Cristián Rojas M.

La concejala Cinthy Miskulini (PC) solicitó formalmente a la alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo (RN), que inicie las gestiones ante los organismos correspondientes para destituir al edil Karim Chahuán (RN), quien este martes quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por robo en lugar no habitado, delito que se le imputa como parte de los saqueos que afectaron al Open Mall Plaza el 29 de octubre, y en el que, según la Fiscalía, usando un celular municipal, ordenó a dos empleados suyos ir a cometer el ilícito mientras él los esperaba afuera en su automóvil.

La edil señaló que "hasta el momento no he tenido formalmente ninguna noticia que la alcaldesa pretenda asumir alguna acción de este tipo, lo que no quiere decir que no lo esté pensando, pero formalmente, yo, como concejala, no tengo esos antecedentes".

En vista de aquello, la concejala ingresó ayer "por oficina de partes una carta dirigida a ella, exigiéndole que se hagan todas las gestiones con el Tribunal Electoral Regional y con el organismo que tenga que ver, en virtud del marco legal, solicitando su destitución como concejal en ejercicio".

Consultada al respecto, la alcaldesa Rojo dijo que instruyó "al Departamento Jurídico a entregarme un informe con posibilidades administrativamente correctas a realizar, de tal forma que podamos tener no tan sólo el conocimiento acabado de la situación, sino que además el poder entregar en forma fidedigna lo que se está realizando en la Municipalidad".

Criticaba movilizaciones

Miskulini subrayó que "a mí lo que me provoca mucho cuidado es que en la Municipalidad de Santiago un funcionario de confianza de un concejal del mismo partido del concejal Chahuán, RN, que además es el partido de la alcaldesa de La Calera y el partido de Gobierno, estén involucrados en hechos de esta naturaleza, más aun con la posición que él ha tomado, de ser muy denostador por redes sociales con la gente que se ha movilizado, particularmente con las mujeres".

La edil calificó el hecho como "lamentable", agregando que "a mí me parece, desde la ética, que él debiera dejar el cargo, debiera renunciar a su responsabilidad, y bueno, si efectivamente la justicia establece que es culpable y que tiene responsabilidades en esto, yo creo que ahí habría que revisar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y ahí lo que procedería es que él debiera ser destituido".

Debe haber condena

Por su parte, el concejal Lautaro Correa (PS) planteó que "aquí hay un procedimiento legal y ese procedimiento debe cumplir todas las fases y no saltarse ninguna, entonces en esto debiera existir la condena para poder proceder a la destitución. No se puede hacer algo ilegal, entiendo que en la parte moral, claro, si está vinculado ya sea a hechos delictuales, saqueo, narcotráfico, fraude o cualquier delito, debiera ser destituido inmediatamente, pero con base. En este minuto está con prisión preventiva durante 45 días, y entiendo que tras la investigación tendrá una condena".

No obstante, también planteó la posibilidad de que "si no existe condena quiere decir que puede ser inocente o puede quedar liberado por otras razones, quedar absuelto, por ejemplo. Ahora, depende de las pruebas que tenga la PDI, pero no puedo decir a priori 'destituyámoslo'. Uno está disponible en caso que haya fraude, robo, saqueo o vínculos con narcotráfico, inmediatamente yo me pongo a disposición".

Correa precisó que "el cupo es de Renovación Nacional, que debe tomar sus determinaciones lo antes posible".

Por otro lado, el edil recordó que su par Chahuán "en varias oportunidades me dijo 'Lautaro, tú andas en las marchas, y después de las marchas hay saqueos'. Yo le dije 'sí, pero yo voy a marchar, yo no he participado en ningún saqueo'. Esas fueron mis respuestas rotundas. Si hubo saqueos, los que actuaron aquí fueron bandas, fueron grupos organizados que saquearon. Hubo otra gente que receptó, que compró cosas de los saqueadores, pero nunca se organizó una marcha para hacer un saqueo, nunca".

