Cristián Rodríguez F.

En abril del próximo año, el país comenzará a escribir uno de los capítulos, quizás, más importante de su historia. Si efectivamente la ciudadanía ratifica en las urnas que se trata de una de las principales demandas por la que han marchado durante semanas, desde ese mes se empezará a construir -desde una hoja en blanco- la nueva Constitución Política de Chile.

Es cierto que tanto el oficialismo como la oposición, además de la sociedad civil, han coincidido en que no es la única respuesta al estallido social que vive el país desde el pasado 18 de octubre. Pero también es igual de cierto -dicen algunos abogados constitucionalistas- que la actual carta fundamental del país no garantiza de manera expresa ciertos derechos básicos, y que ahora sí podrían quedar consagrados.

Por lo mismo, y pese a que resta más de un año para que se inicie el funcionamiento de la convención mixta o constituyente -si así lo deciden las personas en el plebiscito de entrada-, durante los últimos días ya han empezado a esbozarse los principales temas a debatir durante el histórico proceso, mucho de los cuales podrían tener un efecto preponderante en la Región de Valparaíso.

Derecho del agua

Artículo 19 número 24: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

Se trata, por lejos, de uno de los temas que podría generar mayor discusión entre los asambleístas, y que a juicio de algunos parlamentarios y movimientos es la principal causa de la grave sequía que vive la zona interior, en especial Petorca, La Ligua y Los Andes.

Al respecto, el abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Manuel Núñez, explicó que "los derechos de aprovechamiento de agua están protegidos por el derecho a la propiedad", lo que podría ser eliminado en una nueva Constitución si es que un tercio más uno de los integrantes se opone a mantener el mismo articulado.

En ese caso, el abogado precisó que "nos quedaríamos con la actual regulación del Código de Aguas, pero eso no significa que los derechos queden sin protección, sino que tendrían que ser expropiados".

Sin embargo, también existiría la posibilidad de definir una nueva regulación. "Por ejemplo, se podrían consagrar requisitos más exigentes para que el Estado entregue estas concesiones, con nuevas formas de caducidad (los actuales derechos son a perpetuidad) e incluso sin expropiaciones".

Un cambio que en el mundo agrícola ya miran con preocupación y que, por cierto, están en completo desacuerdo.

Rechazan cambios

"Claro que nos puede afectar. El tema del agua es grave, no lo discuto, pero se soluciona con la actual legislación que tenemos y no se necesita cambiar la titularidad de la tenencia del agua para arreglar el tema".

Con esas palabras se refirió el presidente de la Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia de Petorca (Agropetorca), Alfonso Ríos, quien de manera personal aseguró que "en el plebiscito de entrada voy a votar por la opción No, porque los cambios sociales que necesita el país no requieren de una nueva Constitución".

Consultado sobre el escenario más pesimista para ellos, el representante aseguró que "el mayor riesgo es que todos los derechos de agua pasen a manos del Estado y sea un burócrata de turno el que decida a quién se los entrega o no".

"Alguien podría tener cinco litros por segundo y de la noche a la mañana te los reducen a dos, siendo nuevamente el Estado el que determine cómo vive la gente. Me parece que sería un asunto regresivo, porque hasta ahora ha funcionado bien. Hay que hacer las correcciones debidas, como un balance hídrico, pero no se requiere un cambio constitucional", expuso el presidente de Agropetorca, cuya postura rápidamente fue rebatida por quienes se han sentido perjudicados con el actual modelo.

A manos del estado

"El agua tiene que quedar consagrada como un derecho humano en la nueva Constitución". Así de claro lo señaló el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez (PC), quien aseguró que es la única alternativa que le quedaría al país para superar la grave escasez hídrica.

"Debiese existir una nueva administración en que el Estado sea el regulador y no exista una apropiación ni privatización del agua", precisó el jefe comunal, agregando que se tendría que definir un sistema para compensar o expropiar a quienes actualmente poseen derechos de aprovechamiento.

En ese sentido, en su cuenta de Twitter el senador Guido Girardi (PPD) agregó que la actual Constitución "permite la privatización del agua, privilegiando su uso por sobre el consumo humano y animal", acompañando una imagen con la consigna "Agua de todos".

Impuestos regionales

Un segundo tema que debería ser analizado durante el proceso constituyente apunta a la descentralización del país, sobre todo por la elección de gobernadores regionales -figura que recae en los intendentes- que se celebrará en octubre.

En ese contexto, el director de Derecho de la PUCV aseguró que en la nueva carta fundamental podría habilitarse la opción de que las regiones "puedan recaudar impuestos en base a las actividades productivas que se dan en su territorio, como el caso del puerto". Es decir, una suerte de Ley Valparaíso como ha sido promovida.

El presidente del Centro de Estudios Regionales (CER), Manuel Tobar, coincidió con el abogado al señalar que el actual artículo 122, que establece que las todas municipalidades gozan de autonomía financiera, también debería aplicarse para el caso de los Gobiernos Regionales (Gores).

