Pamela Boltei

De forma positiva vio la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Valparaíso el Decreto Supremo 14 que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó en el Diario Oficial que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y que hace hincapié en la normativa referente a los permisos de edificación.

El decreto introduce varios cambios a la ley, aunque el que más destaca tiene que ver con los permisos de edificación y la influencia que estaba teniendo en la actividad de la construcción, pues se establece que estos permisos y las demás aprobaciones y autorizaciones que otorgan las Direcciones de Obras Municipales (DOM) del país deberán estar amparados por una presunción de legalidad y de imperio.

Esta modificación a la ley vigente se trabajó durante al menos ocho meses en el Minvu, a propósito de las discordancias que había entre varios proyectos a nivel nacional -y también regional- en cuanto a lo que dictaba la ley y los pronunciamientos que emitía tanto el Poder Judicial como la Contraloría cuando eran requeridos por diversos denunciantes en torno a proyectos cuestionados.

En la región, el Parque Pümpin, que está judicializado porque el alcalde Jorge Sharp emitió un decreto alcaldicio anulando los permisos de obra que, bajo su perspectiva, habían sido otorgados de manera irregular en la administración de Jorge Castro; Mall Puerto Barón, que se desistió de su construcción por los problemas de vialidad que no logró superar, o el largo juicio que enfrentó el mall de 14 Norte -hoy en funcionamiento- respecto de la vigencia o no de su permiso de edificación, son algunos de los ejemplos más concretos de estas diferencias de criterios y respecto de los cuales se pidieron numerosos pronunciamiento de la Contraloría.

El ministro Cristián Monckeberg explicó que se apunta "a aunar criterios y despejar dudas sobre los permisos de edificación. Y esta normativa que se publicó este lunes tiene en su espíritu otorgar certezas jurídicas para todos los actores del rubro: municipios, inmobiliarias, ciudadanos". Enfatizó en que el punto central de esta norma es que ahora el permiso de edificación que otorguen los directores de Obras Municipales "no podrá ser cuestionado, salvo que la justicia o la administración determinen su invalidación".

Colaboración con Dom

La modificación establece que las DOM serán colaboradores del Minvu en la elaboración de normas urbanísticas.

Respecto de este punto, la seremi del ramo, Evelyn Mansilla, explicó que no se trata de exigir cualquier cosa, sino focalizar las necesidades de arborización o vegetación para abrir espacios privados al uso público y medidas que tiendan al cuidado y conservación del medio ambiente. "Un municipio puede autorizar la construcción de un edificio, pero además exigir la arborización de un barrio o un sector y aceras o bandejones", dijo la secretaria regional ministerial.

Para el presidente regional de la CChC, Gian Piero Chiappini, la medida adoptada por el Minvu es positiva: "Es una buena noticia para la actividad económica en general y en particular para los esfuerzos por construir las viviendas que permitan disminuir el importante déficit habitacional que sufre nuestra región".

Se trata -añadió- "de una buena señal para el mercado y especialmente para las DOM, pues podrán trabajar con más tranquilidad y precisión en la evaluación de solicitudes y la entrega de permisos de edificación en función de sus planos reguladores. Además permitirá respeto a sus decisiones, prerrogativas y calificaciones técnicas".

Certeza jurídica

Chiappini estima que el decreto "reafirma la presunción de legalidad de los permisos extendidos por las direcciones de obra municipales (DOM) y contribuye a salvaguardar el principio de la certeza jurídica, que entendemos central para impulsar un desarrollo sostenible y para construir las viviendas que las personas necesitan".

Finalmente, sostuvo que "valoramos todas las medidas que den mayor certeza al marco normativo que rige al sector construcción, sobre todo por las últimas situaciones producidas, en que se presentaron interpretaciones contradictorias de distintos organismos públicos. Esta situación ha debilitado la estabilidad de anteproyectos y permisos de edificación, afectando gravemente la gestión de las direcciones de obras municipales, el desarrollo habitacional e incluso la generación de una adecuada oferta de viviendas".

Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, organización que ha liderado varias denuncias por problemas en proyectos inmobiliarios en la Región y el país, considera que el cambio de la ley en cuanto a los permisos de obra no es algo nuevo. "Los que conocemos la institucionalidad sabemos que sobre los permisos de edificación no dijo nada nuevo, no modificó absolutamente nada, porque todo lo que está reseñado en esta modificación está establecido en la ley 19.880 del procedimiento administrativo que habla de la presunción de ilegalidad, entre otras cosas. Los permisos ilegales siempre van a ser objetados ya sea en la propia DOM, o en la Seremi Minvu o en la Contraloría General de la República y, como es lógico, en los tribunales de justicia".

Para Juan Carlos Manríquez, abogado que representó a la Inmobiliaria Mall Viña S.A. en la causa por el permiso de obras del mall de 14 Norte, "el decreto del Minvu referido a los permisos de edificación es una explicitación y un reforzamiento a la presunción de legalidad, eficacia y respeto que tiene que tenerse por estos actos administrativos, una vez emitidos por las correspondientes DOM (...) es una reiteración de la legalidad pero un mayor ordenamiento que debiera tender a que estas actividades económicas sean ejecutadas en el corto plazo sin mayores trabas, pero con una mayor armonía en el entorno en el que se desarrollan".

Por su parte el abogado Rodrigo Andreucci, profesor PUCV de derecho inmobiliario y abogado de inmobiliarias, planteó que "no es nada distinto en lo fundamental a lo que ya existe... dice que hay una presunción de legalidad en los permisos, y que debe actuarse conforme a la ley 19.880, que entre otras materias señala que el Estado debe actuar según la ley y, en caso de no hacerlo, existe una acción de invalidación del acto administrado".

"Eleva estándares"

El profesional expone que "el día 16 de septiembre la Contraloría emitió un dictamen muy claro y en la misma línea del decreto de hoy que emana del Minvu indicando que son los profesionales de los proyectos los responsables de los errores de fondo que estos tengan con la consecuente sanción que reciban las inmobiliarias (invalidación), pero que no es obligación de los funcionarios de la DOM revisar que los proyectos estén bien hechos. La Corte Suprema ha estado emitiendo fallos en la misma línea: es obligación de las inmobiliarias hacer bien sus proyectos y cumplir con la ley en su sentido, yendo más allá del simple tenor literal". De todas formas considera que la medida es "positiva, pues eleva los estándares de responsabilidades que las inmobiliarias deben cumplir".

"Reafirma la presunción de legalidad de los permisos de obra extendidos por las DOM y contribuye a salvaguardar el principio de la certeza jurídica"

Gian Piero Chiappini, Presidente CchC Valparaíso