Claudio Ramírez
Lejos de terminar parece estar el denominado conflicto por las "cargas limpias" en Valparaíso, problemática que se arrastra desde 2015. La ZEAL (Zona de Extensión de Apoyo Logístico) resolvió volver a la carga y ayer solicitó a la justicia civil que designe un juez árbitro para que conozca y resuelva las diferencias que mantiene con la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) respecto al tema.
Lo anterior producto del acuerdo alcanzado por la estatal con el Terminal Pacífico Sur (TPS) que le permitió al concesionario del T1 aforar en el puerto, cuestión a la que ZEAL se opuso desde el inicio interponiendo incluso un recurso de protección que no prosperó pues el máximo tribunal determinó que dicha acción no era la adecuada para resolver un problema de estas características.
La filial del grupo español Azvi ha manifestado en todos los términos que dicho avenimiento entre la estatal y TPS afectó su contrato de concesión y que, de paso, desestabilizó el modelo logístico y portuario establecido por el Estado orientado a dotar de espacios para la carga al puerto. En cuanto a la decisión de pedir un juez árbitro, ZEAL sostiene en su petición a la justicia que ello se sitúa en el marco de las reglas sobre resolución de conflictos del contrato de concesión.
Demanda arbitral
En cuanto al procedimiento, la designación del juez árbitro debe hacerla uno de los tribunales civiles de Valparaíso y sólo una vez que esto ocurra se iniciará la tramitación de la demanda arbitral que, en este caso en particular, sería por incumplimiento de contrato por parte de EPV.
En este punto, la ZEAL ha insistido, entre sus argumentos, que se está desconociendo un modelo logístico, que principalmente surgió a raíz de las restricciones de espacio en los terminales portuarios del Puerto de Valparaíso y a la necesidad de la ciudad de despejar las zonas del Muelle Barón y Bellavista.
Ello precisamente forma parte de los argumentos defendidos por el concesionario, dando cuenta de que con dicho sistema se buscó privilegiar el uso eficiente de los sitios de atraque y sus áreas de respaldo. Esto con el fin de que actividades que pudiesen ser realizadas fuera de los terminales portuarios, tales como la fiscalización de los servicios públicos de carga manifestada a los terminales y el parqueo de camiones con carga en espera de embarcar y vacíos en espera de retirar carga, se trasladasen a otro lugar cercano, de modo de privilegiar el uso del escaso espacio en los terminales portuarios para las labores estrechamente vinculadas a la transferencia de carga.
También ha manifestado que a diferencia de otros puertos del país, donde el aforo y la inspección de la carga manifestada al puerto y el parqueo de camiones sí pueden tener lugar en los sitios de atraque, tratándose de Puerto Valparaíso, estas actividades no pueden tener lugar allí, ya que ello obedece al modelo logístico de Puerto Valparaíso concebido, diseñado e implementado por la EPV y puesto en práctica desde el año 2008. Y de hecho ha destacado que fue un modelo que defendió a través de varias administraciones.
Avenimiento
A fines del año pasado, y tras interponer demandas mutuas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), EPV y TPS llegaron a un avenimiento que, como principal consecuencia, le permitió al terminal del grupo Von Appen, aforar en el recinto portuario.
Ello provocó el rechazo del concesionario ubicado en el sector alto de Valparaíso pues, según lo expresaron en varias ocasiones sus ejecutivos, ello afecta seriamente su concesión.
En ese plano, presentó un recurso de protección que fue rechazado en primera instancia en enero por la Corte y luego por la Suprema a mediados de abril. El máximo tribunal remarcó que el conflicto debía ser resuelto conforme a las reglas del contrato de concesión con EPV y no a través de un recurso de protección.
Pero dicha resolución fue en fallo dividido (2-1) con el voto en contra del ministro Sergio Muñoz que en su argumentación, entre otros puntos, indicó que el acuerdo entre EPV y TPS vulneró la Ley de Puertos y el contrato de concesión vigente con ZEAL, además de ser arbitrario. En base a esto y otros puntos, el concesionario había anunciado que analizaría más acciones a seguir como, por ejemplo, el recurrir a un juez árbitro.
2018 en octubre de ese año EPV y TPS alcanzaron un avenimiento en el marco de un proceso en el TDLC.
5 meses han pasado desde que el concesionario del T1 reanudó los aforos en el terminal portuario.