"El proceso de descentralización se puede ver fortalecido en una nueva Constitución. Así como los municipios están habilitados para establecer ley de rentas y tributos, creo que se debiese garantizar que los Gores también puedan tener sus propios ingresos para financiar sus planes de desarrollo", sostuvo Tobar, quien también propuso que se faculte al nivel central "para que pueda transferir servicios públicos hacia los Gores a nivel constitucional".

Quintero-puchuncaví

Los efectos que tendría una nueva Constitución en la zona, sin embargo, no se quedarían sólo en esos dos puntos.

A raíz de la crisis medioambiental que vive Quintero y Puchuncaví, para muchos es necesario perfeccionar el actual artículo que garantiza el derecho "a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", y donde el Estado tiene el deber de "velar para que no sea afectado" y "tutelar la preservación de la naturaleza".

En esa línea, el diputado por la zona y quien fuera presidente de la comisión investigadora por los episodios de intoxicaciones en 2018, Diego Ibáñez (CS), comentó que el problema del actual derecho es que "se subordina a la propiedad privada, haciendo que la naturaleza se administre como una sociedad anónima".

Por lo mismo, recomendó seguir el ejemplo de otros países latinoamericanos, donde las constituciones más recientes "incorporan la idea de entendernos a las personas como parte de la naturaleza, considerando visiones de los pueblos originarios y otorgándole al Estados una mayor responsabilidad para hacer efectivo el desarrollo sustentable".

Una posición que, sin embargo, no fue compartida por el diputado Andrés Longton (RN), quien a su juicio las constituciones "tienen que consagrar grandes derechos y dejar que las leyes hagan el detalle".

"Lo más probable es que si garantizas una serie de derechos interminables, que no se pueden llevar a cabo, esto se va a judicializar. El derecho de vivir sin contaminación está muy bien consagrado y es explícito, pero eso tienes que acompañarlo con el modelo de desarrollo del país", sostuvo.

Comunidad rapa nui

Otra de las materias, en tanto, que ya ha sido propuesta a nivel nacional consiste en establecer que Chile un país plurinacional y, de esa manera, se reconozca definitivamente a los pueblos originarios.

En la región, una modificación en esos términos beneficiaría especialmente a la comunidad de Rapa Nui. "Nadie duda que es uno de los aspectos que debiese mejorar la Constitución y así ojalá establecer criterios más específicos para el estatuto especial, que en doce años el Congreso no lo ha aprobado", explicó Núñez.

En esa línea, si se reconoce a los pueblos originarios como tal, el constitucionalista de la PUCV detalló que "se debería discutir si el nuevo Parlamento, ya sea uni o bicameral, va a tener escaños reservados para ellos, lo que impactaría directamente en Isla de Pascua".

Asimismo, el territorio insular también se podría ver beneficiado en la eventualidad de que el mecanismo que cree la nueva carta reserve cuotas para los pueblos originarios.

Municipios y ff.aa

La actual Constitución Política del país asimismo establece los criterios generales de las administraciones comunales, por lo que el mundo municipal también mira con expectación un cambio durante el proceso.

"Es una gran oportunidad para que la estructura municipal y su orgánica sea vean fortalecidas, tanto con recursos como con funciones. Si transformamos a los municipios en gobiernos locales y no sólo en meros administradores del Estado, estaremos incentivando la descentralización y entregando una respuesta más rápida y eficiente a la ciudadanía", expuso el alcalde de Limache y presidente de la Asociación de Municipalidades de Valparaíso, Daniel Morales (RN).

En tanto, sobre el actual capítulo XI de la Constitución Política, que establece los principios básicos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el diputado por Valparaíso y presidente de la comisión de Defensa, Jorge Brito (FA), afirmó que "el proceso constituyente es una oportunidad para reconfigurar las relaciones de poder entre los ciudadanos y las instituciones, y ahí efectivamente caben las FF.AA., cuyo diseño de funcionamiento estuvo configurado desde la dictadura y hasta ahora no ha sido revisado".

"Hay derecho a vivir sin contaminación, pero se subordina a la propiedad privada, lo que hace que la naturaleza se administre como una sociedad anónima"

Diego Ibáñez (CS), Diputado por el Distrito 6

" El agua tiene que quedar consagrada como un derecho humano en la nueva Constitución. Debiese existir una nueva administración en que el Estado sea el regulador"

Rodrigo Sánchez (PC), Alcalde de La Ligua

" El mayor riesgo es que todos los derechos de agua pasen a manos del Estado y sea un burócrata de turno el que decida a quién se los entrega o no. El tema del agua es grave, pero no se necesita de un cambio constitucional"

Alfonso Ríos, Presidente de Agropetorca

"Si se aprueba que el nuevo Parlamento tenga escaños para pueblos originarios, la Isla de Pascua se vería beneficiada"

Manuel Núñez, Director de la Escuela, de Derecho de la PUCV

"Tal como los municipios, se debiese garantizar que los Gores también puedan tener sus propios ingresos"

Manuel Tobar, Presidente del CER