El informe final N°577 "Sobre Auditoría a los Sistemas de Información, al nivel de Endeudamiento y a los Ingresos y Gastos ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar" ha generado conflictos de distinto tipo durante los últimos meses. A nivel local, sirvió de base para que los concejales Laura Giannici (DC), Marcela Varas (PPD), Sandro Puebla (Ind. pro PS) y Víctor Andaur (PC) presentaran una acusación por notable abandono de deberes contra la alcaldesa Virginia Reginato en marzo. En el Tribunal Electoral Regional (TER) se está tramitando la causa, la que ya cuenta con hechos controvertidos para aclarar y recursos de reposición de ambas partes al respecto. Sin embargo, una de las polémicas que supera a ésta es la que protagoniza el contralor nacional, Jorge Bermúdez, respecto a los distintos criterios que habría para auditar municipios de izquierda o derecha, según dio a conocer una publicación de La Tercera hace unas semanas. El jefe de la entidad ya ha expuesto dos veces ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados -la última esta semana-, la propia presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe llamó en su momento a iniciar una acusación constitucional en su contra, moción que no obtuvo apoyos, y la tienda busca ahora crear una comisión investigadora respecto a los procesos de la Contraloría, luego que los tres funcionarios que alertaron -según La Tercera- de estos eventuales errores, fueran despedidos por el contralor Bermúdez. Ellos presentaron hace unos días una denuncia al Consejo Superior de Integridad del organismo que fue conocida esta semana, en la que también se menciona al contralor regional Víctor Hugo Merino y una supuesta remoción del analista contable regional (ACR) Andrés Espinoza, aunque fuentes relacionadas explicaron que más que un despido se trató de una promoción hacia la Unidad Técnica de Control Externo.

Pamela Boltei

La Contraloría Regional de Valparaíso realiza cuatro sumarios a la Municipalidad de Viña del Mar, luego de entregar el informe final de Auditoría N°577 en enero. De forma paralela, está por terminar el Informe de Seguimiento que abordará el cumplimiento de las observaciones hechas desde el órgano contralor hacia la casa consistorial.

Fueron cincuenta y seis las observaciones que en total emitió la Contraloría General de la República (CGR) en el informe final N° 557 "Sobre Auditoría a los Sistemas de Información, al nivel de Endeudamiento y a los Ingresos y Gastos ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar", documento en el cual se confirma la grave situación financiera que atravesaba la casa consistorial que presentaba, al 31 de diciembre de 2017, un déficit de $ 17.585.250.174.

A esta cifra, precisa el escrito se suman dos leaseback "suscritos con el BBVA, los que conforme al valor de la Unidad de Fomento (UF), al 31 de diciembre de 2017, representaban una deuda equivalente a $3.563.430.678" y la deuda de 25 facturas por $ 336.683.538 a cuatro proveedores, cifras que se suman al déficit y generan un total de $ 21.485.364.390.

Otra de las observaciones hechas en el informe da cuenta de una situación irregular de contratación de un funcionario que figura con pagos extraordinarios que no concuerdan con su horario laboral y 7 funcionarios que trabajaron para las reparaciones del Reloj de Flores, pero no se verifican las labores.

Además, se mencionó que en el año 2017, según comprobó la CGR, el municipio de Viña del Mar "gastó un monto total de $ 5.540.515.128" en horas extraordinarias. A esto se suman $ 7.077.259.529 por el concepto de honorarios a suma alzada y programas comunitarios que hacen un total de gasto por sobre los $ 12.600 millones.

Otra conclusión, que ha sido incluso tomada como argumento por los concejales que presentaron la acusación por notable abandono de deberes contra la alcaldesa Virginia Reginato ante el TER, fue que el municipio en las cuentas públicas de los años 2015 al 2016 informó de un superávit en la gestión, mientras que en 2017 se dio a conocer un déficit. Sin embargo, las cifras que fueron presentadas difieren "de aquellas informadas por el Director de Control del municipio".

