el cómo legislamos
La Ley de Pronto Pago o "pago a 30 días" generó altas expectativas en el mercado, especialmente en las pequeñas empresas. Los abusos terminarían y el dinero fluiría rápidamente hacia las pymes, no obstante, en la práctica, la historia ha sido lo contrario. Los plazos de pago van en aumento y las prácticas abusivas contra proveedores están destacándose. La incapacidad de evaluar y anticipar los impactos de la leyes que se discuten, aprueban y promulgan está resaltando en la labor legislativa. No es primera vez que una ley tiene efectos contrarios al discurso, de hecho, comienza a ser un peligroso estándar.
Suponer que lo legal es equivalente a lo ético, hacen de las leyes un recurso para el abuso (ético). El pago a proveedores era en promedio de cuarenta y cinco días. La ley señala que las empresas privadas pueden pagar hasta un plazo de sesenta días hasta el año 2021, lo que explicaría el aumento, hacia los sesenta días, en el tiempo en que se está pagando a los proveedores. Este efecto, es el mismo que el del salario mínimo, que paradojalmente genera salarios mínimos.
Conjuntamente, vemos "formulas" de aplicación cómo que "el plazo a treinta días, para el sector privado, comenzará a regir veinticinco meses después de la promulgación de la Ley" y otras alusiones a porcentajes y "UFs" que hacen suponer un carácter técnico, incluso de ingeniería detrás de cada párrafo de una ley, cuando en realidad sólo hay debates cualitativos y "creencias" que se está haciendo lo correcto (el creí qué y el pensé qué …); no tengo otra forma de explicar el porqué La Ley de Pago a treinta días supone el cobro de intereses para quién no cumpla los plazos, pero sólo para operaciones sobre 200 UF, es decir, las micro y pequeñas empresas quedan fuera de este beneficio cuando supuestamente esta ley iba en su auxilio. El por qué solo se aplica para facturas sobre 200 UF, es un misterio.
Cómo muchas leyes la falta de fiscalización se ha hecho presente. Legislar sin contemplar los recursos fiscales para la correcta inspección es común, tanto que, en más de una oportunidad hemos visto iniciativas legislativas que apuntan a generar "una ley que obligue a que se cumpla al ley". En la práctica, muchas empresas están cayendo en el discurso de "a mi manera o te cambio", obligando a que muchas pymes deban aceptar forzadamente cláusulas anti-factoring, descuentos por pago antes de los sesenta días, solicitud de emisión de factura meses después de ejecutado el trabajo, etc. ¿Quién fiscaliza el aumento de estás prácticas?
Estamos sufriendo las consecuencias de una legislación deficiente, que discursivamente puede buscar lo correcto, no obstante, sus efectos son lo contrario. Un estándar legislativo peligroso que invita a la reflexión y por, sobre todo, a la necesidad urgente de un cambio en la forma sobre el cómo se está legislando.