En tanto, el concejal Patricio Riveros (RN) coincidió con Correa en que "aquí hay procesos que se están desarrollando, creo que la concejala Miskulini está un poco ansiosa por sacarlo siempre, no es la primera vez que ella actúa en contra del concejal Karim Chahuán, en todos los Concejos ella viene con pintura de guerra en contra de él, en contra de la alcaldesa, en contra de Renovación Nacional, del oficialismo".

Riveros subrayó que "para esto hay una ley, un reglamento de municipalidades, hay una serie de situaciones que tienen que darse, porque no se puede destituir a una persona si no está comprobada su acusación de delito. Nosotros no tenemos la certeza, hay un proceso investigativo. ¿Qué pasa si yo pido la destitución y el día de mañana él sale libre?"

Asimismo, el concejal sostuvo que Karim Chahuán "va a tener que cesar sus funciones, lógicamente, porque es obvio, a lo mejor él puede hasta renunciar, pero eso quedará a su criterio. Yo no voy a pedir su destitución, menos aún perteneciendo al mismo partido, no quiero decir que estoy amparando lo que eventualmente pueda ser la falta de él, pero yo creo que los procesos se tienen que dar como tienen que dar, y es la ley que lo indica así, o sea, yo tengo entendido que hasta que no se compruebe su delito no se puede hacer nada".

Habla el core chahuán

En tanto, el consejero regional Roberto Chahuán (RN), padre del concejal calerano formalizado este martes, se refirió al caso judicial señalando que "quiero mucho a mi hijo, pero si la justicia determina que ha cometido un delito, debiera de pagar como cualquier persona, nadie está sobre la ley. Pero creo que el delito que se le imputa por receptación es haber comprado un microondas por $20.000, yo creo que la forma en que lo ha llevado la justicia no ha sido la adecuada, sino que sobredimensionados".

"Quiero mucho a mi hijo, pero si la justicia determina que ha cometido un delito, debiera de pagar como cualquier persona".

Roberto Chahuán, Core RN y padre del concejal.

La jefa regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), Susanne Spichiger, explicó el por qué Viña del Mar fue la comuna con mayor monto de daños a la propiedad pública durante los desmanes del estallido social. "Esto es un trabajo cotidiano con cada uno de los municipios y son ellos los que nos han ido reportando de los daños que ellos han ido verificando día a día con el desarrollo de la contingencia. Si bien resaltan unos municipios por sobre otro, en algunos casos puede reflejar efectivamente que tienen más daño y en otros casos puede reflejar que aún no han informado el alcance que han tenido precisamente porque ha sido dificultoso el ir informando día a día. Esto es una situación en desarrollo", dijo.

La alcaldesa Virginia Reginato, de Viña, comentó que "en lo que hemos sufrido mucho es en cámaras de seguridad, semáforos, señalizaciones, luminarias, contenedores y eso es un costo importante. Lo lamento, me tiene muy triste".

El jefe de Operaciones del municipio, Patricio Moya, explicó que "es probable que en Valparaíso u otras comunas no hayan cuantificado los bienes nacionales de uso público de manera más rigurosa, con el colapso mayor de Valparaíso puede que no hayan podido hacer ese trabajo completo.

Para el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, quien valoró la instancia de la Subdere, "los daños registrados en distintos puntos de la comuna durante las manifestaciones superan los $ 400 millones, los que corresponden a semáforos, señaléticas, cámaras de televigilancia y cámaras lectoras de patentes, lo que fue destruido casi en su totalidad. A eso se suman los daños producidos en el edificio consistorial", que fue incendiada parcialmente.

El delegado de Reconstrucción del municipio porteño, Daniel Ramírez, afirmó que "tenemos un catastro y esperamos que el gobierno inyecte los recursos necesarios para poder recuperar lo dañado en el corto plazo. Sería conveniente que el gobierno, cuando defina sus planes de inversión, conversara primero con los municipios para que dichas proyecciones no se queden cortas".

"En algunos casos puede reflejar efectivamente que tienen más daño y, en otros casos, puede reflejar que aún no han informado".

Susanne Spichiger, Subdere regional