La Fiscalía General detuvo en la Ciudad de México a seis policías federales por su presunta vinculación con los homicidios de ocho personas cometidos en el estado occidental de Michoacán en 2015.

Se trata del primer arresto por hechos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos de agentes de esa fuerza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado con dureza a la Policía Federal y la acusó de estar infiltrada por la corrupción y de ser ineficiente para garantizar la seguridad del país.

Un funcionario federal que pidió el anonimato confirmó ayer que los agentes están vinculados a los asesinatos ocurridos en la localidad de Apatzingán el 6 de enero de 2015. Las víctimas fueron al menos ocho personas en enfrentamientos en los que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hubo serias violaciones a los derechos humanos.

En un informe de fines de 2015, la Comisión acreditó el uso excesivo de la fuerza "que derivó en la privación de la vida de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una persona más, por parte de elementos de la Policía Federal".

Según indicó la fiscalía, los arrestos tuvieron lugar en instalaciones de ese cuerpo de seguridad situadas en distintos lugares de la capital y sin violencia.

Aunque los hechos tuvieron lugar hace más de cuatro años y desde fines de 2015 había una recomendación clara de la CNDH para investigar a los agentes, los policías se mantenían en activo cuando fueron detenidos, confirmó otro funcionario federal que también pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas.

Cuatro de los detenidos también están acusados de homicidio en grado de tentativa.

Los sucesos de aquel día en Apatzingán tuvieron lugar en el marco de los enfrentamientos entre fuerzas federales, grupos del crimen organizado y grupos de civiles que se habían alzado en armas en febrero de 2013 hartos de los asesinatos y extorsiones a los que eran sometidos por el cártel que tenía el control del estado en ese momento: Los Caballeros Templarios.

Un año después, el gobierno federal inició un intenso operativo en Michoacán y meses después legalizó a parte de los grupos de civiles en un proceso muy criticado porque hubo sólidas acusaciones de que criminales se habían infiltrado entre los autodefensas que se reconvirtieron en policías rurales.