Paola Passig

En una semana intensa a nivel social y político se produjo un hito significativo. En el marco de la crisis que está cerca de cumplir un mes, el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, alcanzó lo que parecía imposible: sacar en tiempo récord un acuerdo en materia tributaria entre el Gobierno y la oposición que derribó lo que para muchos era el corazón de la reforma, la reintegración.

Uno de los artífices de este proceso fue el senador (PPD) por la Región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber. "Hoy nos encontramos con un nuevo ministro que entiende bastante bien lo que está ocurriendo en el país y que usa conceptos como estallido social", aseguró el parlamentario.

- ¿Quedó satisfecho con el acuerdo?

- En una semana hemos logrado abrochar dos grandes acuerdos. Uno en materia tributaria, que permitirá recaudar 2 mil millones de dólares en régimen y mil millones a partir del 2020 y, además, hemos logrado un entendimiento para el despacho de la Ley de Presupuesto, donde se incluyen temas importantes, como empezar a hacernos cargo de la tarifa rebajada del transporte público a los adultos mayores o el alivio a los estudiantes morosos del CAE y permitiendo que se cree una glosa para una pensión integral a todas las personas que sufrieron daño ocular en las manifestaciones. Hemos visto una disposición distinta del ministro Briones que ha facilitado las cosas, pero hay que sumar las semanas de protestas que ha hecho que la autoridad comprenda que debemos empezar a dar giros en nuestra prioridades presupuestarias y tributarias.

Recaudación

- ¿Cómo se pudo cuadriplicar la recaudación y llegar a 2 mil millones de dólares en régimen?

- Son varios temas. Recordemos que en el proyecto original las recaudaciones por boleta electrónica e impuestos digitales permitían una recaudación del orden de los 1.100 millones, pero ahora se elimina la reintegración para las grandes empresas y se impide la no recaudación de 800 millones de dólares, pero se introducen dos grandes impuestos que son progresivos y que apuntan a los más altos ingresos: por una parte, un aumento del 40% del impuesto global complementario para las remuneraciones sobre 15 millones de pesos mensuales, que recauda sobre 250 millones de dólares, y un impuesto al patrimonio inmobiliario respecto de inmueble que tengan un avalúo fiscal sobre 400 millones de pesos, o sea, estamos gravando propiedades de 700 a 800 millones de pesos, porque quien tiene una casa de un millón de dólares no es de clase media.

- Trabajaron meses con Felipe Larraín. ¿Cómo define la labor que están realizando con el actual ministro Briones?

- Este proyecto estuvo más de un año en la Cámara de Diputados y ya habíamos dado señales de que este proyecto en su versión original no se iba a poder aprobar. Hoy nos encontramos con un nuevo ministro que entiende bastante bien lo que está ocurriendo en el país y que usa conceptos como estallido social. Esa sensibilidad con lo que está ocurriendo favoreció poder entendernos en temas muy cruciales. Aquí estamos hablando de un nuevo proyecto de reforma tributaria. El anterior recaudaba 500 millones de dólares.

- El ministro Briones señaló que aún quedaban cosas pendientes que se iban a trabajar el próximo año con expertos. ¿Cuáles?

- Efectivamente, acordamos que en el plazo de seis meses se conformará una comisión de trabajo que considere expertos, académicos, centros de estudio, organismos internacionales y otros para que hagan una revisión del gasto tributario del Estado. Básicamente, hay que centrarse en un análisis detallado de las exenciones o regímenes tributarios especiales que contemplen nuestra legislación. Respecto de ellas, se analizarán los montos asociados, los grupos beneficiados y si las franquicias alcanzan los objetivos perseguidos. Esta revisión tiene por objetivo determinar si hay que reenfocar o actualizar estos beneficios con miras a avanzar en la equidad y la eficiencia. También va a comprender, y esto es muy importante, una evaluación del estado actual de que la tributación que grava las externalidades negativas como, por ejemplo, las medioambientales o las vinculadas a problemas de salud.

- A nivel regional, ¿hay algo que destacar en la ley de presupuesto?

