En las últimas semanas hemos sido testigos de las movilizaciones ciudadanas más masivas desde el retorno a la democracia. Sin embargo, por factores de diversa índole, los trabajadores y comerciantes locales de la Región de Valparaíso se han visto gravemente afectados. Desde los decretos de Estado de Emergencia y toque de queda hasta la imposibilidad de poder operar y abrir al público, son sólo algunas de las dificultades que ha debido soportar el comercio local y que a la fecha acumula numerosas pérdidas económicas.

Frente a este escenario, el Gobierno no ha logrado acertar en una agenda económica que brinde contención y tranquilidad a la pequeña y mediana empresa. Si bien el "último acuerdo político" alcanzado en la comisión de hacienda trata algunas materias, es completamente insuficiente y deja de lado absolutamente a las pymes. Por el contrario, el Ejecutivo ha centrado sus iniciativas en fortalecer su agenda de seguridad, lo cual lejos de aminorar la crisis, la incentiva.

A modo ejemplar, en la Región de Valparaíso el Ejecutivo, dirigido por el intendente Jorge Martínez, ha instalado una agenda de priorización presupuestaria, donde destacan los $1.440 millones con cargo al FNDR -para ser ejecutados por Corfo en ayuda del comercio local-; y un proyecto por $1.574 millones para la reposición y adquisición de vehículos para la V Zona de Carabineros de Valparaíso.

Estas medidas reflejan las dos caras de una misma moneda, por un lado, la incapacidad de proponer una agenda de reactivación económica que sea eficiente, toda vez que los $1.440 millones son completamente insuficientes tomando en cuenta que sólo en la comuna de Valparaíso se estima que los comerciantes afectados serían cerca de 150 locales. Por otro, propone invertir $1.574 millones en equipamiento para Carabineros, lo que a todas luces va en coordinación con la agenda de seguridad del ejecutivo. Esto sólo nos hace pensar que este gobierno no está dispuesto a ceder ante las demandas sociales y sólo buscará opacar las movilización con el actuar de las fuerzas de orden y seguridad.

Es fundamental que el gobierno impulse una agenda de transformaciones, dentro de las cuales deben existir medidas inmediatas para enfrentar los costos que esta crisis ha traído a los trabajadores, al comercio local y al turismo de la Región de Valparaíso. Para ello proponemos que el Ejecutivo, en una primera etapa de contención, destine recursos suficientes en subsidios, en ayuda a paliar los costos de arriendos, tributos y sueldos de los trabajadores y locatarios de la región. Es fundamental que dichos fondos sean traspasados sin trabas, requisitos ni burocracias de ningún tipo. Posteriormente, se hace fundamental la inyección de recursos para reactivar la economía regional, donde, sin duda, el fortalecimiento de las pymes, con un nuevo marco regulatorio, debe estar dentro de las prioridades del Gobierno.

La paz social que debe buscar el Gobierno debe basarse en una respuesta inmediata a las demandas sociales, cuyo puntapié inicial debe ser un plebiscito vinculante para que la ciudadanía se exprese sobre la necesidad de una nueva Constitución y sobre el mecanismo idóneo para elaborarla, que a nuestro juicio debe ser una asamblea constituyente.

Durante casi un mes las llamas han sido protagonistas de la vida nacional. Primero las llamas urbanas, las barricadas, los incendios de locales comerciales y edificios, incluyendo templos. Y a esas llamas, apagadas a medias, se suman los incendios forestales, frecuentes de nuestra zona en la temporada de calor. Ya en Curauma, Melosilla y Casablanca el fuego ha consumido más de 3.100 hectáreas de vegetación. La amenaza de las llamas ha obligado a la evacuación de decenas de viviendas, mientras se han desplegado medios terrestres y aéreos para sofocar el fuego.

El domingo las llamas atacaron por el Camino de la Pólvora un sector del campamento Violeta Parra. Ardieron tres viviendas y una bodega, pero la oportuna acción de Conaf y Bomberos evitó la propagación y un devastador incendio como el de 2014.

Ante esta continuidad del fuego, autoridades y vecinos denuncian intencionalidad. Reafirmó esa acusación, el intendente, Jorge Martínez, llamó a denunciar y reiteró el pedido a terminar con marchas que distraen a personal que, justamente, trabaja en sofocar los siniestros. Llamado pertinente en la emergencia.

Precisando la intencionalidad, Gisella Olivares, dirigenta del citado campamento, sostuvo que "desde la mañana sospechábamos que ya venía esto, porque se notaba claramente que estaban encendiendo las llamas por debajo de la quebrada". La quebrada, como siempre, servía de chimenea.

Con una apreciación técnica y regional, el director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo, sostuvo que "por la información que manejamos, en 30 minutos tuvimos tres focos distanciados a 5 kilómetros uno de otro… Por tanto, la posibilidad de que sean incendios producidos de forma natural es imposible y es muy probable que sean intencionales".

Es una realidad de estos calurosos días, pues, sumados la sequía y el viento, se dan las condiciones para provocar un incendio. Si a ello agregamos el hecho de que muchos pirómanos andan por ahí sueltos, la intencionalidad es una posibilidad abierta.

Ya se han presentado las querellas del caso y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Sebastián Torrealba, pide la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Y es un tema de seguridad y en particular de la seguridad de los más pobres que resultan ser los más castigados por estos siniestros, como se ha comprobado ya en Valparaiso.

En la situación actual, con la violencia de que ha sido víctima todo el país, la intencionalidad es una posibilidad que exige investigación a fondo con medios técnicos para llegar a la verdad y a los culpables. Además, la ineludible investigación debe ser considerada como una etapa más en la lucha contra estos amenazadores siniestros.

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