Alexis Paredes R.
En una audicencia realizada ayer en el Tribunal de Garantía de Valparaíso se selló una de las últimas acciones judiciales en el denominado Fraude a la Intendencia 3. Se trata de la suspensión condicional del procedimiento para uno de los formalizados en la causa, Sergio Segovia Díaz, representante legal de una de las empresas involucradas en el delito de fraude al Fisco.
Segovia tenía lazos de parentesco con la principal implicada en la caso, Nelda Garcés Jiménez, exfuncionaria de la Diplad del Gobierno Regional, y es también cónyuge de otra de las condenadas por fraude a Fisco en este mediático hecho judicial. Junto con la suspensión condicional del procedimiento, Segovia deberá pagar una multa de 1 millón 300 mil pesos y renunciar a cualquier tipo de acción en contra del Gore por incumplimiento de contrato.
Tres condenados
En enero pasado y en un procedimiento abreviado fueron condenados los otros tres implicados en la causa por delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno, producto de una serie de irregularidades detectadas al interior del Gobierno Regional (Gore) entre mediados de 2015 y principios de 2016, durante el proceso de licitación de estudios territoriales y la asignación por trato directo de una asesoría comunicacional, que implicaron un perjuicio fiscal por $48 millones.
El caso estalló en marzo de 2016 y dio cuenta de graves anomalías en los procesos administrativos para la asignación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) al interior de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), una de las reparticiones clave al interior del Gore y que maneja cuantiosos recursos.
La investigación penal y posterior formalización fue liderada por la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) del Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en la causa a través de una querella criminal por fraude al Fisco. La formalización de todos los implicados se concretó el 26 de enero de 2017, instancia en que la Fiscalía dio a conocer la trama a través de la cual se concretó el ilícito y las acciones que impidieron un daño en el patrimonio fiscal por otros $115 millones.
En una audiencia que se realizó en enero último, también fueron condenados en procedimiento abreviado la exfuncionaria de la Diplad, Nelda Garcés Jiménez, quien tuvo un rol clave en los ilícitos investigados en su rol de Secretaria Técnica de Participación Ciudadana y gestora de Desarrollo Regional de dicha repartición.
Garcés fue sentenciada a dos penas de 541 días por dos delitos de fraude al Fisco, uno consumado y otro frustrado, y a 100 días por el delito de cohecho en grado de consumado. Además se le inhabilitó a ejercer cargos públicos durante cinco años y al pago de una multa por un millón 800 mil pesos. Quedó bajo el régimen de libertad vigilada intensiva.
El socio y represetante de la empresa Haza Ingeniería, Eduardo Jorquera Zamora, fue condenado 61 días de presidio menor en su calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco frustrado y 60 días de reclusión en su grado máximo como autor del delito de soborno consumado, con el beneficio de la remisión condicional de la pena.
En tanto Marcela Cartajena, administradora de la empresa Haza, cónyuge de Sergio Segovia Díaz y concuñada de Nelda Garcés (hermana de su marido), quien participó como encargada de proyectos de la empresa Haza y como administradora de Signo Limitada, fue condenada a 61 días de presidio en su grado mínimo como cómplice de fraude al Fisco frustrado, y a 61 días de presidio menor en su grado mínimo como cómplice de fraude al Fisco consumado, además del pago de una multa de $500 mil. También fue beneficiada con la remisión condicional de la pena.
Indagatorias
Las indagatorias apuntaban a operaciones ilícitas en los procesos de adjudicación y ejecución de licitaciones para estudios territoriales en los valles de Cabildo y Petorca, por $ 70 millones cada uno, adjudicados a la empresa Haza Ltda. entre julio y octubre de 2015, además de diversas irregularidaades en la contratación por trato directo de la empresa consultora Signo, para efectos de una consultoría en el área comunicacional por $ 32 millones, en noviembre de 2015.
En el primer caso se alcanzaron a concretar pagos por $ 35 millones a la empresa Haza producto de un informe inicial, mientras que Signo alcanzó a recibir un pago por $13 millones, antes que se detectaran las anomalías.
La investigación arrojó que Nelda Garcés, desde su cargo en la Diplad, intervino directamente en las licitaciones para favorecer a dichas empresas, mediante "diversas maniobras fraudulentas".
"En la parte penal, con esta suspensión condicional se cierra el caso. Tuvo una participación más marginal en la causa"
Claudio Rebeco, Fiscal jefe de la Urac
El fiscal jefe de la Urac, Claudio Rebeco, precisó que en esta causa, la defensa de Sergio Segovia solicitó en su momento a la Fiscalía la aprobación de una salida alternativa, que es una suspensión condicional del procedimiento, "la que finalmente fue autorizada por las distintas instancias del Ministerio Público. Se le atribuye un solo delito, por un monto de $13 millones, quedó sujeto a un plazo de observación de 18 meses, con prohibición por parte de la empresa Signo de contratar o presentarse a licitaciones del Gore y depositar una suma de dinero en favor del mismo. Además renuncia a toda acción expresa en contra del Gore, ante el término unilateral del contrato".
Prohibición de celebrar nuevos contratos
