El Ministerio de Salud (Minsal) informó ayer que los decesos por influenza aumentaron a 19, de los cuales 18 corresponden a la cepa AH1N1, por lo que reforzó el llamado al grupo de riesgo a vacunarse.

El titular de la cartera, Emilio Santelices, se refirió a la actual situación tras informar sobre las medidas de apoyo que realizarán las Fuerzas Armadas para reforzar la salud pública, debido al aumento de consultas y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias.

"Lo que hemos visto desde el punto de vista epidemiológico es que, a diferencia del año pasado, la cepa que se ha identificado con mayor frecuencia" es la mencionada, indicó la autoridad. Agrego que este virus tiene una característica que afecta principalmente a los adultos mayores.

El Minsal indicó que han bajado las consultas por enfermedades respiratorias.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) rechazó el planteamiendo que hizo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, de aumentar el impuesto al diésel como alternativa en la discusión de la Reforma Tributaria.

El presidente de la CPC mencionó en una entrevista con El Mercurio la opción de "revisar las exenciones del impuesto al diésel" como una forma para bajar el impuesto corporativo.

Ante esto, el presidente del gremio de los camioneros, Juan Araya, respondió que "cualquier aumento del valor del combustible va a subir en forma violenta los transportes, por lo tanto, las cosas van a costar más caras, ahí habla de 1.700 millones de dólares que nosotros vamos a pagar".

"No vamos a estar de acuerdo y eso va a ser un ají para los camioneros. Nosotros tenemos las reglas ya jugadas con el Gobierno en el cómo funciona el impuesto específico o nuestros precios y todas nuestras cosas y no pueden venir, porque son más poderosos, a intervenir el tema", agregó el representante de los transportistas.

Ante una posible movilización Swett dijo " ¿Vamos a legislar por el temor a alguien o por el beneficio del país?".

La ministra de Energía , Susana Jiménez, defendió ayer el plan de descarbonización anunciado por el Presidente Sebastián Piñera y rechazó las críticas al cronograma anunciado. La autoridad indicó que el cronograma no se hizo cerrado hasta 2040, porque cada cinco años se quiere observar cómo avanza la tecnología en el sector para hacer los ajustes en función de ello.

El cronograma comienza con el cierre de ocho termoeléctricas en un periodo de cinco años, proceso que partió este mes con las plantas 12 y 13 en Tocopilla. Para 2040 se pretende que estén cerradas las 28 centrales de este tipo del país.

Explicó por qué el plan no se realizó hacia 2030, otro de los focos de críticas: "Suplir 5.500 megas de energía, que es el parque total de carbón, con nuevas energías requiere de inversiones tremendas en generación. Inversiones que suponemos serán solar en el norte, pero también eólica, hídrica, geotérmica, etc", dijo Jiménez en el programa Mesa Central de Canal 13.

"Lo que promueve esto es un compromiso ambiental, reducción de gases de efecto invernadero, reducción de contaminantes (...) es muy importante garantizar que esto no afectará ni la seguridad del suministro ni el costo de la energía", dijo la autoridad

En el caso de existir alguna emergencia con las plantas termoeléctricas más modernas, el Gobierno planteó que junto con el cese de operaciones hay un estado operativo llamado "reserva estratégica". Esto significa que las centrales que estén fuera de operación, hasta por un periodo de 5 años, pueden ser llamadas a funcionar por el Coordinador Eléctrico Nacional ante una situación de emergencia, como una sequía prolongada o una falla de otra central.

La ministra agregó que estas plantas deben estar disponibles en un plazo de 60 días a partir del "mandato del Coordinador". La secretaría de Estado recalcó que la mantención de una central que puede funcionar en casos de emergencia también tendrá un costo.

Asimismo, señaló que no todas las centrales que dejen de funcionar podrán servir como reserva porque "les sale más costoso mantenerse en el estado operativo (de reserva) que el ingreso que reciben por la potencia. Lo que estoy diciendo acá es que se les va a reconocer un porcentaje para que se mantengan en esa condición en caso de tener una dificultad (...) que va a ser el 60% del pago potencia que se recibe en régimen".

Debate

Ante las críticas de Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, quien señaló que considera mejor la reconversión a gas, la ministra de Energía dijo que esa opción es posible, pero aseguró que es mejor el retiro antes que la conversión. "Si las reconvierto a gas, es verdad que se reduce las emisiones pero no a cero como es con cese de operaciones (...) este plan es mucho más fuerte", explicó Jiménez.

"Hemos sido enfáticos en decir que este es un acuerdo responsable, primero porque se ha hecho un anuncio público, se han firmado acuerdos", aseguró la ministra.

Se pretende que en mayo de 2020 se terminen las funciones de la planta Tarapacá en Iquique. Luego, a finales de 2022, se estima el cierre de la central Ventanas U1 en Puchuncaví. Para 2023 está contemplado el cierre de Bocamina U1 en Coronel. En 2024 se estima que terminen las funciones de gran parte de las centrales programadas en este primer periodo, dos más en Tocopilla y una en Puchuncaví.

"Es muy importante garantizar que esto no afectará ni la seguridad del suministro ni el costo de la energía".

Susana Jiménez, Ministra de Energía