Cristián Rojas M.
Una serie de vulneraciones de derechos de los alumnos del Colegio Insular Robinson Crusoe denunciaron apoderados del establecimiento ubicado en el archipiélago Juan Fernández, a raíz de lo cual la Superintendencia de Educación resolvió enviar a un fiscalizador para verificar los hechos en la isla, tras recibir un oficio de la Defensoría de la Niñez.
En un documento titulado Carta Abierta a la Comunidad Fernandeziana, el Centro de Madres, Padres y Apoderados del Colegio Insular Robinson Crusoe denunció que el 23 de octubre, "alrededor de la mitad de los alumnos y alumnas que asisten entre 7° básico y 4° medio, se manifiestan en la Plaza de Armas y denunciaron malos tratos por parte de profesores y asistentes de la educación del colegio hacia ellos".
En la carta, fechada el 22 de noviembre, lamentan que "los malos tratos no han cesado y permanecen conductas de violencia hacia nuestros niños, niñas y jóvenes, así como también hacia algunos apoderados, motivo por el cual solicitamos por medio de una carta la renuncia del director del colegio, por ser incapaz de frenar estas situaciones y no entregar ni a los alumnos que se manifestaron, ni a nosotros, una respuesta concreta a nuestras demandas".
Los malos tratos quedaron consignados en un informe emitido por el Consultorio General Rural de Juan Fernández, entre los cuales destaca "sensación de incomodidad en el ámbito sexual de adolescentes alumnas del colegio por parte de profesores; conductas racistas y xenófobas por parte de profesores hacia los alumnos extranjeros; discriminación a alumnas y alumnos de parte de profesores por: sexo, físico y condición sexual; malos tratos verbales hacia alumnos por distintas situaciones por parte del director y profesores".
Dicho informe fue enviado al Sename, institución que señaló a este Diario que "en octubre de este año, esta Dirección Regional tomó conocimiento de graves vulneraciones que estaban ocurriendo al interior del Colegio Insular Robinson Crusoe. Ante ello, operamos inmediatamente con el procedimiento correspondiente para casos en los cuales no están involucrados niños, niñas o adolescentes que sean parte de la red Sename, esto es, informando a la Defensoría de la Niñez, organismo autónomo encargado de la protección de derechos de la infancia, para que haga uso de sus facultades y de esta manera se tomen a la brevedad las medidas pertinentes para garantizar la restitución de derechos de quienes se vieron afectados".
Al respecto, el superintendente de Educación, Cristián O'Ryan, confirmó, tras ser oficiado por la Defensoría de la Niñez, que "tomamos conocimiento del caso, solicitamos los antecedentes al establecimiento educacional y un fiscalizador está en la isla verificando en terreno si hubo vulneración o no a la normativa educacional".
"increpados"
Según detalló la concejala Elizabeth Celedón (PH), cuyos dos hijos se educan en ese colegio, "durante este tiempo hemos tenido que pasar por procesos bien desagradables en el ámbito de la convivencia escolar: hubo una apoderada detenida, el trato hacia los niños no ha sido el mejor, pues han sido increpados, cuestionados por sus dichos, por atreverse a hablar y a denunciar".
Celedón advirtió que "por el hecho de ser el único colegio de la comuna, los niños tienen que asistir a ver sus acusados todos los días. Dentro de las acusaciones por vulneración de derechos hay dos profesores sindicados, y si bien se presume su inocencia hasta que un juez determine lo contrario, por el solo hecho de ser acusados el director tomó medidas diferentes para los dos: a uno lo sacó de sus funciones y a otro lo dejó haciendo clases en presencia de otro profesor, pero los niños siguen sujetos a sus acusados".
Este Diario intentó tomar contacto con el alcalde isleño, Leopoldo González, pero una funcionaria municipal informó que está haciendo uso de días administrativos. No obstante, la concejala Celedón detalló que al jefe comunal, "como sostenedor del colegio, le hice las consultas a través de correo electrónico y también en reunión de Concejo, sobre cuáles iban a ser las medidas que él iba a tomar en relación con las denuncias, pero sus respuestas han sido muy ambiguas, siempre dice 'vamos a hacer lo que corresponde', y nada más".
La edil subrayó que "nosotros lo que necesitamos es ser escuchados y si se acogen las denuncias, que el tema no quede aquí en Juan Fernández. Hay muchos alumnos ausentes porque muchas mamás retiraron a sus hijos con licencias médicas por estrés, que fue lo único que pudieron hacer para sacar a sus hijos antes".
Hoy los apoderados entregarán su versión al funcionario de la Superintendencia de Educación que viajó a fiscalizar en terreno a la isla, "y ahí vamos a tener la instancia para poder decir todo lo que nos aqueja", destacó Celedón.
"Por el hecho de ser el único colegio de la comuna, los niños tienen que asistir a ver sus acusados todos los días".
Elizabeth Celedón, Concejala y apoderada