El Tribunal de Garantía de La Ligua le prohibió a cinco funcionarios municipales de Papudo realizar cualquier tipo de transacción respecto a cinco propiedades que están a nombre de ellos, luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Valparaíso solicitara dicha medida cautelar con el objetivo de resarcir el perjuicio económico que habrían provocado entre los años 2011 y 2014.

El caso dice relación con la investigación que lleva adelante la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía en contra de nueve trabajadores del municipio, quienes a mediados del año pasado fueron formalizados por fraude al Fisco tras ser acusados de autoasignarse nuevas funciones sin estar justificadas.

En esa línea es que el CDE anunció que presentaría una demanda civil en contra de los imputados por un total de $ 96 millones. Y si bien el organismo reconoció que los funcionarios han reintegrado cerca de $ 15 millones desde que fueron formalizados, agregaron que "equivale tan sólo al 15,7% de lo defraudado", de modo que insistirán en recuperar los $ 82 millones faltantes.

"Los imputados respecto de los cuales se piden las cautelares no tienen otros bienes suficientes con los cuales responder por el daño patrimonial causado a la municipalidad", indicó el CDE, solicitando el "embargo" de cinco propiedades, cuyo avalúo fiscal en conjunto alcanza los $ 178 millones.

"no es delito"

El abogado de los imputados, Rafael Almarza, indicó a este Diario que el organismo "está en su derecho si estima que el Fisco ha sido perjudicado en esa cantidad, lo que no es la impresión de esta defensa".

Además, reiteró que para ellos no existe un delito, sino que un cuestionamiento "de naturaleza civil" que podría tratarse más bien de un "incumplimiento contractual", pero "jamás de un engaño".