- Sí. Primero, se comprometió una glosa para que Valparaíso pueda reconstruirse y, a la vez, afrontar temas como las demoliciones y la seguridad en la comuna. Logramos marcar mil millones de pesos para esos efectos. A eso hay que agregar los recursos para la reconstrucción del embalse de Catemu que este gobierno, de manera incomprensible, decidió postergar y que ahora va a retomar. Asimismo, se creó un fondo de apoyo para todos los hospitales públicos para respaldarlos en su gestión. Esto es muy importante para el Hospital Carlos van Buren, que ha hecho ver la escasez para la compra de insumos. Hay diversos aumentos para la inversión pública y, aunque es a nivel nacional, repercute en la región. También se fortalecen los mecanismos de apoyo a través de Corfo y el Ministerio de Economía para apoyar a todos los emprendedores, en especial aquellos afectados por el saqueo y la violencia.

- ¿En qué beneficia la reintegración para las pymes?

- Que las pymes van a poder tributar en el global complementario en base al retiro de utilidades al momento que el socio las realice. No serán atribuidas como las hacen hoy, donde no tiene tiempo de postergar el espacio en el tiempo, Tendrán un mejor manejo de flujo.

Orden público

- Briones remarcó que para mantener todo esto se necesita crecer. ¿Esta reforma lo permitirá?

- Ciertamente, esta reforma permite crecer, pero no sólo se necesitan incentivos tributarios para la inversión, que pueden ser importantes; lo que se requiere ahora es que el Gobierno pueda restablecer el orden público para generar un horizonte favorable a las inversiones y que así vuelva una actividad económica pujante para que la gente pueda trabajar, que es lo que genera crecimiento. Lo que se necesita es un nuevo pacto social que permita distribuir el crecimiento de manera más equitativa. Para eso se necesita estabilidad económica y la gobernabilidad, pero hoy las desigualdades estructurales del modelo de crecimiento es lo que pone en cuestionamiento esa estabilidad. Por eso hay que abordar una nueva Constitución.

- ¿Valparaíso necesita un tratamiento especial?

- Sí, pero no nos limitemos a esta comuna. Aquí hay que pensar en la región. Tenemos sequía y escasez hídrica, que también es una situación grave, o los problemas de contaminación en la zona de Quintero y Puchuncaví. Necesitamos que toda la zona tenga un tratamiento especial por las condiciones de desigualdad y problemas sociales que nos afectan. Lo mismo aplica para San Antonio, que tiene una de las cesantías más altas de la región.

Constitución

- ¿Este acuerdo tributario y en materia de presupuesto permiten proyectar otros como una nueva Constitución?

- Me gustaría y espero que el Presidente Piñera salga con convicción a decir que vamos a tener en Chile una nueva Constitución elaborada entre todos. Hasta el momento hemos escuchado a los ministros, pero nada de su parte. Y esto es fundamental. Hay que conocer y palpar su grado de convicción de tener una Carta Fundamental que nos interprete a todos. Ciertamente, tenemos que tener un acuerdo tributario, pero lo más importante es ponernos de acuerdo en una mirada larga, tranquila e institucional para contar con una nueva Constitución. La ciudadanía comprende que este es un tema central para la marcha del país y hemos visto que hay grandes consensos que comienzan a generarse entre los diversos poderes de Estado y de la sociedad civil.

- ¿El mecanismo debiera establecerse en un plebiscito?

- Al corto plazo puede ser importante apoyar con mucha fuerza el llamado que han hecho transversalmente todos los alcaldes de Chile sobre una consulta entre el 7 y 8 de diciembre de contar con una nueva Constitución. Sabemos que no es vinculante, pero desde el punto de vista político y de participación ciudadana, hay que fortalecerla activamente. Una vez que se determine el mecanismo, eso debe someterse a un plebiscito. Espero que los que redacten la nueva Carta Magna tengan una participación activa de la sociedad civil. Quizás una fórmula mixta sea una opción, aunque no me niego a que sea a través de una asamblea constituyente dentro de un proceso institucional acordado desde el Congreso, el que pueda ayudar a escribir nuestra Constitución.