El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumentó su presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro con la presentación del informe que Michelle Bachelet había adelantado el jueves y que denuncia graves crímenes de Estado, como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó formalmente ayer el reporte a los miembros del Consejo, que recibió el apoyo de la Unión Europea y buena parte de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima, pero fue condenado por la propia Venezuela y por Cuba.

"Tal como demuestra nuestro informe, el Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales", subrayó Bachelet a los periodistas tras más de dos horas de debate.

"La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta hace una semana", añadió la Alta Comisionada, quien estaba de visita oficial en Venezuela cuando se produjo la detención del militar, fallecido el 29 de junio bajo custodia y tras ser torturado.

En su intervención ante el Consejo, concluyó que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios".

Denunció que "el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública corre peligro de ser castigado con represalias y represión".

También lamentó "ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas".

"La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación", concluyó.

En una concesión al Gobierno venezolano, afirmó que las sanciones impuestas sobre Venezuela, principalmente por EE.UU., "están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo".

El informe, que se presentó en el mismo día en que Venezuela celebra su fiesta nacional, fue replicado de inmediato por la delegación de ese país ante el Consejo, liderada por el viceministro de Asuntos Exteriores William Castillo, quien criticó un texto "carente de rigor científico y con graves errores metodológicos".

El documento "ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo", argumentó el viceministro, quien exigió una "corrección de su contenido".

Sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y represión violenta a manifestantes, Castillo aseguró que "Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales". Y declaró: "Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen graves riesgos para la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el Presidente (estadounidense) Donald Trump".

Liberación

También ayer, mientras Maduro celebraba el aniversario de la Independencia de Vanezuela, Bachelet dio a conocer que el chileno-venezolano Braulio Jatar, abogado y editor, fue liberado junto a otras 21 personas, incluyendo la jueza María Lourdes Afiuni, que el Gobierno venezolano mantenía prisioneras. Jatar estaba detenido desde 2016 por los presuntos delitos de extorsión reincidente, legitimación de capitales y desestabilización.

En tanto, la ONG Foro Penal dijo que en esta última semana se ha excarcelado a 36 personas, pero denunció que otras 30 han sido encarceladas también por protestar.

"Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios"

Michelle Bachelet, Alta comisionada para DD.HH.