"En la medida en que los contenidos pedagógicos estén cubiertos, esas clases no debe ser recuperadas"
Raúl Figueroa
Subsecretario de Educación
"Un nivel extremo de volatilidad en el tipo de cambio introduce un ruido en el mercado"
Mario Marcel
Presidente del Banco Central
El gobierno ha dispuesto la cantidad de 25.000 pesos para la traslación desde el Perú de las cenizas del general Bernardo O'Higgins. Hay una comisión que será presidida por el vicealmirante Manuel Blanco Encalada, que partirá al país vecino el 8 de diciembre en las corbetas "O'Higgins", "Chacabuco" y "Esmeralda".
Viajeros que han estado en Perú han observado manifestaciones anti chilenas en las calles de Lima en que se agrede a nuestro país. Además, han visto carteles en que se lee "una ampliación" del posible conflicto continental con títulos como: "Tacna, Arica y Tarapacá, para Perú; Antofagasta a Bolivia y la Patagonia para la Argentina.
PUERTO MONTT.- Infructuosa resultó por segundo día, ayer viernes, la búsqueda del avión Cessna, bimotor, del Club Aéreo de Castro, extraviado el miércoles en horas de la tarde en el trayecto desde El Tepual, en Puerto Montt, a Lago Verde, en Aysén. A bordo de la nave viajaban seis personas de Puerto Montt y de Castro.
"No estamos obligados a lo imposible", fue la afirmación del coronel de Carabineros Roberto Troncoso, prefecto de la Provincia de Marga Marga, tras el asalto y saqueo al centro comercial de El Belloto. Efectivamente, era imposible con poco personal y limitación judicial para el uso de medios disuasivos, que la policía uniformada protegiera personas y propiedades atacadas por una turba de delincuentes, anarquistas y vándalos. El oficial aseguró, entre otras apreciaciones, que el repliegue policial "no significa que nos vayamos a una huelga".
Por su lado, tras reiterada violencia, el prefecto de Valparaíso, coronel Óscar Alarcón, aludió a la insuficiencia de medios y personal: "No tenemos la cantidad de gente que quisiéramos para cubrir todo lo que nos piden".
A la vez, denunció que la acción policial en las céntricas calles Condell, Ecuador y Cumming presenta dificultades por el clima "hostil", la estrechez del terreno y también por los ataques que reciben desde algunos edificios. En el flanco digital, la acción policial también se complica ante "una estrategia de ciertos grupos que se han encargado de tratar de desprestigiarnos. En las redes sociales hay un montón de situaciones en contra nuestra que se ha demostrado son falsas", denuncia el coronel Troncoso. La vocera de Gobierno Karla Rubilar, entretanto, fustigó el doble discurso del alcalde Jorge Sharp, que "por un lado va a La Moneda a pedir más orden público y seguridad para proteger a los comerciantes y, al mismo tiempo, presenta recursos para que Carabineros no pueda accionar para protegerlos".
Sharp no se libra tampoco de los ataques de la Multigremial de Valparaíso. Su presidente, Raúl Rojas, acusó al alcalde porteño de encabezar una marcha, puntualizando que "son las movilizaciones denominadas pacíficas (…) las que propician desorden público y actos delictivos", acusación formulada al momento que su organización presentaba en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección por la situación que afecta al comercio.
Pero el protagonismo judicial no termina, pues la Corte porteña, acogiendo un recurso interpuesto por el Ministerio del Interior, dejó sin efecto una resolución de la semana pasada en la que se restringía, a todo evento, el uso de balines por parte de Carabineros. Los prohíbe ahora "únicamente en manifestaciones de carácter pacíficas". Así, la generalizada demanda de orden público es una difícil tarea para Carabineros, sobrepasados, agotados y exigidos a separar, sin equivocarse, el trigo de la cizaña, antiguo tema del cual hablan los Evangelios.
El vandalismo del que estamos siendo testigos y que está destruyendo nuestras ciudades, nos ha conmovido profundamente, ha dañado el alma nacional y está afectando gravemente la convivencia social. La delincuencia desatada, que actúa impunemente escondida tras movilizaciones por demandas sociales legítimas, está atentando contra bienes públicos que ofrecen calidad de vida a las personas y bienes privados de los que depende el sustento de millones de familias.
En nuestra región, el ataque a la infraestructura y al comercio es una agresión al corazón de la economía -que arrastra más de un año de números rojos- y a su principal fuente de empleos. Sus consecuencias se expresarán en miles de cesantes. Y a ello se suman las interrupciones al libre desplazamiento de las personas y la inseguridad, dañando seriamente el aparato productivo, la moral y toda la actividad regional. Es por ello que, como gremio empresarial, y especialmente como chilenos de trabajo y esfuerzo, en nombre de las miles de personas que representamos -trabajadores; empresarios grandes, pequeños y medianos; proveedores y profesionales-, condenamos enfáticamente la violencia y la impunidad con que actúan estos grupos de delincuentes y todo tipo de acciones de fuerza que atenten contra el Estado de derecho, la convivencia democrática y el normal desenvolvimiento de las actividades privadas.
También lamentamos la falta de voluntad política de algunos sectores para condenar esta violencia, la que debió expresarse desde el primer día en un rechazo transversal, rotundo y sin dobleces.
Por todo esto, exigimos que el Estado asuma su deber de garantizar la seguridad, el orden público y los derechos de los ciudadanos. El Gobierno debe enfrentar con decisión esta violencia, empoderando y respaldando a las fuerzas de orden y seguridad, y especialmente a Carabineros -sin cuya labor encomiable estaríamos lamentando una situación mucho peor-, para que, actuando dentro de la ley, puedan reprimir el vandalismo y los saqueos. Por cierto, cualquier vulneración a los derechos fundamentales debe ser investigada por los tribunales y sancionada en atención a su mérito.
También reclamamos una acción más comprometida y enérgica de parte del Poder Judicial y el Ministerio Público para que, junto con garantizar los derechos de los imputados, tengamos mayor empatía hacia las víctimas y celeridad en los procesos para castigar a los culpables. No podemos dejar que se extienda la sensación de impunidad.
Por todo esto eso, en el contexto de la situación excepcional que vivimos, hacemos un llamado ferviente a los actores sociales a no hacer más llamados a paros o huelgas, porque siempre terminan en violencia y saqueos. Las demandas sociales ya están notificadas al país. Y las autoridades y todos los chilenos ya oímos la voz de la comunidad, así que ahora colaboremos y trabajemos en las soluciones.
Todos juntos, los poderes del Estado y las organizaciones sociales, deben hoy asumir su responsabilidad histórica y rechazar la violencia, restablecer el orden público y devolver la seguridad a los chilenos. Sin orden y seguridad, no hay ninguna posibilidad de dar solución a sus demandas legítimas. Nosotros, como gremio, ya estamos dialogando con nuestros trabajadores y a disposición del país para construir un Chile más justo y fraterno.