"Si existe una discrepancia fundamental, los tercios enfrentados van a verse en la obligatoriedad de ponerse de acuerdo"
Andrés Allamand
Senador RN
"Es urgente adoptar medidas que permitan a la población acceder a ellos (medicamentos) a un menor precio"
Ricardo Riesco
Fiscal nacional económico
Comerciantes de Valparaíso, nuevamente maltratados por los saqueos, anuncian una demanda contra el Estado por incumplir su deber de garantizar el orden y la seguridad pública. Esto, ante la reiteración de esos delitos en la tarde del lunes en el sector Bellavista- Ecuador, en que tres locales fueron asaltados por una turba en medio de nuevas manifestaciones.
El presidente de los locatarios de la subida Ecuador, Raúl Rojas, afirmó que más de 200 comerciantes porteños suscribirán la demanda. Esta acción se suma a las ya iniciadas por Walmart, propietaria de la cadena de supermercados Lider, gravemente afectados a lo largo del todo el país.
Independientemente del daño económico que significan incendios y saqueos de negocios grandes y pequeños, junto a problemas de abastecimiento de la población, aparece el desempleo, pues muchos de los comerciantes afectados no tienen capacidad para solventar los sueldos del personal.
Precisando el tema, Rojas informó que en el sector ya hay 120 despidos y varios locales han cerrado definitivamente.
La falta de protección que denuncia el comercio da cuenta que la autoridad, concretamente Carabineros, ha sido sobrepasada. Lo anterior supone que la acción policial no es lo suficientemente eficaz para controlar el orden público. ¿Qué falto? ¿Más personal, estrategia, elementos disuasivos, inteligencia…?
Ante las acciones judiciales el Estado debe responder dando cuenta de las medidas aplicadas, incluso el estado de excepción suspendido que, en algún momento, estuvo a punto de ser retomado.
Paradojalmente, cuando los afectados por los hechos de violencia en sus actividades, en su seguridad y en su salud física y mental se quejan por desprotección, desde otro frente se condena la acción policial desconociendo que esa acción es una respuesta al masivo de vandalismo. Se exhiben lamentables casos de graves lesiones y excesos en la represión, exigiendo sanciones administrativas y penales.
En esta compleja situación, donde hay muchos matices, destaca una campaña contra las policías con permanentes agresiones, consignas cargadas de violencia y con el apoyo de voces autorizadas que se suman al coro de lo "políticamente correcto", esgrimiendo la violación a los derechos humanos, pero sólo de un sector.
Ante esa realidad, la acción de la autoridad queda en los hechos inhibida y limitada, pues cualquier acción puede ser esgrimida en su contra olvidando el contexto, donde la violencia masiva es pública, notoria reiterada y hasta justificada.
¿Deberá el Estado responder por los daños al comercio de Valparaíso, de Reñaca, de Viña del Mar o de las cadenas de supermercados? Difícil decisión para los tribunales que, téngase presente, también son parte del Estado.
En los tiempos que corren, imborrable primavera de 2019, la universidad debe cuestionarse respecto del rol que le cabe en medio de la crisis social que enfrenta Chile. No puede permanecer ajena, debe con urgencia y con esmero desempeñar el protagonismo que la interpela.
La eliminación de obstáculos estructurales no puede ser resuelta sólo desde esfuerzos individuales, requiere también de voluntades colectivas, donde la universidad puede contribuir desde el fomento de su capacidad dialógica. Si la universidad promueve el dialogo cívico y plural entre sus integrantes y con las comunidades en que se inserta, se conecta con ellos y con Chile. Se transforma en una comunidad ideal de comunicación que transforma la sociedad. La reciprocidad, la empatía, la corresponsabilidad solidaria, la colaboración, el respeto y la inclusión son valores que puede favorecer.
En este diálogo deben estar presentes todas las posiciones de enunciación y todas las posibilidades de argumentación legítimamente orientadas al consenso, ocupándonos porque los intereses de todos estén representados, especialmente de quienes son considerados vulnerables y son más bien vulnerados. La universidad debe escuchar a sus estudiantes, a los profesionales que forma, a sus académicos y funcionarios, a la sociedad que la requiere. Si la universidad dialoga, es posible confiar en que el país dialogue. La justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto irrestricto a los derechos humanos, hoy más que nunca claman por encarnarse, hacerse verbo, palabra y acción.
La universidad puede desde su origen sustentado en el compromiso social, colaborar en quitarle espacio a la rabia, a la represión, a la violencia en todas sus formas, porque si no se involucra, se implica y complica, se convierte en un actor que no actúa, pasivo, silente, sin rol, cómplice y violento a la vez. Cada uno de nosotros tiene el derecho de vivir en paz, en dignidad y justicia social.
Nuestro país requiere transformaciones sociales y la educación superior debe estar a la altura para construir un Chile diverso, inclusivo, justo y solidario. Esa es la realidad frente a nosotros, tengamos el genuino interés de observarla, escucharla y hacernos cargo de lo que nos atañe, porque un profesor tiene mayor responsabilidad cuando asume la obligación de formar a sus estudiantes y un líder político tiene mayor responsabilidad cuando decide representar las necesidades de quienes lo eligieron para gobernar. No perdamos esta oportunidad valiosa, no dejemos que nuestro bienestar individual nos haga ciegos, sordos y mudos ante el malestar social, porque un profesor también educa cuando actúa. Entonces, que nuestros actos sean democráticos, justos y dialógicos, es parte del deber ético-político que estamos convocados a asumir para romper con la desigualdad y aportar al desarrollo social para todos.
En Parral, la suscripción recogida para el monumento del general O'Higgins asciende ya a más de 400 pesos. ¡Qué lección para otros pueblos opulentos de la República! Hasta aquí sólo Santiago y Parral han contribuido. ¿Qué esperan Copiapó, La Serena, Talca, Chillán, Concepción, San Felipe y sobre todo Valparaíso?
El Ministerio del Interior ha dado curso al decreto que concede un préstamo de $ 400.000 a la Municipalidad de Viña del Mar, que se destinarán a la construcción de las obras de defensa y hermoseamiento de la costa y playas del balneario. Los fondos serán entregados a la corporación por la Tesorería Fiscal de Valparaíso.
El gobierno calificó ayer de "extremadamente delicado y serio" el problema de abastecimiento de artículos alimenticios que está provocando la sequía en el país. La situación ha motivado a declarar un estado de emergencia en la zona central. El Ministerio de Economía hará gestiones para importar, a la brevedad, cebollas y papas.