Paola Passig

A pocas horas de que comenzara a funcionar en el ex Congreso de Santiago la comisión técnica asesora para materializar el acuerdo constitucional en un proyecto de ley, persiste la polémica respecto a cómo lo interpretan el oficialismo, o parte de él, y la oposición. La controversia se desató luego que el senador Andrés Allamand (RN) señalara que si no se lograban los dos tercios acordados, seguía rigiendo la constitución vigente. Una visión que encendió las alarmas en la vereda opositora.

El diputado Gabriel Silber (DC) analiza esta coyuntura y también la situación por la que atraviesa el país.

- ¿Qué le parecen los dichos del senador Andrés Allamand (RN) de que lo que no se apruebe en la nueva Constitución con los dos tercios de los constituyentes, seguirá rigiendo lo establecido en la Carta Fundamental del 80?

- Es muy irresponsable lo que hace el senador Allamand, porque implica borrar con el codo lo que escribiste con la mano. Este acuerdo requirió de mucha seriedad y altura de miras; en este caso se trató de un esfuerzo transversal de quienes estamos en política. Entonces, esto de establecer dudas o reinterpretaciones respecto de temas que están claros en el acuerdo constitucional es un muy mal precedente del debut del proceso constituyente que vamos a iniciar. No nos podemos hacer trampas en solitario sobre el tema central que despejó este acuerdo y esto es que ningún sector puede poner el pie sobre el otro a la hora de buscar acuerdos. Por eso el quórum de las dos terceras partes. Y segundo, nos obliga a dialogar y conversar hasta lograr niveles de acuerdo que requiere el umbral fijado en dicho proceso constituyente.

- El senador Allamand asegura que es la interpretación correcta y que eso obligará a buscar acuerdos sí o sí.

- A mayor abundamiento, el propio documento señala que será la convención constituyente, con un quórum de dos terceras partes, la que tendrá que ponerse de acuerdo sobre el mecanismo de aprobación, sanción, discusión y deliberación de la nueva Carta Fundamental. Esta será, a mi juicio, la norma de clausura que va a evitar reinterpretaciones de este acuerdo. Y aquí, sin duda, estará el talón de Aquiles del proceso completo o la llave que permita despejar efectivamente todos los temas pendientes del debate constitucional.

- ¿Qué le parece la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera?

- Para destituir a un Presidente se requiere más de dos tercios del Congreso y particularmente en el Senado. La derecha, por sí sola y con sus votos, va a bloquear el paso de esta acusación. En consecuencia, el resultado es predecible, y si se suma que entrega elementos de mayor desestabilización del país, creemos que esta no es la vía ni el antídoto que demanda nuestro país para salir de la falta de gobernabilidad que atravesamos. En consecuencia, no estoy por apoyar esta acusación constitucional, primero, porque tiene un destino conocido y, segundo, porque no es parte de la solución ni del cese de la violencia en nuestro país. Digamos las cosas por su nombre: quienes creemos en el Estado de derecho sabemos que el precedente constitucional es muy negativo y está en las antípodas de la solución. El Presidente Piñera ganó una elección de manera democrática y con una alta votación y lo lógico es respetar su mandato y que éste termine como debe. En consecuencia, no nos parece procedente intentar interrumpir de esta manera el mandato de un gobernante en democracia.

- Hay una demanda social muy potente en la calle que hasta ahora no encuentra respuesta. ¿Cómo armaría una agenda social?

- Quienes estamos en política y tenemos un cable a tierra sabemos cuáles son los malestares de Chile. Están las pensiones, los medicamentos, el costo de la vida en primer lugar. Lo que me preocupa es que a más de un mes del estallido social no hemos sido proactivos en atender el sentido de urgencia de estas reformas y su aprobación en el Congreso, y proactividad por parte del Gobierno. En consecuencia, así como atendimos con urgencia la necesidad de una nueva Constitución y fuimos capaces de parir un acuerdo constitucional, con la misma urgencia debiéramos acotar esta agenda social profunda y en un plazo de semanas atenderla de manera proactiva. En esto estamos absolutamente al debe desde el punto de vista político, tanto del Congreso como en el Gobierno.

- Diputados de la DC, el PS, el PPD y RD criticaron el acuerdo en materia de pensiones alcanzado en el Senado en medio de la discusión del Presupuesto. Todo indica que irá a comisión mixta. ¿Por qué?

- Claramente la agenda social no se ve cubierta por el acuerdo del Senado que es exiguo en cuanto a las expectativas ciudadanas. Si bien la discusión puede estar en torno a las cifras, para la Cámara el pecado original está dado en un muy mal acuerdo tributario que sólo entrega 800 millones de dólares originales y un paquete total de 1.500 millones de dólares. Pero la agenda social en materia de pensiones y en materia de empleo mínimo o salud es el doble de lo que va a rentar en régimen dicho acuerdo tributario alcanzado por los senadores y el Gobierno.

- Las violaciones a los DD.HH. es un tema pendiente. ¿Debe renunciar el general director de Carabineros, Mario Rozas?

- Cuando el propio Presidente Sebastián Piñera le quita su confianza al ministro del Interior y hace cambios en esta cartera -que es responsable del orden público- igual ejercicio debiera hacer respecto del alto mando de Carabineros. Estamos viendo cómo el lumpen y la violencia le está ganando protagonismo a la agenda social y tampoco estamos viendo resultados desde el punto de vista de la persecución policial respecto del vandalismo y el saqueo que han afectado al país. En consecuencia, creo que una renovación de las filas del alto mando de Carabineros, partiendo por su general director, sería finalmente uno de los antídotos para iniciar una etapa distinta en lo que se refiere al orden público y el fin a la violencia que esperamos gane en las calles de nuestro país.

- Carabineros y FF.AA. criticaron el informe de Amnistía Internacional que acusa violaciones de DD.HH., señalando que "no contiene ninguna prueba". La Moneda respaldó esta posición.

- Lo que hace el Gobierno, desconociendo el informe de Amnistía, es dispararnos a los pies. El peor camino es invisibilizar lo que ocurre en materia de DD.HH. y pone a nuestro país en la vereda opuesta de la historia. Amnistía Internacional fue un referente importante para nosotros en dictadura. Lo importante aquí es recoger sus propuestas y observaciones, recoger el guante, y no rechazar el informe echándolo al tacho de la basura. Eso no corresponde ni en una democracia ni en un Estado de derecho como es nuestro país.

"El propio documento señala que la convención constituyente tendrá que ponerse de acuerdo sobre el mecanismo de aprobación de la nueva Carta Fundamental"