El expresidente boliviano Evo Morales, exfuncionarios de su Gobierno y líderes sociales podrían verse protegidos por una ley aprobada ayer por la Cámara de Diputados, que busca evitar su persecución a pesar de que el Gobierno interino ha dicho que no promulgará una norma que fomenta la impunidad.

Morales, quien renunció a la Presidencia el pasado 10 de noviembre y se encuentra asilado en México, es acusado por el Gobierno de transición de Bolivia de delitos como terrorismo y sedición. También se culpa a actuales funcionarios, exautoridades y dirigentes sindicales de haber participado en actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada.

No busca impunidad

"Quiero señalar firmemente que esta ley de garantías de los derechos constitucionales no es una ley que busca la impunidad", expresó el presidente de la Cámara baja, Sergio Choque, en un video difundido en redes sociales de la entidad.

"Esta ley no es más que la consolidación de los acuerdos que se llegaron con la participación de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y otros entes internacionales", agregó.

El proyecto legislativo del MAS que se analizó, pues el texto final aprobado no ha trascendido, puntualizaba en el artículo séptimo que no debe haber persecución política. Además, establecía garantías para las autoridades de Estado, como el presidente y vicepresidente, y autoridades de judiciales, entre otros.

"No va a promulgar"

La ministra interina de Comunicación, Roxana Lizárraga, ratificó la postura de la presidenta de transición, Jeanine Áñez, de que "no va a promulgar" esa norma.

El texto ahora está bajo la observación del Senado, también controlado por el MAS.

"Garantías constitucionales no pueden existir para personas, organizaciones, miembros que hayan causado daño a los bolivianos", recalcó la ministra.

"Si no promulga (el Gobierno), nosotros vamos a hacer respetar la Constitución Política del Estado", aseveró el diputado del MAS Henry Cabrera, que abrió la posibilidad de convocar a una nueva sesión del Parlamento para que sea esa instancia que ponga en vigencia la ley.

La Casa Blanca se mostró ayer abierta a la celebración de un posible juicio político en el Senado de Estados Unidos al Presidente Donald Trump por sus presuntas presiones a Ucrania, pero con "testigos serios", mientras los demócratas intentan acelerar el proceso para comenzar el "impeachment".

Así lo expresó el portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, en una entrevista con la cadena de televisión Fox News, donde aseguró que el Mandatario "da la bienvenida" a un más que probable juicio político en la Cámara Alta del Congreso, dominada por los republicanos.

Trump "le da la bienvenida, quiere que el pueblo estadounidense vea la verdad. Por supuesto que él quiere traer testigos serios, como el informante, como Adam Schiff, como Hunter y Joe Biden", dijo Gidley.

El portavoz agregó que "si van a hacer esto, si los demócratas quieren esta lucha, es algo a lo que el Presidente está dispuesto".

Proceso

La oposición demócrata ha iniciado un proceso para iniciar un juicio político contra Trump por presiones a Ucrania para que investigara al exvicepresidente y rival político del Mandatario Joe Biden y a su hijo Hunter por presunta corrupción en este país.

El caso se destapó gracias a una queja presentada por un informante a los servicios de Inteligencia tras una conversación telefónica en julio pasado entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

En septiembre, varios comités de la Cámara Baja, de mayoría demócrata, iniciaron la investigación para un posible juicio político a Trump. Las pesquisas han estado lideradas por el Comité de Inteligencia, encabezado por el progresista Adam Schiff, blanco habitual de las críticas y la furia de Trump en Twitter.

Comite judicial

Después de que el Comité de Inteligencia, en colaboración con otras comisiones, completara su informe sobre la investigación para abrir un proceso de destitución, el caso está ahora en manos del Comité Judicial.

En este escenario, el portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidle, comentó sobre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que le ha parecido "en cierto modo interesante" que la demócrata anunciara su intención de seguir adelante con la redacción de los cargos para un juicio político a Trump, antes de saber si un abogado del Presidente va a tomar parte en el proceso en el Comité Judicial.

Pelosi solicitó este jueves a los legisladores la redacción de las acusaciones contra el Mandatario, al considerar que ha cometido "abuso de poder" para su "beneficio personal".

"pruebas abrumadoras"

Un total de 520 profesores universitarios defendieron ayer, en una carta publicada en la plataforma Medium, que la conducta de Trump es susceptible de ser imputable políticamente.

"Hay pruebas abrumadoras de que el Presidente Trump traicionó su juramento del cargo buscando utilizar su poder presidencial para presionar a un Gobierno extranjero con el fin de ayudarle a manipular las elecciones estadounidenses en su propio beneficio político y personal", sostuvieron.

Precisamente, el miércoles cuatro juristas declararon ante el Comité Judicial de la Cámara Baja sobre el marco constitucional para abrir un juicio político, pero no consiguieron ponerse de acuerdo en si Trump ha cometido o no algún delito que pueda derivar en su destitución.

Ahora, el Comité Judicial tiene que definir si esas ofensas son suficientes o no para continuar con el proceso.

"Si van a hacer esto, si los demócratas quieren esta lucha, es algo a lo que el Presidente está dispuesto"

Hogan Gidley, Portavoz de la Casa Blanca