Pamela Boltei

Una pésima noticia recibieron las pymes del Edificio Tecnológico de Corfo, en Curauma, al enterarse del término anticipado de sus contratos de arriendo tras varios años -en algunos prácticamente una década- trabajando en ese lugar.

Mediante una carta firmada por el gerente de Administración y Finanzas de Corfo, Carlos Álvarez, cerca de 17 empresas fueron notificadas desde el viernes que se quedaban sin un lugar donde operar: "En conformidad con los dispuesto en el párrafo primero de la cláusula octava del contrato en comento, cumplo con informar a usted nuestra decisión de poner término anticipado al mismo a contar del día 31 de diciembre de 2019", dice.

El inmueble fue inaugurado en 2005 por el expresidente Ricardo Lagos, con el objetivo de establecer un polo tecnológico con empresas de alto estándar en Curauma. Para acceder a un arriendo, cuentan algunos empresarios, se debía cumplir con un exigente proceso de selección que, en algunos casos, duraba incluso unos seis meses. Este año, aseguran, pagaban 0,8 UF por metro cuadrado, aproximadamente.

Aunque su primera meta era ser un centro de interacción entre empresas y entidades tecnológicas, también fue casa de los funcionarios del mismo Corfo en 2017, cuando se estuvo remodelando la dirección regional. En ese entonces, el traslado fue resentido por los empleados públicos, principalmente por la lejanía de la ciudad y los problemas de accesibilidad.

Tal como ocurre con los centenares de comerciantes que han debido dejar sus locales debido a saqueos e incendios, los emprendedores del polo tecnológico tienen que salir de sus oficinas a la brevedad, aunque por una razón diferente: el inmueble fue vendido a la Policía de Investigaciones (PDI).

Desde Corfo Valparaíso confirmaron el traspaso. "El término de contrato se explica por la venta del edificio tecnológico de Curauma, la que, a su vez, responde a que el edificio se estaba subutilizando. Nos encontramos en la fase final de este proceso para materializar el traspaso a la PDI. Se realizaron tasaciones por tres empresas externas y se consideró el promedio para estimar cifra final", dijeron, aunque no precisaron el monto de adquisición. Según fuentes relacionadas, la negociación se habría realizado en el nivel central de la corporación, mientras que la Policía Civil no quiso emitir declaraciones al respecto.

Cubrir la emergencia

En esta línea, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas (UDI), ya había adelantado un plan de la estatal para la venta de activos propios que le permitan disponer de recursos frescos para ir ayuda de empresas que han sido saqueadas o vandalizadas.

En el caso de Valparaíso, Terrazas reconoció que el edificio de Curauma está dentro de los activos inmobiliarios que servirán para generar recursos para cubrir la emergencia. "Estamos haciendo el levantamiento de todos ellos y viendo de qué manera les vamos a sacar valor. Son terrenos en Bahía Inglesa, otros en la zona de Villarrica y en la Región de Valparaíso", detalló.

Terrazas reconoció que "estamos en la fase final para vender un terreno que tenemos en Curauma a la PDI. Ya logramos el acuerdo del Consejo de Ministros de Corfo y se está materializando el traspaso. Esa propiedad no le prestaba ninguna utilidad a la Corfo y, anualmente, requiere de $300 millones para mantención. Hoy le pusimos un valor, recaudaremos recursos que ahora necesitamos y dejaremos de tener un gasto que también podemos redireccionar al apoyo de las pymes".

Necesidad de la pdi

No es un secreto la necesidad de la Policía de Investigaciones por reponer el Cuartel Policial San Francisco en Valparaíso, así como tampoco el nivel de hacinamiento, problemas sanitarios y eléctricos, además de falta de privacidad para la atención de usuarios.

En mayo de este año se tenía bastante avanzada la adquisición de la ex Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), ubicada en la Plaza Sotomayor. La idea era que ese lugar se transformara en el nuevo edificio institucional de la dirección regional de la PDI, además de ser sede de brigadas especializadas y el Laboratorio de Criminalística.

Sin embargo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) decidió dejar sin efecto dicha compra, cuya inversión -con recursos de la Policía Civil, priorizados por el alto mando, pero a través del Ministerio de Bienes Nacionales- rondaba los $ 11 mil millones. Ya existía un decreto oficial que visaba la operación y que había sido enviado al Presidente Sebastián Piñera a fines del año pasado, pero nunca fue firmado.

El argumento de la resolución de la Dipres este año fue que para que se hiciera efectiva la transacción se debían cumplir "ciertas condiciones", mencionando el arriendo de seis pisos del inmueble a una empresa privada (Hapag Lloyd), la que en esa fecha aún se encontraba presente en el lugar, a un año de una autorización previa entregada por la misma dirección. De todas formas, el acuerdo de compraventa contemplaba que la empresa arrendadora abandonara el inmueble al momento de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Algunas señales

Hace unos cuatro meses las pymes que funcionan en el inmueble empezaron a ver cómo las grandes empresas, como Entel, se fueron de allí. Poco después, cuentan, divisaron a la PDI en el lugar sacando fotos y midiendo las salas. Hace semanas el jardinero dejó de ir a cortar el pasto.