En el escrito de enero se dio a conocer que antes de ser emitido el informe la Contraloría concluyó un preinforme en septiembre de 2018, en el cual se presentaron 93 observaciones. Sin embargo, no todas las objeciones del ente contralor fueron subsanadas por el municipio, las que se plasmaron en el resultado final de la auditoría conocido por la opinión pública.

Este Diario solicitó, a través de la ley de Transparencia, información respecto a las investigaciones que la oficina regional mantiene en curso en el municipio viñamarino. La respuesta, entregada hace unos días, dice: "Respecto de la Municipalidad de Viña del Mar, actualmente no existen auditorías en curso, mas sí existen 4 sumarios administrativos en etapa indagatoria".

El documento precisa que no se puede dar a conocer el contenido y ni siquiera de qué se trata cada investigación sumaria.

Sin embargo, fuentes relacionadas explicaron que estos sumarios derivan del informe final, justamente de los puntos mencionados con anterioridad.

Uno de ellos tiene que ver con el problema que detectaron en el control del personal y las horas extraordinarias. Otro, con el déficit presupuestario. Un tercero, con la confección, entrega y difusión de las cuentas públicas; y el cuarto investiga la contratación de empleados fantasmas, a propósito del caso de la reparación del Reloj de Flores.

Alcaldesa declaró

La idea de dividir el informe en cuatro aristas para buscar eventuales responsabilidades tiene como fin investigar con mayor detalle y en menor tiempo. De hecho, otras fuentes cercanas al tema relatan que estas indagaciones están "muy avanzadas" y que desde marzo hasta la fecha ya han entrevistado a gran parte de los directivos y asesores municipales que tienen que ver con los sumarios iniciados, y se sigue haciendo.

Hace dos semanas la propia alcaldesa, Virginia Reginato, fue a declarar a la Contraloría, y así también lo hizo su jefa de gabinete, María Angélica Maldonado.

Posterior a esto vendrá la etapa de ver si se formulan o no cargos, la etapa de pruebas y finalmente la resolución.

Las sanciones que se podrían llegar a aplicar a funcionarios y directivos -no a la alcaldesa- van desde una censura (anotación por escrito en la hoja de vida), multa (descuento del sueldo), suspensión (el funcionario no va a trabajar desde uno a tres meses) hasta una destitución, dependiendo de la gravedad de la falta.

En el caso del personal a honorarios, que no tiene responsabilidad administrativa, se podrían hacer recomendaciones respecto al cumplimiento de su contrato.

Una fuente cercana dijo que se espera poder terminar estos sumarios en el último trimestre de este año.

Paralelamente, y a propósito del mismo informe de Auditoría, el municipio también se encuentra haciendo otros sumarios internos.

Seguimiento

Asimismo, la Contraloría señala en el documento solicitado que, respecto al Informe Final N°577, "actualmente se encuentra en tramitación su respectivo Informe de Seguimiento".

Éste comenzó el 12 de abril e indaga lo que la casa consistorial ha hecho en base a lo que solicitó la propia Contraloría en dicha auditoría.

Se espera que en julio se pueda terminar, pues aún queda por hacer algunas pruebas en terreno y terminar de chequear cómo han ido abordando las observaciones hechas.

Al respecto, el abogado y director del Departamento de Asesoría Jurídica del municipio viñamarino, Pablo Staig, dijo que "la Contraloría, tal como es de conocimiento y se consigna en el informe, está desarrollando los sumarios correspondientes y no tenemos conocimiento de su tramitación, dado que de acuerdo a la normativa que rige en estos temas, los sumarios tienen carácter secreto, por lo que se debe esperar que la Contraloría determine su resultado".

Se consultó a la Contraloría si existen otras investigaciones que se estén realizando en el municipio de Viña del Mar, y se informó que no, aunque para septiembre está agendada la auditoría a la Corporación Municipal de Viña del Mar.

"De acuerdo a la normativa que rige, los sumarios tienen carácter secreto, por lo que se debe esperar que la Contraloría determine su resultado"

Pablo Staig, Director de Asesoría Jurídica