Tribunal sentencia a Carlos Marín Orrego a 5 años de cárcel por estafa a 79 personas
JUDICIAL. Tribunal descontará de la condena efectiva los dos años y medio que el expresidente de la Bolsa de Valparaíso cumplió en prisión como medida cautelar.
A cinco años de cárcel fue condenado el expresidente de la Bolsa de Valparaíso, Carlos Marín Orrego, quien fue encontrado culpable de los delitos de estafa reiterada y apropiación indebida de los dineros de 79 clientes de su corredora, de su mismo nombre, por un total de más de $ 2.000 millones, además de infracción a la ley de bancos y contratos simulados.
El caso salió a la luz luego que el 11 de noviembre de 2016, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) decidiera suspender a la firma, pues no había proporcionado información respecto sobre sus condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia. Tras esa noticia, varios clientes fueron a las oficinas de Marín Orrego a preguntar por sus dineros y, en algunos casos, a retirarlos. Y fue a partir de ahí cuando descubrieron que dichas platas no estaban.
Las querellas presentadas por los afectados - que a la fecha suman 79, con un total de más de $ 2.000 millones que se les adeudan - hicieron que Marín fuera llevado a prisión preventiva mientras duraba la investigación. Tras petición de su defensa, se redujo su medida cautelar a prisión domiciliaria, la que cumple hasta el momento.
Este lunes el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dio a conocer que Marín Orrego había sido encontrado culpable de estafa reiterada y apropiación indebida. Ayer, viernes, a las 13 horas, la jueza Eliana Uribe leyó la sentencia en su contra ante el fiscal del caso, Patricio Toro, parte de los abogados querellantes y las víctimas, y los abogados del condenado, quien no asistió a la audiencia.
Además de la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, Marín deberá pagar una multa de 25 UTM y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos y para derechos políticos durante el tiempo que dure la condena.
¿Pena sustitutiva?
"No otorgó pena sustitutiva, por lo cual se decretó el cumplimiento de la pena de manera efectiva", dijo la jueza. "El tribunal no otorgó pena sustitutiva debido a que (tras) los informes o antecedentes que incorporó la defensa (se) estimó que no eran suficientes para poder reunir los requisitos y optar a pena sustitutiva en atención al perfil psicológico y la conducta desarrollada por el imputado", añadió.
Para Patricio Toro, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), se trata de un gran logro, ya que se pidió expresamente que se cumpliera la pena de manera efectiva. "Era el máximo del grado respectivo, la multiplicidad de delitos, los perjuicios involucrados hacían absolutamente procedente esta petición. Tanto es así que fue acogida y es particularmente importante para nosotros que se haya dispuesto el cumplimiento efectivo de la pena, dadas las particularidades de este caso".
Añadió: "De alguna forma, junto con las gestiones que se hicieron para acelerar procesos de reparación a través las respectivos acciones civiles, generando reconocimiento de deuda a favor de cada una de las víctimas, también resulta satisfactorio para la Fiscalía y para las víctimas en particular el ver y escuchar que finalmente se ha dispuesto una pena de cumplimiento efectivo para el principal responsable de los hechos que les afectaron".
Pese a esto, la pena de cárcel de 5 años considerará los cerca de 2 años y medio que Marín estuvo cumpliendo medidas cautelares "sirviéndole de abono los tiempos que ha permanecido privado de libertad con motivo de estos antecedentes, desde el 30 de diciembre de 2016 al 15 de mayo de 2017, más los días de arresto domiciliario, un primer periodo desde el 21 al 29 de diciembre de 2016; y actualmente desde el 15 de mayo de 2017 a la fecha", dice la sentencia.
Los abogados querellantes y las víctimas se mostraron conformes con la sentencia, principalmente porque significa pena efectiva.