Pablo Machuca, de Calibra Consultores Limitada, firma que funciona allí hace siete años y que actualmente cuenta con 10 trabajadores, relata que "a 17 empresas que generamos empleo bien remunerado y persistente en el tiempo, nos dan un aviso de 30 días para que podamos movernos fuera de este sector, porque en Curauma no hay un edificio de oficinas igual. Todo el resto del sector es de transportes o carga, bodegas".

Riesgos de quiebra

Machuca explica que muchas pequeñas empresas han tenido grandes bajas en sus ventas, por lo que el costo de cambiarse de un día para otro es elevado. "Hay empresas que tienen un equipamiento súper grande que hay que moverlo y simplemente no es llegar y hacerlo de un día para otro. Hay empresas que tienen asociados servidores al edificio y movernos en menos de 30 días significa dejar de operar durante muchos meses y probablemente la quiebra de muchas pymes acá presentes".

Pedro Godoy, de Dynwork Ingeniería, con 12 personas trabajando y siete años en el edificio, dice que aunque se enteró de la decisión de Corfo, a él aún no le ha llegado la notificación.

Cuenta que su principal cliente es el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Ahí diseñan y mantienen la central de comunicaciones de emergencia, "y si llegásemos a quebrar y ellos tuvieran una falla de sistema, simplemente se quedan sin sistema, no sabrían dónde tienen los carros bomba ni qué voluntarios tienen ni (funcionaría) la central de comunicaciones".

No hay explicaciones

Incluso pone un ejemplo: "Luksic salió diciendo que iba a pagarle a sus empleados más de $500 mil mensuales desde el 1 de enero... y nosotros siempre lo hemos hecho, y no somos Luksic. Acá sacan a unas 150 personas que están trabajando directamente y en la carta de aviso no dan las causas. Sale firmando el gerente de Administración y Finanzas de Corfo, y nosotros no lo conocemos, nadie nos ha dicho nada. Si estaban negociando algo, lo pertinente es que a nosotros, que somos aporte a la comunidad y al país, generando también mucho impuesto, es que nos digan. Nosotros, una empresa pequeña de 12 personas, le aportamos al Estado $200 millones, así que no pueden decirme que no soy rentable y no pueden pegarme una patada de la noche a la mañana".

A la molestia por la complicación que conlleva una noticia de este tipo, Godoy suma el anuncio del ministro de Hacienda, Felipe Larraín. "Dijo en cadena nacional que viene un plan de miles de millones para las pymes y se llenan la boca con las pymes, pero a nosotros nos están perjudicando".

Machuca complementa lo anterior, diciendo que "las pymes van delante del país, son el motor del país, y detrás de las pymes va toda la administración pública, y lo están haciendo completamente al revés. Es rarísimo, porque estamos hablando de Corfo".

Wladimir Barra, de ICMO (Ingeniería en Construcción Marítimo Portuaria), también está molesto: "Esto genera ruido, porque generamos empleabilidad, estabilidad y eso genera cultura, educación y es una cadena. Esto impacta, es un balde de agua fría cuando te dicen de un día para otro 'ustedes, a fin de mes, se tienen que ir'. Más con todos los sucesos del país, en la fecha que lo dicen, y porque detrás de nosotros tenemos trabajadores, familias. ¿Cuál es el objetivo del Estado? ¿Cuál es la prioridad? Reclamamos empatía... mínimo que te avisen con unos tres meses de anticipación o tener la sensibilidad de que somos pequeña empresa, no somos un retail. Corfo nos pasó a llevar directamente sólo por un negocio para venderlo a la PDI, pero ¿cuál es su objetivo principal? Generar empleabilidad, estabilidad a la comunidad y eso no lo está haciendo".

Cierre de sucursales

"Tenemos inversionistas extranjeros y si ellos, viendo la situación del país, ven este término de contrato así, se cierra la oficina de Chile y punto. A ese riesgo nosotros también nos enfrentamos. Para nosotros no es tan fácil desenchufar todo e irnos a otro lado. Acá tenemos servidores que manejan información pesada y tampoco hay factibilidad técnica para decir '¿listo, pongámonos acá?'. O sea, en un mes ni soñando tenemos un lugar para irnos. A lo que apelamos es a un poco más de tiempo, tres a seis meses mínimo", plantea otra empresa que prefirió no dar su nombre.

Jorge Peña, de JP1985, firma dedicada a exportar trabajos gráficos y 3D, comenta: "Es lamentable para nosotros tener que desalojar justo en esta época, en un momento muy complicado para los emprendedores chilenos. Más allá de que uno se siente vulnerado en cuanto a los valores, porque este edificio, uno pensaba, era para emprender, lo más triste es ver que finalmente no podemos sacar mucho y nos tenemos que ir. Vivimos en un mundo tan corporativo que si este edificio no genera ingresos como un negocio ultra rentable, parece que a los proyectos no se les da mucho apoyo".

"Aportamos $ 200 millones al Estado. No pueden decirme que no soy rentable y no pueden pegarme una patada de la noche a la mañana"

Pedro Godoy, Dynwork Ingeniería

"Movernos en menos de 30 días significa dejar de operar muchos meses y puede ser la quiebra de muchas pymes acá presentes"

Pablo Machuca, Calibra Consultores