Una serie de irregularidades administrativas en el Hospital San Martín de Quillota (HSM) detectó la unidad de control externo de la Contraloría Regional de Valparaíso, razón por la cual procederán a iniciar un cuantioso reparo por más de $103 millones, además de ordenar la apertura de un proceso disciplinario al interior del establecimiento.

De acuerdo al informe final número 117/2019, emitido a mediados de abril pasado, durante 2017 y 2018 el hospital le pagó de manera improcedente $47.985.000 de honorarios al en ese entonces director del recinto, el doctor Darwin Letelier Escobar, pese a que ya contaba con un contrato de trabajo con el Ministerio de Salud.

Respecto del mismo profesional -quien dirigió el hospital hasta el 23 de octubre del año pasado, siendo reemplazado de manera subrogante por Rosemarie Aravena-, el informe final también indica que desde mayo hasta agosto de 2018 no realizó turnos en jornada de 28 horas en la Unidad de Emergencia, recibiendo el total de esas remuneraciones, ascendientes a $13,5 millones.

A ello, se suma que la Contraloría también detectó que entre enero de 2017 y abril de 2018, el aludido "presenta 264 horas sin marcación, lo que implica el pago de remuneraciones no acreditadas por la suma de $4.487.051".

El capítulo final del exdirector culminó con un último reparo, por $24,5 millones, luego que se comprobara que no cumplió con su jornada de trabajo de 22 horas semanales "en los términos previstos en su contrato", además de no haber realizado marcaciones en el libro de control horario "en varias ocasiones durante 2017 y 2018", indicó el organismo.

Respecto al informe, desde la dirección del hospital informaron que se "instruyó la definición clara de procesos de cumplimiento de contratos, obligaciones y deberes de los funcionarios de manera de impedir que estas situaciones se repitan a futuro al interior del establecimiento". Además, aseguraron que Letelier "no se desempeña en nuestra institución, dejando su cargo el año 2018, luego de presentársele una mejor expectativa laboral".

Adoptan medidas tras recibir informe

Cristián Rodríguez F.

Atrás quedaron los 90 días de marcha blanca que el Ministerio de Transportes dispuso para la primera vía exclusiva en la Región de Valparaíso, ubicada entre Villa Alemana y Quilpué. Este lunes, a las 7 de la mañana, comenzó a operar oficialmente la medida en el Troncal Urbano, que promete disminuir hasta en un 30% los tiempos de viaje del transporte público al destinar una arteria por cada sentido para el uso de micros, colectivos y taxis.

Durante la primera fiscalización a los 8,6 kilómetros de vía exclusiva en las avenidas Valparaíso y Los Carrera -desde calle San Enrique hasta Diego Portales-, las autoridades informaron que no se cursaron infracciones, es decir, ningún vehículo particular transitó por más de tres cuadras o 300 metros por el troncal.

"Esto nos deja bastante conformes y nos confirma que el haber realizado un periodo de marcha blanca tan extenso y tan difundido nos ha permitido influir en los conductores, quienes finalmente asimilaron de muy buena manera este nuevo ordenamiento", sostuvo el seremi de Transportes, José Emilio Guzmán, quien precisó que la fiscalización se llevó a cabo entre las 9:30 y 12:30 en Quilpué, donde se realizaron más de treinta controles.

En esa línea, si bien la autoridad regional aseguró que la primera fiscalización se hizo en ese horario para "no generar mayor congestión en hora punta", no descartó que a futuro sí se realicen controles cuando exista un mayor tráfico.

"Insistimos en que esta medida no tiene como objetivo final el repartir partes y multas a quienes incumplan, sino que todo lo contrario: que todos cumplan y entiendan que existe una franja que está resguardada para el uso de transporte público", agregó el seremi.

Al respecto, cabe recordar que los infractores arriesgan una multa de hasta una UTM ($48.595 aproximadamente) por transitar en la vía si no es para virar o ingresar a ésta. La medida regirá todos los días, desde las 7 hasta las 22 horas.

Cámaras automatizadas

Como los controles estarán a cargo de personal de Carabineros e inspectores municipales y del ministerio, una de las principales dudas apunta a la capacidad que existirá para fiscalizar el correcto uso de los 8,6 kilómetros de vía. Por lo mismo, desde Transportes aseguraron que ya se encuentran trabajando en la postulación de un proyecto para dotar al sector de cámaras que permitan detectar las infracciones.

"Hay que presentar los proyectos correspondientes para poder implementar una fiscalización automatizada en este trayecto. La experiencia nos ha señalado que la única forma de que los conductores respeten esta restricción es con la fiscalización automatizada, es decir, con cámaras", dijo la jefa del Programa de Fiscalización del ministerio, Paula Flores.

Distintas interrogantes surgieron en los usuarios tras la implementación de la vía exclusiva. Una de ellas, si el transporte público podrá transitar libremente por todas las arterias o sólo por la de la derecha. Al respecto, desde el ministerio aseguraron, durante la marcha blanca, que la pista era exclusiva pero no obligatoria para las micros y colectivos. Entre las alternativas que se han planteado para regular la convivencia con los particulares es la instalación de separadores viales.

"Haber realizado un periodo de marcha blanca tan extenso y tan difundido nos ha permitido influir en los conductores"

José Emilio Guzmán Seremi de Transportes

Dudas sobre uso de vía exclusiva

La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la empresa Inmobiliaria Casa de Italia S.A., en contra del decreto de la Municipalidad de Viña del Mar que denegó el permiso de demolición del tradicional inmueble ubicado en calle Álvarez, declarado Monumento Histórico.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo, deducidos por la Inmobiliaria Casa de Italia S.A. en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó el reclamo.

"Del tenor del recurso, aparece que éste se construye en contra de los hechos establecidos por los sentenciadores del mérito e intenta variarlos, proponiendo otros que, a juicio de la recurrente, estarían probados", expone el documento redactado por los jueces. Agrega que "la recurrente asevera que la resolución reclamada sí es un acto terminal por lo que la Corte de Apelaciones se encontraba en la obligación de pronunciarse sobre el fondo de la materia; empero, ello no ha quedado establecido en la causa y, por el contrario, los falladores asentaron de manera categórica y expresa que el Director de Obras no ha emitido pronunciamiento acerca de si concede o deniega el permiso de demolición solicitado, sin que ello obste a que el interesado pueda proseguir con el procedimiento, ni le ha producido indefensión. Ello según se lee en el considerando 12º del arbitrio recurrido".

Invalidación

El máximo tribunal del país argumenta que un recurso de casación sólo analiza la legalidad de una sentencia, "lo que significa que se realiza un escrutinio respecto de la aplicación correcta de la ley y el derecho, pero a los hechos tal y como soberanamente los han dado por probados o asentados los magistrados a cargo de la instancia, supuestos fácticos que no puede modificar esta Corte, a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor legal de la prueba, lo que no es el caso de autos".

Por dichos antecedentes, expresa la sala del tribunal, "sólo cabe concluir que el recurso de nulidad sustancial adolece de manifiesta falta de fundamento, por lo que no puede prosperar".