Cristián Rodríguez F.

Una clara señal en contra de la impunidad fue la que dio la mañana de ayer el magistrado del Tribunal de Garantía de Quilpué, Milenko Grbic Miranda. Primero, porque no sólo decidió declarar como legal la detención de dos jóvenes por el incendio que afectó en un 80% al edificio consistorial de Quilpué, sino porque también respaldó la solicitud del Ministerio Público y dejó a uno de los imputados en prisión preventiva, siendo trasladado de manera inmediata a la cárcel de Valparaíso.

Se trata de Sebastián Ignacio González Flores, de 19 años y domiciliado en el sector de Belloto Sur, quien la tarde del martes fue sorprendido por personal de civil de la SIP (Sección de Investigaciones Policiales) de Carabineros arrojando al municipio una botella, cuyo interior -según las primeras diligencias- contenía un líquido acelerante que ayudó a la propagación del fuego que minutos antes ya se había iniciado.

"(El imputado) mantenía su rostro embozado con una prenda de vestir tipo polera y portando en sus manos una botella con un líquido, al parecer combustible, que al lanzarla al interior del inmueble aumentó notablemente la llamarada", indica el parte policial de Carabineros y que fue reproducido ayer por la fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia Farías, durante la audiencia de formalización.

En el caso de la menor de iniciales M.L.M.M., de 17 años y domiciliada en la comuna, los mismos efectivos policiales que la detuvieron aseguraron que se encontraba "azuzando" a los vándalos que en ese minuto estaban incendiando y lanzando elementos a la municipalidad, siendo percibida gritando "quemen esta 'hueá'" segundos antes de que Sebastián González lanzara el elemento incendiario.

Hasta 20 años de cárcel

Fue justamente la formalización de la menor lo que provocó mayor discusión durante la audiencia de ayer. Esto, porque a pesar de que supuestamente sólo incitó a que le prendieran fuego al edificio consistorial y no habría participado del hecho material, de igual forma la fiscal decidió imputarla como autora del delito de incendio.

"El Ministerio Público estimó que en este caso efectivamente ocurre la autoría de ambos. Por un lado, está la persona que directamente comete el delito, pero por otro lado también está el hecho que, estando concertada para la ejecución, presencia el ilícito. Y el tribunal estimó que estábamos en el segundo caso, que es que una persona instiga a otra a cometer el hecho", explicó la fiscal jefe de Quilpué una vez terminada la audiencia.

Lo anterior tendrá una gran relevancia en un eventual juicio oral que se lleve a cabo cuando culminen los 90 días de plazo de investigación, puesto que en su calidad de autores arriesgarían la máxima pena por el delito de incendio.

En el caso de González, de ser encontrado culpable será condenado por presidio mayor en cualquiera de sus grados, cuya pena va desde los cinco hasta los 20 años de presidio efectivo. Respecto a ella, en tanto, arriesga una condena que va entre los tres y los cinco años -un grado menos- por tratarse de una menor de edad.

Por lo mismo, el Tribunal de Quilpué coincidió con la Fiscalía respecto a que la mujer debía quedar con arresto domiciliario total mientras dure la investigación. "Por el peligro que reviste la conducta y por la gravedad del ilícito se pidieron esas medidas cautelares porque para nosotros son un peligro para la seguridad de la sociedad", sostuvo Arancibia.

Contexto actual

Si bien el hecho de que ambos no registran condenas anteriores ni causas vigentes deberá ser considerado como una atenuante en una eventual condena, durante la audiencia de ayer la fiscal advirtió que también le imputarían a los jóvenes una agravante poco conocida hasta ahora y que dice relación con haber cometido el delito en un contexto de "tumulto o conmoción popular".

"El número diez de las circunstancias agravantes habla de cometer el delito en una situación de conmoción pública y de alteración del orden. Y lo hemos invocado porque durante el incendio en la municipalidad había claramente una situación de descontrol y de desórdenes violentos en el marco de las movilizaciones que existen en el país. Así lo vamos a sostener durante la investigación y así lo compartió hoy (ayer) el tribunal", precisó la fiscal Arancibia.

El haber actuado concertados, como lo afirmó la persecutora en la audiencia, también podría ser considerada como una agravante. Y aunque el magistrado sostuvo que por ahora no existen antecedentes que demuestran un accionar coordinado o preparado entre ellos -la defensa aseguró que ambos no se conocían-, la fiscal Arancibia aseguró que durante la investigación se encargarán de reunir las pruebas para acreditar dicha acusación.

"El hecho que estuvieran juntos, que ella le dijera expresamente que quemara la municipalidad y que no llegaran casualmente al lugar, para la Fiscalía son indicios que dan cuenta de este concierto. No son personas que aisladamente hayan llegado hasta allí. Y tampoco cometieron conductas separadas. Mientras uno causaba el fuego, el otro lo estaba incitando", dijo la fiscal.

Además, la jefa del Ministerio Público de Quilpué no descartó que otras personas también puedan ser imputadas por el mismo delito. "Efectivamente, podría haber más. Se está buscando videos y revisando la información puesto que, como ha ocurrido en otros incendios, se ha apreciado que no es sólo una persona la que prende el fuego y lo propaga", indicó la persecutora.

Sobrepasados

Junto con condenar el incendio al municipio de Quilpué, la gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, reconoció que entre el lunes y martes de esta semana "tuvimos una demanda de hechos violentos mucho más alta respecto de la cantidad de funcionarios de Carabineros que tenemos".

"La petición de la ciudadanía es que estemos con personal policial en todos los lugares. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Si fallamos o no, el análisis habrá que hacerlo posterior a esta situación", respondió la jefa provincial, luego que ella misma asegurara que "hace algunos días hubo un amago de incendio y pareciera que (los vándalos) hubiesen querido terminar el trabajo".

"Sabíamos que había una estrategia por tratar de distraer y quemar algo que era el sello y el emblema de la comuna. Por eso nos querellamos y vamos a investigar a todos los que participaron", indicó la autoridad.

Si bien en un principio la Intendencia se había querellado invocando la Ley de Seguridad del Estado contra la menor de edad, finalmente decidieron recalificar por los mismos hechos que imputó la Fiscalía.

"Por la conducta y la gravedad del ilícito se pidieron esas cautelares porque son un peligro para la seguridad pública"

Mónica Arancibia, Fiscal jefe de Quilpué

"Hubo una demanda de hechos violentos mucho más alta de la cantidad de carabineros que tenemos"

Carolina Corti, Gobernadora de Marga Marga