"Se demolerán con recursos municipales y también sectoriales"
Cristián Monckeberg
Ministro de Vivienda y Urbanismo, por situación de inmuebles en estado ruinoso en Valparaíso
"Queda una vez más demostrada la nula fiscalización de parte de la Municipalidad de Viña del Mar"
Marcela Varas
Concejala (PPD), por informe de la Contraloría que detectó atrasos de pagos del Casino al municipio
Hasta el día de hoy nos seguimos sorprendiendo con los resultados de los deportistas chilenos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Se ha dicho que esta es una participación histórica y que supera con creces lo proyectado para esta versión en la que se obtuvo el 8° lugar del medallero. Esta posición hace imaginar un potencial éxito para los Panamericanos 2023, que serán organizados en Chile. Y en este marco, sugiero proyectar un desafío: reconocer a los deportistas de alto rendimiento como trabajadores públicos.
Desde la investigación, he tenido la oportunidad de entrevistar a diversos deportistas de Alto Rendimiento Convencional y Adaptado, pero también a practicantes sociales o recreativos (igualmente de ambas modalidades). Todos y todas declaran que la actividad que realizan los atletas de elite es un trabajo civil que merece el reconocimiento de parte del Estado y del Comité Olímpico, a través de sus federaciones. Para organizar estas ideas, presento dos argumentos.
El primero, refiere a la seguridad económica, social y en salud que actualmente no se encuentra consolidada. Que no estén afirmadas, desde las palabras de atletas, implica que el dinero que les ingresa mensualmente a través de Proddar no tiene validez financiera porque proviene de una beca y no de un contrato de trabajo. Este dinero no se reconoce, no permite acceder a un crédito hipotecario ni a cotizaciones previsionales y menos admite cotizar un plan de salud que, por ejemplo, les permita a las mujeres planificar su maternidad.
El segundo se relaciona con la subordinación y la dependencia, criterios que a todas las personas del mundo los convierte en trabajadores. La investigación refleja que los deportistas deben subordinarse a instituciones, a equipos, a entrenadores y, además, deben cumplir con sus horarios de entrenamiento. Asimismo, los y las deportistas mantienen una relación dependiente con las federaciones, el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte, en la medida en que estas instituciones evalúan su rendimiento y definen quien recibirá dinero y quién no.
Para resolver lo anterior, la ministra Pauline Kantor propuso contratar a los deportistas como suboficiales de las Fuerzas Armadas. Esta idea, sobre todo, invisibiliza la dedicación y la alta especialización que alcanzan los deportistas de elite, en tanto profesionales. Ello ya que más que reconocerlos como trabajadores, estamos frente a un juego administrativo para ofrecerles un contrato y un sueldo como militares, no como deportistas.
El desafío político y social es asumir que un deportista es un trabajador público civil y que el producto de su trabajo se convierte en estatus para el país. Este punto, para mí como investigador de los Estudios Sociales del Deporte, es la primera medalla que Chile debe asegurar en los Panamericanos Santiago 2023.
En el vapor "Araucaria", que arribará el martes, vía del estrecho de Magallanes, vienen para el Jardín Zoológico de la capital, varios animales exóticos que enriquecerán la variedad de los "huéspedes". Entre los nuevos animales aparecen un león de África y una serpiente cascabel, pero además otras fieras no menos temibles.
WASHINGTON, 21.- El Embajador mexicano, señor Bonillar, protestó hoy ante el Departamento de Estado contra el ingreso de tropas norteamericanas en suelo azteca, en busca de bandidos que tienen de rehenes a 2 aviadores de los Estados Unidos. El diplomático, además de la protesta, pidió el pronto retiro de los extranjeros.
El Presidente Eduardo Frei reconoció que existe en el país un avance de la estatización, pero señaló que él no está presionando para su avance y tratará que la empresa privada mantenga su actual condición. El Presidente dijo que este avance de la estatización se debe a la decisión de parlamentarios de diversos partidos.
Los casos de intoxicación que el pasado martes afectaron a 45 personas en Puchuncaví demuestran claramente que, pese a buenas intenciones de todos los sectores, los planes de descontaminación no han funcionado.
Los afectados sufrían mareos, dolores de cabeza y vómitos. Residentes del lugar denunciaban la presencia en el aire de un olor extraño, mezcla de gas y cloro.
Esta atmósfera nociva se mantuvo por una media hora y es comparada por los afectados como repetición del episodio del 21 de agosto de 2018, cuando 40 personas resultaron intoxicadas debido a la presencias de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).
Una incógnita se despeja sobre el caso del martes: el origen no está en ocho faenas de carga y descarga que se realizaban en la bahía de Quintero, por tanto, "cualquier cosa que pueda estar ocurriendo debería estar en tierra", sostiene el gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de navío Juan Gajardo, bajo cuya dependencia está esa bahía. El oficial, además, recomendó a la autoridad de Medio Ambiente "chequear una planta, debido a que el viento ha sido reinante del SW (día martes) y está en línea directa al lugar de la escuela afectada". Por su parte, la seremi del ramo, Victoria Gazmuri, reconoció la presencia de valores sobre lo habitual en mediciones de hidrocarburos detectadas en dos estaciones de monitoreo.
Ante la gravedad de la situación, la Intendencia Regional decretó la aplicación durante 10 horas del día de ayer del protocolo de Gestión de Episodios Críticos (GEC), que dispone diversas medidas de contingencia en la castigada aérea de la bahía de Quintero, pero que en los hechos no dan solución al problema de fondo, que es la amenaza constante de repetición de nuevos episodios que pueden ser de gravedad.
Principal preocupación ante estas reiteradas situaciones son los niños, pues la contaminación, cualquiera sea su origen, afecta su desarrollo. Tras el caso del martes pasado, se han mantenido las clases, pero a la vez se mantiene el suspenso y la lógica preocupación de los padres.
Y en la misma línea del suspenso, en Valparaíso, antes de que se produjera el nuevo episodio de Puchuncaví, el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, reconocía que "no hemos podido determinar la procedencia de esos Compuestos Orgánicos Volátiles", causantes de la crisis del año pasado y acusados, nuevamente, de la actual, aunque prometió que con la nueva red de monitoreo, ahora operada por el Estado, "se espera de aquí a diciembre tener la implementación y posteriormente una auditoría en el mes de febrero".
¿Significa esto que, por fin, se conocerá el origen de esos misteriosos compuestos? Y, conocido el origen, ¿se procederá en consecuencia mirando sólo la calidad de vida de las personas?