El Ministerio de Obras Públicas (MOP) licitará el próximo año un estudio de factibilidad para levantar un nuevo aeropuerto alternativo al Arturo Merino Benítez, adelantó el subsecretario Lucas Palacios a radio Pauta.

"Es un estudio que vale aproximadamente $1.150 millones. Demora 300 días y lo licitaremos en 2020. Es decir, en 2021 ya vamos a tener estudio con el futuro emplazamiento que tendría este aeropuerto", detalló la autoridad.

El objetivo de adelantar el análisis, explicó el subsecretario, es "que no nos pille de improviso en el futuro una necesidad de tener ese segundo aeropuerto para la macrozona central (...) Nosotros como Estado tenemos que anticiparnos. Estamos reaccionando rápidamente a los flujos actuales y a las proyecciones".

Proyección de flujo

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en Pudahuel, es el único de la zona central, y ha experimentado un aumento de pasajeros de 10% anual en los últimos diez años. "Si proyectamos ese mismo crecimiento, veremos que por el año 2030 ya estaremos muy ajustados y necesitaremos, entonces, una alternativa", expuso Lucas Palacios.

Cabe recordar que, según informó la Junta de Aeronáutica Civil, en agosto de este año fueron transportados 2.120.142 pasajeros tanto en vuelos nacionales como internacionales, lo que representó un aumento de 8% en comparación con el mismo mes de 2018.

Palacios indicó que el arquitecto Marcial Echenique, quien ha trabajado para el MOP en otras iniciativas, sugirió "nuevas rutas orbitales" dada la creciente población en la zona central. "Está desarrollando (para el MOP) un estudio de las necesidades de infraestructura al 2050. Ese estudio proyecta la necesidad de un segundo aeropuerto para la macrozona central", que complemente al de Pudahuel.

El desempleo alcanzó un 7,2 por ciento en el país en el trimestre junio-agosto, lo que representa una reducción de 0,1 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2018.

El Instituto Nacional de Estadísticas destacó que este resultado se debe a un alza de un 1,4 por ciento de la fuerza de trabajo.

"Esperamos mejores cifras que este 7,2%. La buena noticia es que tenemos una creación de casi 130 mil empleos, tenemos una baja importante en el desempleo femenino (a 7,5%) y eso es una buena noticia a destacar. Las cifras administrativas revelan una creación superior a los 160 mil", dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

"Es un desafío de largo aliento, no se va a jugar en un mes, nos parece mejor que vayamos observando disminuciones en la tasa de desempleo, pero tampoco nos deja contentos un 7,2 por ciento", añadió.

La Encuesta Nacional de Empleo del INE también arrojó que los ocupados alcanzaron un alza de 1,5 por ciento, mientras que la cantidad de desocupados bajó un 0,8%, lo que se debe a una leve caída de la cesantía (-2,4%). En el aumento de los ocupados, incidieron los sectores de administración pública (12,3 por ciento), actividades de salud (10,9%) y comercio (2,8%).

La tasa de desocupación en las mujeres bajó a un 7,5%, reduciéndose 0,4 puntos porcentuales en 12 meses, y las desocupadas descendieron un 2,1%. En el caso de los hombres, la desocupación llegó a un 7%, sin variaciones en el último año, y los desocupados variaron solo un 0,3%.

1,4% de alza industrial

El INE también informó el Índice de Producción Industrial (IPI), que creció 1,4% en doce meses empujado sobre todo por el aumento del principal sector productivo del país, la minería: el Índice de Producción Minera presentó un incremento de 5,3% respecto de igual mes del año anterior.

Mientras, el crecimiento mensual de la producción industrial fue de 0,7%.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago ordenó el arresto de Luis Eugenio Ponce Lerou, hermano de Julio, en el marco del nuevo juicio por el caso "Cascadas".

La decisión fue tomada para que declarara ayer como testigo, pues había sido citado para comparecer en varias oportunidades, pero nunca lo hizo.

El tribunal instruyó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de la Región Metropolitana que tomara el procedimiento que, al cierre de esta edición, no podía realizarse pues el empresario salió de Chile con rumbo a Madrid el 25 de agosto y aún no había vuelto a Chile.

Luis Ponce Lerou debe declarar en el marco de la causa agencia Moneda, arista en la cual Aldo Motta recibió el 15 de abril de 2019 la anulación de su condena de cuatro años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada por parte de la Corte Suprema.

Este caso se remonta a 2014, año en que la Superintendencia de Valores y Seguros advirtió irregularidades en la venta de acciones entre sociedades vinculadas entre sí y controladas por el presidente de Soquimich de la época, Julio Ponce Lerou, uno de los mayores accionistas de la firma química y minera.

Redacción

El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, desestimó las críticas de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien acusó al Ministerio Público de actuar como "el brazo armado de la izquierda chilena", y las calificó de "afirmaciones de carácter estomacal".

La presidenta de la UDI cuestionó la rapidez con la que el ente persecutor reaccionó en el caso del subsecretario Felipe Salaberry (UDI), denunciado por eventuales infracciones a la ley de tránsito y amenazas a un inspector municipal de Ñuñoa. La legisladora contrastó el desempeño de la Fiscalía en esta situación con el que, según ella, habría tenido en el caso OAS, de supuesto financiamiento irregular de la última campaña de Michelle Bachelet.

Ayer, en radio Universo, Manuel Guerra dijo que en el Ministerio Público "hay un trabajo bastante exhaustivo y no se ha dejado de indagar la arista OAS (...) No hay un favorecimiento de la izquierda. En la zona oriente (Región Metropolitana), trabajo estrechamente con nueve alcaldes, siete de ellos son afines al sector político de la senadora que expresó estas palabras y nunca hemos tenido algún problema".

"Cuando se hacen declaraciones de esta naturaleza, en las cuales se descalifica sin tener ningún antecedente, simplemente se hacen afirmaciones de carácter estomacal" y solo se termina dañando "a las instituciones que son parte del sistema", planteó Guerra.

"Yo no me refiero a la actuación del Parlamento, no me corresponde opinar del buen o mal trabajo que desarrollan los parlamentarios, simplemente hago mi trabajo como fiscal y espero que también las otras instituciones respeten el trabajo independiente y autónomo que le corresponde llevar adelante a la Fiscalía", añadió.

Desde RN y Evópoli, tomaron distancia de lo dicho por la senadora. El timonel de este último partido, Hernán Larraín Matte, expuso que se debe tener cuidado con las palabras y aseguró que las instituciones deben funcionar, por lo que hay que protegerlas.

También ayer, habló el abogado de Salaberry, Gabriel Zaliasnik. "Todavía tenemos que evaluar los antecedentes, pero no tiene mucho sentido hablar de un delito, ya que en nuestra opinión los hechos no son constitutivos de delito en caso de haber ocurrido, porque los hechos de los que se acusa (al subsecretario) son inexistentes", expresó a La Tercera PM.

"Detrás de esto hay una operación política (…) Me recuerda rápidamente al episodio vivido por el diputado Gabriel Silber (acusado de violencia intrafamiliar). Se está haciendo una práctica generar episodios para poner en tela de juicio a algunas autoridades y causar consecuencias políticas", sostuvo.