Bancadas del Core estudian solicitud ante el TER para la destitución de consejeros
REGIÓN. Tras informe de la Contraloría por faltas a la probidad, el FA, PPD, PC y miembros de la DC analizan el recurso.
Transcurridos casi dos meses desde que la Contraloría Regional emitiera un contundente informe de auditoría dando cuenta de graves anomalías administrativas en el pago de viáticos y alimentación a consejeros regionales (cores), así como también en el incumplimiento de los cometidos asignados que implicaron la compra de pasajes aéreos y por los cuales cobraron reembolsos de gastos que no estarían justificados, integrantes de distintas bancadas del cuerpo colegiado analizaron diversos antecedentes para presentar una solicitud de destitución ante el Tribunal Electoral Regional (TER) por eventuales faltas a la probidad.
Consultados los consejeros regionales por las acciones que realizarán en esta materia, aún no existe uniformidad de criterios respecto a si la presentación irá dirigida en contra de uno o los dos miembros del Core cuyo accionar es cuestionado por el órgano contralor y evidenciaría una posible transgresión a la probidad administrativa.
Para que el TER abra un procedimiento en contra de los cores involucrados no se necesita quórum y basta que sólo un consejero lo tramite en la justicia electoral. El tema ya fue analizado por miembros del Frente Amplio, PPD-PC e incluso miembros de la DC.
La solicitud de destitución podría afectar al expresidente del Consejo Regional y actual presidente de la Comisión del Inversiones, Percy Marín (RN), tras recibir "pagos improcedentes" por más de 9 millones y medio de pesos relacionados con la "residencia habitual informada" entre enero de 2017 y junio de 2018 -periodo que auditó la Contraloría-, por concepto de gastos de alimentación y alojamiento, al dar cuenta de domicilios que no pudieron ser corroborados por los fiscalizadores.
A través del abogado Juan Carlos Manríquez, Marín presentó una reconsideración ante la Contraloría a objeto de agotar la investigación y se contemplen antecedentes que no habrían sido considerados en el informe. Nuevos datos aportados buscan dejar sin efecto el reparo y clarificar que no existirían "datos falsos ni domicilios inexistentes".
El caso más complejo afecta al core por San Antonio, Mauricio Araneda (UDI), por los cuestionamientos a los gastos de traslado, viáticos y reembolsos recibidos por dos viajes a Iquique y uno a La Serena. En cada uno de estos cometidos permaneció sólo una jornada, "cuestión que no informó al efectuar las respectivas rendiciones, verificándose, además, que en estas incluyó gastos de transporte, respaldados en vales de taxi efectuados en las fechas que ya no se encontraba en esas localidades", precisó el informe.
Debido a las anomalías detectadas en estos viajes, el Gobierno Regional realizó una denuncia al Ministerio Público. La Unidad Regional Anticorrupción (Urac) abrió una carpeta investigativa y el próximo jueves 11 de julio Araneda será formalizado por el delito de fraude al Fisco reiterado. Además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en la causa y presentó una querella criminal en su contra.
"punto por punto"
La jefa de bancada del FA, consejera Nataly Campusano, recalcó que "con nuestros abogados estamos revisando punto por punto y también viendo la mejor estrategia jurídica para hacer la presentación ante el TER y también viendo los tiempos políticos. No es llegar y hacer una acción mediática, sino que también profundizarla y dejar un precedente dentro del Core para que estas prácticas no vuelvan a pasar a futuro y no tengamos una denostación constante a la figura del Consejo Regional".
Desde el FA reconocen que analizan la opción de que "otros consejeros se hagan parte para hacer una acción mucho más colectiva. Más allá de los colores políticos, se busca marcar un precedente para generar un nuevo ciclo del Core y que constantemente no nos estén cuestionando".
Desde el PPD, el core Manuel Murillo enfatizó que se debe adoptar "una decisión política al respecto" y que abogados de los distintos partidos y consejeros se reunirán esta semana para "analizar en su mérito una posible acusación a los cores Araneda y Marín".
Murillo insistió que, actualmente, "estamos revisando la situación de ellos, si los antecedentes ameritan una acusación, el PPD-PC e independientes estarían disponibles para presentar la acusación".
Respecto a un posible quiebre al interior del Core al recurrir ante el TER, el consejero reconoce que es "una situación difícil porque uno nunca espera acusar a un colega. Me ha tocado conversar con ellos y dicen tener inocencia al respecto, lo cual yo no tengo por qué dudarlo, pero siempre es complicado. La ley nos dice que ante una posible malversación o irregularidad tenemos que acusar, asumiendo nuestra responsabilidad política al respecto".
"Lo importante es que debe ser una decisión transversal, que sea una señal fuerte y de confianza para la gente que votó por nosotros"
Christian Mella, Core DC
"La investigación es a todos aquellos que han sido mencionados (en el informe) y no sólo a los dos que pudiesen incurrir en alguna ilegalidad"
Manuel Murillo, Core PPD
"Hechos que no pueden volver a ocurrir"
El consejero Christian Mella (DC) enfatizó que "ante cualquier acción que vaya en contra de la probidad o sean mal utilizados recursos públicos tenemos que dar señales claras a la gente que nos eligió para responder a la confianza que nos dieron. Con un grupo de cores estamos evaluando cuáles son las mejores alternativas y si van a ser uno o dos los consejeros que vamos a acusar ante el TER. Eso es lo que estamos terminando de evaluar, me estoy asesorando por un abogado para saber si hay alguna otra instancia legal que puedan tener los cores para poder defenderse o no. Son hechos gravísimos, no pueden volver a ocurrir y se apunta a la destitución".