Redacción

El Presidente Sebastián Piñera sostuvo que, tras decretar el estado de emergencia el 19 de octubre, "en algunos casos no se cumplieron los protocolos, no se cumplió la ley, se cometieron excesos, se cometieron abusos". En un encuentro que sostuvo con la prensa extrajera, dijo que todo aquello "está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los tribunales de justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de derecho".

Consultado por si ha considerado crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, expresó: "Chile tiene una institucionalidad democrática, tenemos tribunales de justicia independientes, una Fiscalía independiente, instituciones cuya labor y en forma independiente y autónoma del Gobierno es proteger los derechos humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la Defensoría de la Niñez".

"Todas esas instituciones han funcionado con plena independencia, con total autonomía y con el total apoyo y respaldo del Gobierno (...). Nuestra democracia ha pasado por una prueba muy difícil, pero ha demostrado que tiene raíces profundas", agregó. También dijo que ha buscado "compatibilizar el orden público con los derechos humanos".

Números de amnistía

Piñera hizo tales declaraciones el mismo día que Amnistía Internacional (AI) denunció, a través de un informe, graves violaciones a los derechos humanos tras realizar observaciones en terreno por casi tres semanas en el país.

Amnistía Internacional destacó el uso de armamento militar en manifestaciones pacíficas, torturas, abusos sexuales y lesiones oculares por uso de armas antidisturbios letales o por el mal uso de bombas lacrimógenas. Hasta el momento, ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones, ocurridas entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

Érika Guevara, directora para las Américas del organismo, declaró que ha habido "ataques generalizados contra la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar" a quienes se expresan.

En el informe de AI se asegura que el Ejército usó al menos en cuatro ocasiones armas letales y que, en otros casos, la PDI y Carabineros también lo hicieron.

Pilar San Martín, especialista del equipo de crisis, indicó que en las decenas de casos documentados por la organización, "ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o ser matada".

Amnistía pidió al Gobierno dar "órdenes precisas" a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la "máxima restricción" en el uso de la fuerza, y dijo que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que conduce a pensar "en la responsabilidad del mando al más alto nivel".