Katherine Escalona M.

El fallo emitido por la Corte Suprema esta semana pone en tela de juicio la construcción del hotel Punta Piqueros, que se está edificando en Concón y que lleva más de un 85% de avance.

Ello porque en el documento, el máximo tribunal determina la nulidad del permiso de edificación que fue otorgado por el municipio, en enero del 2011, y además mandata que la empresa, Inmobiliaria Punta Piqueros S.A., debe someter el proyecto a tramitación ambiental. Tener una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

La situación legal crea un complejo escenario para que el privado continúe con la edificación que desde su construcción ha estado sometido a proceso legal por parte del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, entidad que ha presentado diversos recursos a los tribunales en contra de la obra desde el 2010 a la fecha.

Paralización

En este sentido, el abogado del Comité Pro Defensa, Gabriel Muñoz, destacó la labor del máximo tribunal y aseveró que con la determinación de la Suprema lo que se espera es la paralización del inmueble, que ayer fue solicitada a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y posterior demolición que tendría que ejecutar el mismo privado.

La inmobiliaria, dijo Muñoz, "obtuvo un Estudio de Impacto Ambiental y el Tribunal Ambiental se lo declaró nulo, por lo tanto, no tienen ni permiso de construcción ni permiso ambiental y aún así tienen el 90% de la obra construida. Lo que estamos viendo ahora es exactamente el abuso del poder económico para la destrucción del medio ambiente, una de las causas de la crisis que estamos viviendo como país".

Afirmó que "ante esto, nosotros hoy (ayer) presentamos la solicitud de paralización de la obra de forma inmediata a la Corte de Apelaciones de Valparaíso e, inmediatamente, vamos a estudiar que la demolición por parte de la misma empresa que construyó ilegalmente y de mala fe su hotel". Anders recalcó que también se estudia una acción en contra de la Municipalidad de Concón, que había refrendado el permiso de obras del hotel.

Sobre la situación de paralización, el jefe del Departamento Jurídico del municipio de Concón, Patricio Anders, recalcó que "la municipalidad, dando estrictamente cumplimiento al fallo, tiene que dictar los actos administrativos correspondientes en virtud del cual deja sin efecto todos a aquellos actos que fue instruido por el máximo tribunal".

Y, agregó, "obviamente instruir que a través de la Dirección de Obras (DOM) se tenga que decretar la paralización de cualquier obra que se esté ejecutando en el lugar del proyecto atendido que al carecer de permiso de edificación no podrían estar ejecutando obra alguna en el sector".

Sin embargo, esto fue refutado por el querellante quien dijo que será el tribunal de alzada quien debe decidir la paralización más allá de lo que determine el municipio, entidad- que según informó- no tienen la faculta de realizarlo.

Bajo este tenor, Muñoz recalcó que "el municipio es cómplice no pasivo sino que activo de esta destrucción del medio ambiente, por lo tanto, lo mínimo que esperamos es que si eventualmente la empresa tenga la patudez de pedir un nuevo permiso de construcción por parte de la inmobiliaria al menos el alcalde ahora diga que no porque no se puede construir porque, según el propio Plan Regulador de Concón, en el borde costero no se admiten construcciones porque es inundable por marejadas y por tsunami y esta construcción no cumple con el PRC del año 2017".

Consultada sobre la situación del proyecto, la empresa informó que, primeramente, iban a enviar una declaración pública sobre lo que estaba pasando. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta por parte del privado.

Recurso de protección

El abogado Gabriel Muñoz, además, informó que el Comité Pro Defensa presentó un recurso de protección en el tribunal de alzada por la mitigación que realizó la empresa del hotel Punta Piqueros en la Roca Oceánica. "Haber autorizado la intervención de la Roca Oceánica sin permiso ambiental es una destrucción", dijo.

"Presentamos la solicitud de paralización de la obra de forma inmediata a la Corte de Apelaciones"

Gabriel Muñoz, Abogado querellante

"La municipalidad (...) tiene que dictar los actos administrativos correspondientes (...) decretar la paralización"

Patricio Anders, Abogado municipal

Por unanimidad, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó ayer un acuerdo entre la administración y la empresa Consorcio Valparaíso S.A, que permitirá que en un plazo máximo de 120 días desde que se autorice el reinicio de obras pueda ser entregado de manera definitiva el proyecto de estacionamientos subterráneos en la Plaza O'Higgins, que además incluye la remodelación completa de dicho espacio público.

Tal como lo había adelantado este Diario, el acuerdo fue presentado ante los ediles tras meses de negociación entre ambas partes, que evitó la continuidad de una millonaria demanda judicial que había interpuesto la empresa en contra del municipio por incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios.

Con esto, el consorcio podrá continuar con los últimos detalles del anhelado proyecto, que ya alcanza un 98% de avance. Además, con la aprobación del acuerdo se confirmó el traspaso de $100 millones por parte de la empresa hacia el municipio, que será cancelado en dos cuotas de $20 y $80 millones cada una.

Críticas al contrato

La votación de ayer, sin embargo, no estuvo exenta de polémica al recordar el excesivo atraso que ha sufrido la iniciativa, que ha obligado a tener cerrada por alrededor de diez años la tradicional plaza ubicada en el barrio El Almendral.

"Esta es una de las decisiones más complejas que hemos tenido que tomar desde la perspectiva administrativa. El contrato de la Plaza O'Higgins representa lo peor de la administración pública. Representa el tipo de municipalidad que nadie quiere. Es una de las decisiones urbanas más nefastas que ha tenido esta ciudad y que ha provocado un impacto y una pérdida a todo el sector y el entorno", criticó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

La autoridad agregó que el contrato suscrito en la administración anterior "estuvo hecho a la medida del concesionario y puso a la municipalidad de Valparaíso de rodillas".

En esa línea, el jefe comunal aseguró que el contrato con la empresa "nos va a permitir hacer justicia con Valparaíso".

De todas maneras, distintos concejales manifestaron sus inquietudes respecto de las instalaciones en la superficie de la plaza, como el tipo de luminarias que se colocarán o qué va a pasar con las áreas verdes.

En tanto, sobre los plazos del proyecto, en el acuerdo se estableció el pago de millonarias multas en la eventualidad de que el consorcio no cumpla con el cronograma establecido por ambas partes.

"El contrato de la Plaza O'Higgins representa lo peor de la administración pública"

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso