Cristián Rodríguez F.

Sin informarlo públicamente, como sí lo hicieron la primera vez, el pasado 13 de mayo la Municipalidad de Quilpué ingresó por segunda vez a las oficinas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) la actualización del Plan Regulador Comunal (PRC). El sigilo fue tal que incluso ayer -tras ser contactados por este Diario- cuatro concejales aseguraron no estar en conocimiento de la situación.

De hecho, eran los propios ediles quienes habían levantado en los últimos días una voz de alerta ante lo que consideraban una reacción tardía del municipio por no presentar el instrumento al Minvu para su revisión. Lo anterior, considerando que la propuesta permanecía aprobada por el Concejo Municipal desde el 19 de marzo, a lo que se suma que durante el primer proceso la municipalidad sólo tardó 27 días entre que se votó el PRC y se llevaron los antecedentes al ministerio.

Equipo especial

De acuerdo a lo que explicó la seremi del Minvu, Evelyn Mansilla, desde que recibieron la actualización del Plan Regulador tienen un plazo de 60 días corridos "para emitir el informe técnico sobre la propuesta", la que fue aprobada por la mayoría de los concejales.

No obstante, la autoridad regional aseguró que dispuso de un equipo de profesionales de la seremi, quienes ya se encuentran analizando los antecedentes con el objetivo de "evacuar el informe antes de los 60 días de plazo".

Una de las razones que existiría detrás de la decisión del Minvu -de otorgarle una revisión preferente al instrumento- sería la extensa duración que ha tenido la actualización del PRC, que data de 1971.

A fines de 2015 fue cuando el municipio de Quilpué comenzó con los primeros trámites, que en su extensión se desarrollaron especialmente en 2017 y 2018. Justamente, fue el año pasado cuando el plan debía estar aprobado, según el cronograma de la alcaldía. Sin embargo, tras una primera revisión del Minvu, la municipalidad sólo logró subsanar 39 de las 41 observaciones que se detectaron, debiendo retrotraer el proceso a la etapa de las audiencias públicas.

Otra de las razones para agilizar cuanto antes la tramitación apuntaría a la desprotección en que se encuentra la comuna desde hace más de un año, luego que la Contraloría Regional de Valparaíso asegurara que la postergación del decreto que congelaba los permisos de edificación -emitido el 16 de abril de 2018- no había tenido el efecto jurídico deseado.

Cuestionan demora

Para el concejal Renzo Aranda (DC), aun cuando el municipio ya haya ingresado la propuesta al Minvu, su envío "fue tardío y no tenemos ninguna explicación al respecto". "Es raro que se hayan demorado casi dos meses, sobre todo pensando que el trabajo lo está haciendo una consultora 'experta en PRC', y considerando también que no se modificó casi nada entre la primera y la segunda propuesta", criticó el edil.

De hecho, el concejal lamentó que la extensa tramitación que ha sufrido el nuevo plan "no servirá para ordenar la ciudad como lo teníamos pensado hace dos años". Esto, luego que se informara que en la comuna existe en carpeta la construcción de más de diez mil departamentos, todos con anteproyectos ya aprobados.

"Siento que el error estuvo cuando se pronunció la Contraloría. Creo que se debió haber insistido en un nuevo congelamiento. Era la única herramienta que nos quedaba, porque el Minvu ahora se va a tomar el tiempo que ellos estimen pertinente para revisar la propuesta, dentro del plazo legal. Y las consecuencias se verán en un tiempo más y nos costará hacer entender a la ciudadanía. Muchos van a pensar que los edificios que se estarán construyendo están permitidos en el nuevo PRC. Va a haber una gran confusión", criticó Aranda.

Poca transparencia

Quien también cuestionó el tiempo que se tomó el municipio fue el concejal Maximiano Gac (PS). A su juicio, existió una "tardanza en el envío" del plan. Además, criticó la falta de información que reciben.

"A los concejales se nos informa bastante poco respecto de muchos procesos de la municipalidad. Incluso, a veces tenemos que pedir información por Transparencia. Y no es algo que sólo lo diga yo", sostuvo el edil, quien además aseguró que "en los próximos años sabremos cuál es el perjuicio real que ha generado esta demora", agregando que "acá hay un bien superior en la comuna que se debía proteger".

