Chile cambió y, ante esto, nuestro deber como Gobierno es avanzar responsable y comprometidamente hacia el cambio que millones de chilenos piden. Para dar respuesta a las urgencias de las personas, que bien sabemos son muchas y todas importantes, el Presidente Sebastián Piñera anunció la Agenda Social, que contiene medidas tan relevantes para la ciudadanía como mejoras a las pensiones, reducción del precio de los medicamentos, un seguro catastrófico de salud para la clase media, el ingreso mínimo garantizado, la disminución de las contribuciones para los adultos mayores y la creación de la Defensoría de las Víctimas.

La Agenda Social es un primer paso del Gobierno para entregar rápidamente soluciones a las familias chilenas y está avanzando de manera concreta y acelerada. El mecanismo de estabilización de los precios de las cuentas de la luz, la capitalización del BancoEstado para ir en apoyo de las pymes, Consultorio Seguro, que protege la integridad de los funcionarios de los establecimientos de salud y educación, ya se encuentran listas para convertirse en ley.

Adicionalmente, gracias al diálogo y a la disposición transversal de parlamentarios de distintos sectores, otras iniciativas de la Agenda Social continúan su tramitación legislativa: el proyecto que permite a Cenabast intermediar en la compra de medicamentos para disminuir sus precios, el adelanto de la entrada en vigencia del pago a 30 días para apoyar a las pymes, la modificación al subsidio del transporte público y la reforma a los notarios, entre otras.

Esta Agenda Social emana, precisamente, de las personas. El Gobierno, al asumir, ya la adelantaba en su programa como prioridad, pero hoy es tiempo de acelerarla con el apoyo de todos. Es fundamental seguir generando y construyendo espacios de encuentro, alejados de toda violencia, que permitan escucharnos y acercar posiciones para lograr nuevos acuerdos, por el bien de nuestros niños, adultos mayores y trabajadores. Esta es una tarea conjunta que, estamos seguros, es la única herramienta que nos permitirá construir un presente y futuro justo para todos.

En ese sentido, quiero agradecer el compromiso del Congreso, que ha estado a la altura de esta importante tarea y que ha entendido el sentido de urgencia y la premura que tienen los chilenos para que saquemos adelante las medidas que mejoran su calidad de vida y la de sus familias. Agradezco también a quienes han hecho suyo el llamado del Presidente a los acuerdos por la Paz, la Justicia Social y una Nueva Constitución.

Es innegable que hemos sufrido cambios este último mes. Sin embargo, lo que no podemos transar es el valor de la democracia como herramienta para mejorar, a través del diálogo y el respeto, la vida de todos los chilenos y el compromiso que tenemos como Gobierno de hacer realidad, mediante un acuerdo amplio, la Agenda Social.

"Es fundamental seguir construyendo espacios de encuentro, alejados de toda violencia, que permitan escucharnos y acercar posiciones para generar nuevos acuerdos".

* Felipe Ward, ministro secretario general de la Presidencia.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Manuel Melero, ayer se refirió al impacto de la crisis social que atraviesa el país en el mercado, lo que podría repercutir en el desempleo, ya que las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan el 40,6% de los puestos de trabajo en Chile. Aparte, "veníamos teniendo un resultado en las ventas y en el empleo bastante precario hasta antes del 18 de octubre. Ese fenómeno se ha agravado", afirmó el representante gremial.

"Veníamos teniendo un resultado en las ventas y en el empleo bastante precario hasta antes del 18 de octubre. Ese fenómeno se ha agravado y pensábamos que íbamos a perder alrededor de 30 mil empleos este año, en circunstancias normales. Ahora esa cifra se va a duplicar, por lo menos", dijo Melero ayer a radio Cooperativa.

