Las cifras muestran nítidamente una paradoja que afecta a personas, a muchos habitantes de Valparaíso. Mientras en el plano nacional el desempleo anota una baja llegando al 7,1% de la fuerza de trabajo, en la Ciudad Puerto el mismo indicador alcanza al 10,7%, el más alto del país.

Esto en circunstancias que el desempleo en la vecina Viña del Mar está en un satisfactorio 5,3%. En el plano regional, el indicador marca un 8%, lo que significa un 0,7% más que la cifra registrada el trimestre abril-mayo-junio de 2018.

Traduciendo estas cifras a personas, el sector regional más castigado fue la industria, que perdió 12.859 puestos de trabajo en el curso de un año. El segundo rubro afectado fue el comercio, con una caída del 2,6% en plazas de ocupación.

Para el presidente de la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), y a la luz de las cifras entregadas por el INE correspondientes a la última medición trimestral, el problema está en las trabas que encuentra la inversión en la zona, afectando a proyectos por US$3.180 millones que habrían generado 3 mil empleos. Aludiendo al caso concreto de Valparaíso, para el presidente de la Cámara Regional de Comercio, Pier-Paolo Zaccarelli, la causa estaría en el "desincentivo" a la inversión, frenando proyectos inmobiliarios con "disposiciones locales que terminaron por desalentar a los empresarios". Desde su púlpito, el alcalde porteño, Jorge Sharp, culpa de la situación al "modelo económico que no está generando condiciones de empleabilidad", insistiendo en que debe ser revisado, vieja consigna que nada resuelve. Entretanto, el intendente, Jorge Martínez, alude a los migrantes como un factor más en el desempleo, al aumentar la demanda de plazas de trabajo.

Los factores pueden ser muchos, pero la cuestión de fondo reside en la necesidad regional y local de captar inversión y para eso, al menos, se requiere un ánimo acogedor que exprese en los hechos un verdadero interés en la llegada de capitales, dejando de lado la satanización de las empresas, pero también advirtiendo, claramente, que deben cumplir con las normas vigentes en cada uno de sus rubros.

A la vez, como aconseja Maximiliano Duarte, de la Fundación Piensa, "necesitamos alcanzar acuerdos políticos regionales y dejar de lado la polarización política". Receta urgente y sensata, pues cuando hay que intervenir al enfermo es absurdo debatir sobre el color de la capa de los cirujanos.

Y oportuna también cuando los esfuerzos, más que en el desempleo, el crecimiento y la inversión, parecen estar centrados únicamente en cálculos, malabarismos y zancadillas ante elecciones en lontananza.

La realidad nos ha mostrado que las proyecciones de crecimiento para nuestro país se han venido ajustando a la baja para este 2019. A pesar de la voluntad de mantener expectativas de mayor crecimiento, que fomenten la inversión y consumo, los duros datos económicos mundiales, producto de la guerra comercial de Estados Unidos con China y otras economías, conjuntamente con la caída en las expectativas internas, debido a la demora de la aprobación de varias reformas muy necesarias, han llevado a que el ajuste a la baja esté por debajo del 3% de crecimiento del PIB.

No debería ser cuestionable lo relevante que el crecimiento es para nuestro país, sus regiones y sus habitantes, con todas las otras características que a estas alturas del siglo XXI sabemos son claves -con igualdad de oportunidades, conciencia social y ambiental, productividad, innovación y emprendimiento-, entre otras.

Lo que no parece tan claro para algunos políticos, o no lo quieren entender por objetivos mezquinos, es que las reformas planteadas para acelerar el ansiado crecimiento a tasas superiores al 4% requieren ser implementadas lo antes posible, para que sus efectos permitan cambiar la tendencia de una economía afectada por nuestras propias expectativas y por la difícil realidad internacional, que se expresa en ingentes acciones de estímulos monetarios que vuelven a ser articuladas por los principales bancos centrales.

No es posible que realidades de inequidad, complejidad y falta de estímulo, como las que se plantean resolver con la modernización tributaria, no sean abordadas con prontitud por el poder legislativo, favoreciendo su pronta aprobación.

Para muestra un botón: ¿saben ustedes que el sistema semiintegrado significa el pago de un sobre impuesto de 9,45% que afecta a miles de emprendedores Pyme? Por ejemplo, los emprendedores cuyas rentas se ubican en el tramo exento del impuesto a la renta (por ganar menos de $650.000 mensuales) pasaron de pagar 0% a pagar 9,45%. Esto, debido a que sus ingresos provienen de una "renta del capital" (es decir, de una "empresa") en lugar de estar empleados.

Hoy, casi 170 mil pymes se ven afectadas por este sistema, lo que significa que deben pagar un impuesto de 27% y sus propietarios un sobre impuesto de 9,45%. Con la aprobación de este proyecto y la integración, todas las pymes pagarán una tasa de 25% y sus propietarios dejarán de pagar la sobretasa de 9,45%. La integración tributaria planteada en la reforma eliminará estas barreras al emprendimiento, hará más simple el sistema tributario para las pymes y restablecerá los incentivos a la inversión.

Hoy, cuando las tasas de desempleo son difíciles de disminuir, producto de los cambios que está experimentando nuestra economía en esta cuarta revolución industrial, lo que se refleja lamentablemente en ciudades importantes de nuestra región, como Valparaíso y San Antonio, se hace urgente avanzar en acciones que fomente el crecimiento económico, para lograr la mejor política social: el pleno empleo.

Necesitamos la implementación de la modernización tributaria y la integración, porque permitirá que Chile cuente con un sistema tributario más simple, más equitativo y más proclive a la inversión, el crecimiento y la creación de empleos de calidad.

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