitúa la Ciudad Puerto, con $ 205 mil. Las cifras anteriores corresponden a los resultados del ICVU, Índice de Calidad de Vida Urbana, estudio elaborado por la Universidad Católica de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción.

El mismo trabajo consigna la dependencia de diversas comunas del Fondo Común Municipal (FCM). En el caso de Valparaíso su presupuesto depende en un 28,6% de ese fondo; Concón, un 12,5%; y Viña del Mar, un 6,7%.

Este fondo busca establecer equidad comunal, de tal modo que aquellas localidades que tienen mayores entradas propias contribuyan al presupuesto municipal de las que registran menores ingresos. Estos ingresos, por otra parte, se originan principalmente por contribución de bienes raíces y también por permisos de circulación y patentes comerciales, entre otros rubros.

La incidencia de los bienes raíces es definitiva y es un marcador de la calidad misma de la ciudad, su desarrollo, su deterioro o su desvalorización comercial, habitacional o productiva. En el caso de Valparaíso sólo el 36,4% de las propiedades pagan contribuciones de bienes raíces; Viña del Mar, el 66,4 %; y Concón, el 82,8%.

Al respecto, sobre la exención o pago de ese tributo, el director del estudio, Arturo Orellana, señala que ese ingreso es gravitante. Por tanto, a menor cantidad por ese concepto reciben un mayor aporte del FCM, con lo cual se conforma el presupuesto de cada comuna del país.

"¿Cómo se gasta esa plata? No lo sé, no me corresponde evaluarlo… si lo hace mal o no, no tiene que ver con el origen de las platas, y eso no es tema del ICVU", puntualiza Orellana.

Tiene razón, pues se trata de un estudio académico, pero valioso y orientador, pues pone al alcance tanto del sector privado como de parlamentarios y organismos públicos, una mirada completa al panorama comunal del país.

Así, por ejemplo, al momento de asignar recursos desde el nivel central se puede actuar con mayor precisión y justicia buscando compensar aquellas comunas, que pese a su importancia, están en situación de desventaja en ingresos propios.

A la vez, en comunas donde hay mayores recursos es posible optimizar su uso evitando gastos impropios y actuando con una política participativa y transparente, de tal modo que esa cifra positiva establecida por el ICVU no sea sólo un número y se refleje en la realidad.

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