El dirigente llamó a "hacer esfuerzos muy urgentes para ir en auxilio de las pymes, esto no es solo del comercio, el turismo también, que está más afectado que nosotros; y evitar la quiebra de muchas empresas pequeñas y el consiguiente desempleo que ello produce. En eso estamos trabajando como gremio con las autoridades, los organismos fiscales, los bancos, para que los créditos sean reprogramados o hagan inyecciones fiscales de recursos económicos a las pymes que están sin ventas y así no desaparezcan, no quiebren", explicó Melero.

Hoy se cumplen 36 días desde el inicio de los desmanes que "nos ha afectado muy gravemente porque aparte de los saqueos, de los robos, de los incendios que han seguido produciéndose en contra del comercio a lo largo de todo el país, (...) hemos tenido, en paralelo, el impedimento de poder funcionar con normalidad en los horarios de apertura y cierre", señaló Melero y agregó que "hay preocupación porque ya se acerca la Navidad, que es el periodo en que el comercio abastece a los ciudadanos y no sabemos si las condiciones de orden público del país van a permitir una operación normal".

Redacción

La misión enviada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos concluyó esta semana su trabajo en el país, donde visitó a autoridades de Gobierno así como a detenidos y heridos durante las manifestaciones. Si bien el informe de la situación se publicará durante los próximos días, la organización internacional aseguró contar con "testimonios perturbadores". En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció ayer que Carabineros seguiría usando perdigones durante las movilizaciones.

"Después de haber escuchado extensos testimonios, muchos de ellos perturbadores", señaló el organismo de la ONU en su página web, "se preparará un informe público que contendrá hallazgos detallados de la misión y se formularán recomendaciones para el Gobierno. El informe será publicado dentro de dos a tres semanas".

El grupo de expertos se reunió con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, Carabineros, el INDH y la Defensoría de la Niñez, más de 300 integrantes de la sociedad civil y alrededor de 230 personas heridas y detenidas, además de recorrer comisarías, cárceles y hospitales en las regiones de Antofagasta, La Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, RM y Valparaíso.

"La oficina llama a las autoridades a asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares, y que todas las posibles violaciones pasadas, presentes o futuras -incluido en el contexto de protestas y en centros de detención- sean investigadas plenamente", indicó el Alto Comisionado liderado por la ex Presidenta Michelle Bachelet.

El Ministerio de Justicia respondió que "las posibles violaciones que han sido denunciadas, están siendo y serán investigadas por el Ministerio Público, y deberán ser sancionadas por los tribunales de justicia, según corresponda. Todo lo anterior, en pleno acuerdo con el llamado que realizó Naciones Unidas".

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en paralelo calificó de "muy importante la misión técnica de la CIDH (Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA) a Chile. Han ocurrido muy graves violaciones de DD.HH. en el país".

Amnistía internacional

Amnistía Internacional, por su parte, esta semana denunció que las vulneraciones a los DD.HH. en el país "no son hechos aislados", tras investigar diversos casos en las mismas regiones donde trabajó la misión de la ONU. El Gobierno acusó "múltiples deficiencias" en el informe. Pese a esto, la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos (ANFUDDHH) emitió un comunicado afirmando que "rechazamos rotundamente la descalificación del Gobierno sobre el Informe preliminar de Amnistía Internacional".

En tanto, la investigadora de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, explicó a Radio U. de Chile que "el llamado de respetar los DD.HH. tiene que ser muy concreto. El Gobierno tiene más responsabilidad que simplemente decir 'por favor respeten los DD.HH.'".

Perdigones

Observadores del INDH fueron el viernes a la protesta en Plaza Italia y "constataron que Carabineros continúa usando escopetas antidisturbios", coincidiendo con sus pares de Valparaíso y Los Ríos, pese a que el martes Carabineros anunció la suspensión de su uso.

El presidente de la Cruz Roja, Patricio Acosta, aseguró a Cooperativa que "seguimos recibiendo heridos con perdigón (...) alguien está faltando a su palabra, o hay otro tipo de personajes haciendo uso de estos elementos".