De sentido común fue la decisión de aplazar la subasta del edificio de la fenecida Bolsa de Corredores de Valparaíso, fijado para el pasado miércoles. "Debido a la actual situación del país, y en resguardo a la seguridad de nuestros clientes, el remate del 30 de octubre será postergado hasta el 13 de noviembre", informó la firma encargada de la subasta del tradicional edificio de Prat con Urriola. El mínimo fijado para el inmueble, inaugurado en 1915, era de $1.800 millones.
La duda razonable es sí habrá interesados por la propiedad en la nueva fecha. Hace ya bastante tiempo que la inversión en Valparaíso ha dejado de ser atractiva, condición que se ha acentuado con el vandalismo y, derechamente, el delito que está castigando duramente al comercio porteño, especialmente al más pequeño y vulnerable que difícilmente podrá levantarse.
Los locales sobrevivientes operan con dificultad pues no pueden abrir debido a reiteradas marchas con su agregado de violencia. En ese clima, el edificio de la ex bolsa porteña tiene un destino incierto, tal como muchas actividades, y quizás esté condenado a ser un fantasma más de esos que evocan viejos tiempos de gloria. Si la Bolsa hubiese subsistido como tal, sin duda habría sido blanco del vandalismo pues para muchos sería considerada como la catedral del siniestro neoliberalismo mereciendo la pena capital.
Es la hora de dar seguridad al comercio, de perseguir y sancionar a quienes han participado en los saqueos y también de clarificar aquellas denuncias que hablan de complicidad de la autoridad en los ilícitos con el fin de "desprestigiar el movimiento social". Esa maquiavélica posibilidad exige claridad y los denunciantes deben aportar pruebas concretas.
El malestar social subsiste y continuarán las autodenominadas marchas pacíficas, que si bien pueden no ser violentas en los hechos en parte lo son en las consignas, palabras incendiarias que no contribuyen a avanzar por caminos de diálogo que lleven a un destino de justicia.
Es el momento del encuentro sereno en busca de soluciones para problemas concretos y acuciantes, pues, como lo afirma el rector Carlos Peña en una columna periodística, "sugerir el arreglo constitucional como si fuera la clave para resolver el malestar es una falacia…se trata de una fantasía compensatoria que podría causar peores frustraciones de las que hoy asoman como fantasmas en la vida colectiva llenándola de ruidos y furias". Advertencias realistas y de sentido común que llaman a la serenidad.