La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, mantuvo sus declaraciones sobre el Partido Socialista, luego de que días atrás planteara que la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, buscaba ocultar los vínculos de algunos dirigentes del PS con el narcotráfico.

"No me corresponde a mí ni contradecirme ni nada. Mis preguntas y declaraciones nunca han responsabilizado institucionalmente al PS y menos a todos sus militantes (…) Mis preguntas y declaraciones apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del PS con el narcotráfico en la comuna de San Ramón", enfatizó.

Recalcó que sus dichos se basan "en las propias acusaciones y declaraciones que múltiples dirigentes, parlamentarios, incluso expresidentes del PS, han señalado luego de conocer dos reportajes de televisión".

A su juicio, "la denuncia que han presentado tres senadores de la oposición no tiene ningún fundamento legal, pero a mí lo que me corresponde como ministra, pero sobre todo como ciudadana, es colaborar con esta investigación".

Precisó que se puso a disposición del Ministerio Público para declarar voluntariamente cundo así se determine, aunque informó que aún no ha sido citada formalmente.

La controversia fue abordada en el comité político de La Moneda. "Me da la impresión de que lo que les molesta (a los dirigentes del PS) es que lo haya dicho alguien que no es de su propio partido, porque ellos han dicho cosas peores", afirmó la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

El matiz lo puso el secretario general del PRI, Rodrigo Caramori: "Creemos que sus palabras (las de Pérez) fueron poco prudentes, ya que, si bien el fondo de su cuestionamiento al PS es correcto y es una respuesta que espera todo el país, ella representa a todo un Gobierno y con sus dichos le dio espacio al PS para 'amurrarse' y actuar de manera obstruccionista".

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la reapertura de la investigación por la muerte de Lissette Villa, niña de 11 años que estaba a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La decisión fue tomada por el juez Patricio Álvarez a partir de una solicitud de una de las partes querellantes, la que representa a la familia de la menor.

Lissette Villa murió en 2016 en una residencia del Sename ubicada en la Región Metropolitana, luego de presuntamente haber recibido apremios ilegítimos.

En paralelo, el magistrado aceptó lo determinado por el Ministerio Público, que optó por no perseverar en la investigación desformalizada que se llevaba a cabo en contra de la entonces (2016) directora del Sename, Marcela Labraña, como presunta encubridora.

En su momento, la autoridad fue blanco de críticas por decir que Lissette Villa había muerto de pena, porque su familia no la visitaba.

Lo anterior, porque luego de las diligencias encargadas por el ente persecutor, no se logró hallar antecedentes suficientes que permitieran sustentar una eventual formalización y acusación.

Asimismo, el tribunal dio luz verde a la solicitud de la Fiscalía y sobreseyó a los cuatro médicos investigados que, en su momento, participaron del tratamiento de la menor fallecida.

Juicio oral

Al mismo tiempo, se informó que la audiencia de preparación del juicio oral se realizará en octubre. Cabe recordar que hay cuatro personas que trabajaban en el Sename que están acusadas, en el caso de Lissette Villa, de apremios ilegítimos con resultado de muerte.

Actualmente, el Ministerio Público investiga más de 1.300 muertes ocurridas en centros del Sename entre los años 2005 y 2016.