"Todos quienes somos padres entendemos que un menor no puede estar solo a altas horas de la madrugada en la ciudad"
Daniel Morales
Concejal de Valparaíso
"No descartamos citar al concejal"
Patricio Toro
Fiscal de la URAC, en relación a investigación sobre pagos objetados por Contraloría al edil viñamarino Gabriel Mendoza
Días atrás conocimos los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC 2018, donde la victimización a nivel país alcanzó un 25,4% y en la región un 25,1%, quebrando la tendencia al alza de los últimos tres años, donde 13 de las 16 regiones del país presentan bajas en el indicador de hogares victimizados, y se muestra una positiva mejoría en la percepción de la inseguridad, que disminuyó 3,1 puntos porcentuales, llegando al 76,8%. Se trata de 44.176 personas que dejaron de pensar que la delincuencia ha aumentado en el país.
A esta buena noticia se agrega la baja de hogares victimizados en robo con violencia, robo con intimidación y robo por sorpresa; robo con fuerza en la vivienda, hurto, lesiones, robo de vehículo y robo de objeto de o desde vehículo, delitos que cuando ocurren dañan profundamente a las familias y menoscaban la sensación de seguridad de las personas y su confianza en las instituciones. Por ello es que la baja es destacable, al igual que la disminución de 2,2 puntos porcentuales en la victimización personal, llegando al 9,1%, y la baja a un 6,7% en revictimización, es decir, que han sido víctima más de una vez de algún delito de connotación social, dato significativo comparado con el 9,5% de 2017.
A pesar de los avances, la cifra preocupante está en los datos referidos a las denuncias, que alcanzan un 36,1% el 2018, versus el 42,9% del año 2017. Los principales motivos para no denunciar -según la encuesta- es que la pérdida no fue suficientemente valiosa; o que la policía no podría haber hecho nada, conceptos que como Subsecretaría de Prevención del Delito estamos trabajando para revertir, porque la denuncia es el principal instrumento en la planificación de seguridad y permite tomar decisiones respecto de la implementación y evaluación del trabajo policial. Por ello el llamado permanente a que los afectados por un delito sí hagan la denuncia como corresponde y sean coproductores de seguridad por el bien de ellos y de sus comunidades.
La política nacional de seguridad pública impulsada por el Presidente Piñera está dando sus frutos y tiene especial importancia para el intendente Jorge Martínez, quien ha enfocado todos los esfuerzos en hacer de esta región una de las más seguras de Chile, porque la seguridad pública trasciende la labor policial o el quehacer del Ministerio Público e involucra a un conjunto de entidades que tienen mucho que aportar tanto en lo situacional, manteniendo adecuadamente las ciudades, como en lo psicosocial, trabajando en prevención y abordando la seguridad con una mirada multidimensional; materias que el intendente llamó a desarrollar con fuerza a los miembros de su gabinete, para hacer que la Región de Valparaíso, con cada una de sus comunas, conformen una gran región para vivir.
En la sesión municipal de anoche, el regidor Cotapos hizo presente que le habían informado que el gasómetro construido por la Compañía de Consumidores, a espaldas de la Iglesia de San Agustín, en área con restricción, ya tenía gas, pese a la prohibición de la Intendencia. El señor Intendente prometió indagar la denuncia.
BASILEA, 29.- Alemania perdió 198 submarinos durante la guerra. En este total están incluidos siete que fueron internados en puertos neutrales y 14 destruidos por sus propias tripulaciones. Más de 300 marineros murieron en los hundimientos de esos navíos. Varios miles más perdieron la razón y fueron llevados a manicomios.
La policía trajo ayer a Chile a Osvaldo Serey, capturado en Brasil, uno de los involucrados en el crimen de la rentista porteña, judío-polaca, Rosa Abramovich, quien murió en el pasado mes de febrero. Guillermo Stevenson, el protagonista principal en este homicidio, huye en Brasil, pero se tiene confianza en detenerlo en breve.
Novatos
- ¡Jefe, fue imposible ingresar al "cajero automático", así que entramos al banco y le trajimos uno manual!
Por Bastías
Un "supremazo", un fuerte llamado de atención al Ejecutivo es el fallo del máximo tribunal que exige la aplicación de medidas de mitigación tras el grave episodio de contaminación producido en agosto pasado en el área Quintero-Puchuncaví. "… La inacción de los órganos públicos dependientes del Ejecutivo ha implicado desatender la integridad física y psíquica de los vecinos de las comunas de Quintero y Puchuncaví, así como su bienestar, entendido esto último como expresión plena y concreta de un buen estado de salud", afirma en parte el fallo de la Corte Suprema el que, con esta resolución revoca lo acordado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre el mismo tema, que había rechazado recursos de protección planteados ante los graves sucesos que afectaron al sector.
Recuerda el máximo tribunal que en el caso recurrido "se amenazan y conculcan los derechos garantizados por la Carta Fundamental… a la vez, conculcan el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación".
Los organismos del Ejecutivo cuestionados por la Suprema son los ministerios de Medio Ambiente y Salud, las seremis de Salud, Vivienda y Urbanismo y la Onemi.
El fallo afirma que "la situación de contaminación que se vive en la bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví no constituye, en absoluto, una situación inédita o desconocida por la autoridad, quien, por el contrario, sabe de ella desde hace años, tanto en lo referido a su ocurrencia como en lo vinculado con sus características, magnitud y gravedad".
En concreto, la Suprema dispone 15 medidas para abordar en forma integral la contaminación, tarea para organismos públicos en el plazo de un año, obligaciones cuyo cumplimiento debe ser cautelado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la misma que había rechazado recursos de protección presentados por la comunidad contra el Estado y empresas del sector.
Este contundente fallo, que alude al alcance constitucional de los derechos ambientales de la población, sienta una jurisprudencia que se proyectará a casos parecidos, existentes o futuros, a lo largo del país.
De hecho, puede ser la base de presentaciones relativas a situaciones ambientales que amenazan a Concón, aledaña a la zona objeto de la resolución señalada y donde está en marcha una fiscalización por supuesta contaminación que generan cuatro empresas. Quizás también la misma resolución, de algún modo, se haga presente en futuros recursos contra el cuestionado proyecto de los acantilados de Quirilluca, justamente en la castigada comuna de Puchuncaví, que contempla la construcción de más de 14 mil viviendas.
Pero lo trascendental de este fallo es que los derechos ambientales dejan de ser una linda frase y adquieren contundencia en resguardo de la comunidad.