"Hechos en dimensión"
El abogado querellante Juan Espinoza comentó que "Carlos Marín fue 33 años presidente de la Bolsa de Valparaíso y como bien lo recordó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a propósito de la confirmación de su prisión preventiva, tuvo todas las oportunidades para tener una formación cívica, ética y cultural superior a la media de los ciudadanos de este país. Por tanto, su conducta debía ser acorde a eso. Desde ese punto de vista, el fallo de la magistrado Uribe coloca los hechos en su real dimensión y castiga el comportamiento improbo de este ciudadano que, aprovechándose de su calidad de presidente de la Bolsa de Valparaíso y de corredor de bolsa, no sólo estafó a sus víctimas, sino que se burló del sistema de la fe pública y del ordenamiento jurídico económico de este país. Esperamos que la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirme el fallo de primera instancia".
Juan Carlos Manríquez, también querellante, afirmó que "quizás el tribunal ha tenido en cuenta la forma y circunstancia de los hechos, pero no se descarta que existan recursos que deban ser revisados por la corte superior. En consecuencia, todavía faltan pasos en este proceso. Sin perjuicio de todo ello, al menos nuestro énfasis está puesto en que a la mayor brevedad posible las víctimas puedan comenzar a recibir las reparaciones que tanto han esperado".
Gladys Gajardo, una de las víctimas, opinó que "dentro de lo que tenemos contratado con el abogado, nuestra demanda civil está incluida y sobre la sentencia, si es efectivo, me doy por satisfecha. Cuando partió todo esto yo dije: 'Si él no me paga toda la plata, por lo menos que pague con cárcel. Me doy por pagada con lo que hoy escuchamos".
Edith Duyvstein, otra víctima, dijo que "no era lo que esperábamos, pero ya estamos tan agotados de todo... hay que esperar la parte civil. Por último, que vaya a la cárcel, que es lo que corresponde, por el daño que nos hizo".
Otros condenados
En la causa también hubo varios otros implicados. Gissou Roubik, sobrina de Carlos Marín, que participó de la confección de un contrato simulado, obtuvo una salida alternativa de suspensión condicional de procedimiento por un año.
El primer condenado fue en marzo. Se trata del contador Mario Zúñiga, por los delitos de estafa, infracción al artículo 39 de la Ley General de Bancos y apropiación indebida de monedas de oro, pero con la medida de libertad vigilada intensiva.
Caroline Roubik, la esposa del expresidente de la Bolsa de Valparaíso, fue condenada a tres años de libertad vigilada intensiva mediante un juicio abreviado. Ella recurrió a la Corte de Apelaciones, la que confirmó el fallo.
Luego, Rodrigo Marín, su hermano, obtuvo -también mediante un juicio abreviado- una condena de tres años de libertad vigilada intensiva, la que también fue confirmada en el tribunal de alzada porteño.
"Resulta satisfactorio para la Fiscalía y para las víctimas ver que finalmente se ha dispuesto una pena de cumplimiento efectivo para el principal responsable"
Patricio Toro, Fiscal de la URAC
"Yo dije: 'Si él no me paga toda la plata, por lo menos que pague con cárcel. (...) Dentro de lo que tenemos contratado con el abogado, nuestra demanda civil está incluida"
Gladys Gajardo, Víctima
Defensa apelará al fallo en Valparaíso
Hasta el próximo miércoles 21 tiene la defensa de Marín para impugnar la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, gestión que, según el fiscal Patricio Toro, ya se anunció por parte de sus abogados. "La defensa ya anunció, teníamos conocimiento previo a la audiencia, que pretende presentar un recurso de apelación a esta sentencia. Me imagino que buscará que la Corte de Apelaciones revoque esta resolución y permita dar cumplimiento en libertad de su representado", dijo Toro, asegurando que la Fiscalía buscará defender el fallo. Al ser consultado el abogado de Marín, Christophe Giroux, prefirió no dar declaraciones. De cualquier forma, la sentencia finaliza diciendo que "el condenado deberá presentarse, dentro del plazo de cinco días, contados desde que estuviere a firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra", aunque mientras no se ejecute la sentencia, el imputado permanece con la actual medida cautelar de arresto domiciliario total.