El complejo camino que debe atravesar uno de los proyectos observados por la Unesco
VALPARAÍSO. El mejoramiento de la accesibilidad a los terminales es una de las iniciativas que llama la atención del organismo internacional.
El subsecretario de Patrimonio, Emilio De la Cerda, subrayó el jueves desde la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, sede del 43° Comité de Patrimonio de la Unesco, que una de las iniciativas sobre las cuales el organismo internacional requiere información es la que apunta a la accesibilidad de los terminales 1 y 2 de Valparaíso.
El proyecto por US$ 50 millones de dólares tiene la característica de ser el primero en el cual la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) es titular de la obra, que en febrero de 2017 ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental para su análisis. Entre sus principales características se cuenta un paso bajo nivel en el sector del Muelle Prat, que permitiría conectar el Acceso Sur de Valparaíso con el Terminal Dos sin interrumpir el flujo peatonal de un sector destacado por su atracción turística.
También contempla en el sector del viaducto, una nueva estructura vial que incluye tres pistas de bajada y una de subida, con el fin de dejar -además de una vía expresa al Terminal 2- dos exclusivas para la acumulación de los vehículos que accedan al Terminal 1, con objeto de resolver la fila generada en el acceso al sector y que actualmente interfiere con la operación del túnel La Pólvora.
Para ello se prevé la demolición del viaducto existente y, además, para crear el espacio para las nuevas obras, se eliminarán las edificaciones que actualmente acogen las dependencias administrativas de la empresa portuaria, el Terminal Uno (TPS) y el Servicio Agrícola y Ganadero. Precisamente, a raíz de este punto es que una de las alternativas para el traslado de oficinas de la estatal era el Palacio Subercaseaux, lo que finalmente se desechó.
Las observaciones
El proyecto recibió 160 observaciones de los servicios públicos, siendo las más significativas las realizadas por la Municipalidad de Valparaíso y el Consejo de Monumentos (CMN). En su análisis, este último organismo cuestionó varios aspectos del proyecto estatal, indicando que "si bien entiende la problemática del titular, en cuanto a las aglomeraciones y bloqueos vehiculares en los accesos a los terminales portuarios (...), la solución no puede ir en desmedro de los monumentos nacionales protegidos por la ley".
De esta forma, el CMN lo rechazó, pues no se haría cargo de los efectos ni cumpliría con las medidas de mitigación, compensación y reparación necesarias para la protección de monumentos nacionales.
En el caso del municipio porteño, el principal foco de sus observaciones apuntaron a los efectos que la obra podría tener respecto al sitio patrimonial definido por la Unesco, del cual es su administrador.
Por todo ello, el municipio expresó su rechazo a la iniciativa, haciendo hincapié en el resguardo a la normativa que impone al Estado de Chile, y específicamente al municipio con otros organismos públicos, "la protección y gestión del sitio patrimonial y su zona de amortiguación constituida", entre otras consideraciones.
Pero a ello, se suman además las observaciones hechas por la ciudadanía en un proceso de participación anticipado llevado a efecto por la estatal.
Lo cierto es que tras ello, la EPV solicitó una suspensión para responder todas las observaciones planteadas en el marco del proceso con más tiempo, plazo que fue entregado por el SEA y que ya venció, por lo cual se reanudó el proceso de evaluación, el que tiene como fecha límite por parte de la entidad el mes de mayo de 2020.
Actualmente la estatal trabaja en la Adenda, en la que debe dar respuestas a las observaciones tanto de los servicios públicos como de la ciudadanía.
US$ 50 millones es el valor del proyecto de accesibilidad a los terminales del puerto de Valparaíso.
2020 vence el plazo de evaluación ambiental de la iniciativa, cuyo titular (EPV) trabaja en responder la Icsara.