Este Diario contactó al asesor comunicacional del alcalde Mauricio Viñambres para obtener una respuesta sobre el tema. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no atendió a los requerimientos.

"He dispuesto de un equipo de profesionales a fin de evacuar el informe antes de los 60 días de plazo"

Evelyn Mansilla, Seremi de Vivienda

"El envío fue tardío y no tenemos ninguna explicación. Es raro que se hayan demorado casi dos meses"

Renzo Aranda (DC), Concejal de Quilpué

La Corte Suprema notificó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso del fallo unánime emitido el 9 de mayo pasado, en el que los cinco ministros de la sala dos del máximo tribunal resolvieron acoger el recurso de queja interpuesto por la exconcejala de Limache y exjefa de gabinete de la Gobernación porteña, Cynthia Marín (Ind. ex RN), quien fue condenada a una pena efectiva de diez años por el delito reiterado de fraude al Fisco.

La decisión de la Suprema obliga al tribunal de segunda instancia a volver a revisar un recurso de nulidad interpuesto el año pasado por el abogado de la exedil, Juan Carlos Manríquez, con el que busca que se dicte una nueva sentencia de reemplazo en favor de Marín o se ordene la realización de un nuevo juicio oral en Quillota.

Tras la notificación de la Suprema, la causa regresó formalmente a la Corte de Apelaciones, la que deberá iniciar todos los procesos administrativos para revisar nuevamente el recurso que, en primera instancia, ya había sido rechazado por los ministros Patricio Martínez, Silvana Donoso y la abogada integrante Sonia Maldonado, quienes en esta oportunidad -al igual que la quinta sala del mismo tribunal- quedaron inhabilitados para volver a estudiar la nulidad.

Con esto, Manríquez explicó que el paso siguiente es que la Corte porteña dicte un "cúmplase" que dé inicio formal a la tramitación del recurso, y que enseguida se debiese disponer de una sala y de una tabla para la realización de los alegatos, en los que además del abogado de Marín debiese estar presente la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), como querellantes.

"El proceso podría tomar todavía uno o dos meses más, dependiendo del ritmo y de la disposición que haya en la Corte de Apelaciones de acuerdo a sus facultades, y dependiendo también de los derechos procesales que las partes pudieran tener, entiéndase por peticiones o recusaciones", explicó el abogado de la excandidata a alcaldesa por Limache.

Posibles alternativas

Cabe recordar que el objetivo de la defensa de Marín -tal como lo ha señalado el propio Manríquez, es que la Corte, acogiendo el recurso de nulidad, dicte por oficio una nueva sentencia inferior a los cinco años, lo que le permitiría a la exedil cumplir una pena en régimen de libertad. De no ser así, su abogado también apuesta a que se ordene un nuevo juicio en el que también podrían optar a otra condena.

Entre sus argumentos para cuestionar la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Quillota está que supuestamente no se logró acreditar en el juicio el dolo como para configurar un fraude al Fisco. Y que, al mismo tiempo, Cynthia Marín ya no era funcionaria pública cuando ocurrieron los hechos, por tanto no podría ser condenada a dicho delito sino que a otro, como por ejemplo el de estafa, que tiene una penalidad inferior al fraude.

Por su parte, desde la Fiscalía y el CDE insistieron en que la decisión unánime de la Suprema no quita que el tribunal de alzada pueda volver a rechazar la nulidad y mantener la misma sentencia.

Otra de las opciones que se barajan, en tanto, es que si la Corte decide que se realice otro juicio, previamente las partes también podrían acordar un procedimiento abreviado que le permitiría a Marín no ir a prisión. Al respecto, Manríquez señaló que "dependería de la Fiscalía", agregando que no lo descarta y que sería "una alternativa razonable".

"El proceso podría tomar todavía uno o dos meses más, dependiendo del ritmo y disposición que haya en la Corte"

Juan Carlos Manríquez, Abogado de Cynthia Marín