Las universidades públicas tenemos un fuerte compromiso social que debe transparentarse en cada una de sus acciones. En la educación, núcleo de este accionar, se traduce en un constante esfuerzo por mejorar su calidad, pues significa formar cada vez mejores profesionales y postgraduados, aportar a la creación de conocimiento, innovar y vincularse con el medio en forma bidireccional, con una fuerte impronta de responsabilidad y transformación social.
Las instituciones de educación superior que declaran en su misión su compromiso con la inclusión, la equidad, la diversidad, la promoción de los derechos humanos, la dignidad de las personas, el cuidado del medioambiente, la tolerancia, el pluralismo, su compromiso con la democracia y la solidaridad, entre otras características, son auténticamente públicas, porque las mueven fines superiores, principios y valores que son parte de la calidad de vida de las comunidades.
Las universidades que declaran y procuran cumplir dichos compromisos tienen un ideario público, un valor en sí mismas y asumen con ello tareas trascendentes y de gran complejidad. ¿Qué es más difícil, educar a una persona sin brecha sociocultural o apoyar las transformaciones que requieren las personas vulnerables, complementando su formación para eliminar brechas y carencias? La tarea transformadora de la educación es una misión que requiere esfuerzos y recursos.
El concepto de calidad para una universidad pública se centra en la idea de responsabilidad, transformación e innovación social. En los procesos de evaluación de la calidad de las instituciones y de los programas académicos estos criterios deben estar presentes y apreciarse.
En este contexto, nos preocupa el descuido que ha tenido por años el financiamiento de las pedagogías, los aranceles más bajos del sistema se concentran en las carreras más importantes, de cuyos profesionales depende el desarrollo real, de largo plazo y sostenible. Nuestras instituciones deben subsidiar las carreras pedagógicas que no logran financiarse y lo hacemos por convicción y compromiso con los fines públicos, pero en realidad no es justo para nosotros.
Por este motivo, hemos apoyado constantemente las políticas públicas que procuran asegurar y mejorar la calidad de la educación, pero nos parece que aún falta mucho camino por recorrer.
La Universidad de Playa Ancha, acreditada por cinco años, hasta 2021, debe renovar su acreditación, lo que ha implicado un proceso constante de mejora y revisión del cumplimiento de sus planes y compromisos. Hemos pasado a una segunda fase que incluye el trabajo en equipos y la participación de toda la comunidad, que culminará en el segundo semestre de 2020 con un informe de autoevaluación que servirá de base a la evaluación externa. Queremos que cada uno de los estudiantes, académicos y funcionarios, sean parte de este proceso y manifiesten así su compromiso con la institución, queremos seguir cumpliendo cada vez mejor la misión pública que la sociedad nos ha encomendado.
