Claudio Ramírez
Como un avance, pero aún insuficiente, fue calificada por economistas y académicos de la región la denominada agenda "antiabuso" dada a conocer por el Ejecutivo. En ese contexto, el reparo más importante pasa por no entregar más atribuciones al Ministerio Público en delitos tributarios, de colusión o electorales.
"Es lamentable y muestra que, en el fondo, no hay un compromiso real desde el Gobierno por perseguir estos delitos. Al exigir que un organismo administrativo tenga que hacer la denuncia, en la práctica se mantiene abierta la puerta para que se decida políticamente en qué casos la Justicia puede o no puede perseguir estos delitos, como hemos visto en los últimos años. Y esto hace que los anuncios de aumentos de penas sean letra muerta", comentó Daniel Goya, académico de la Escuela de Negocios y Economía de la PUCV, añadiendo que en la sociedad existe conciencia de la necesidad de ponerle fin a estas conductas.
"A estas alturas, en el mundo privado tienen claro que estos delitos son gravísimos por el enorme daño que hacen a la legitimidad del sistema de mercado y al sistema político, y en lo personal creo que tienen una responsabilidad bastante importante en el inicio de la crisis social. Pero el Gobierno decidió no implementar la medida más importante de todas, que ha sido sugerida desde la Corte Suprema, el Ministerio Público y diversas organizaciones de la sociedad civil", remarcó.
De esa manera, califica la agenda como "insuficiente", añadiendo que adolece de más aspectos. "Otros temas que no aparecen son la responsabilidad penal de personas jurídicas, el cohecho y los delitos asociados al financiamiento de la política en general. El que el Sernac no pueda tener facultades sancionatorias -fallo del Tribunal Constitucional el 2018- también es algo que podría haberse abordado", recordó el docente.
Sensación amarga
Para el economista Alejandro Maureira, las medidas no apuntan al foco de las demandas en esa línea. "Se crearon expectativas en relación con los anuncios y, por lo mismo, la sensación que quedó fue amarga. El primer error del Gobierno fue suponer que condenar los abusos es un gran logro, cuando en realidad es lo mínimo que se pide en esta crisis de desigualdad", enfatizó, añadiendo que, a su juicio, se mantienen los incentivos a la colusión y otros delitos económicos cuyas penas son menores a la rentabilidad que genera delinquir. "Sin sanciones que superen con creces los beneficios de coludirse, evadir impuestos y otros, se afianza la crisis actual", sostiene.
Añade que las penas contempladas en otros países, sobre delitos económicos, junto con ser castigadas con cárcel, se pagan varias veces los beneficios obtenidos. "Conjuntamente, debiera haber sanciones muy fuertes para quienes legislen en contra de la ciudadanía, favoreciendo a empresas a través de licitaciones, contratos y otros. Haber anunciado este tipo de penas y haber agregado la derogación de la ley de pesca, cuya génesis es corrupta, habría sido la señal que se espera", subrayó.
En cuanto a dejar todo el proceso en manos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en desmedro del Ministerio Público, cree que es un error. "Me parece incorrecto ya que bajo su vigilancia (FNE) se han cometido delitos económicos y acuerdos que han dejado la sensación de impunidad que motivan, en parte, las movilizaciones. Contar con más de una instancia de investigación será preferible siempre y más cuando la crisis actual apunta a la corrupción", subrayó.
En tanto, el docente de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Viña del Mar (UVM), Roberto Paiva, apuntó que la ciudadanía necesita instituciones que aseguren la competencia y la defensa de los consumidores. En ese plano, calificó la agenda como un avance aunque, afirma, es necesario ver cómo funciona en la práctica.
"Para mí lo importante es que las instituciones investiguen debidamente las conductas que atenten contra la libre competencia. El objetivo no es llenar las cárceles de personas, pero sí que los que cometen delitos económicos o de cuello y corbata sean sancionados de la manera adecuada. Hoy no reciben esa sanción y, en ese sentido, la propuesta me parece un avance", remarcó.
"Quizás falten cosas que tienen que ver con los abusos que comete el Estado con sus ciudadanos, pues estos tienen que poder defenderse", manifestó Paiva.
"En la práctica, se mantiene abierta la puerta para que se decida políticamente en qué casos la Justicia puede o no puede perseguir estos delitos".
Daniel Goya, Académico de la Escuela de Negocios y Economía PUCV
"Contar con más de una instancia de investigación será preferible siempre y más cuando la crisis actual apunta a la corrupción"
Alejandro Maureira, Economista
"El objetivo no es llenar las cárceles de personas, pero sí que los que cometen delitos económicos o de cuello y corbata sean sancionados de la manera adecuada".
Roberto Paiva, Docente de Ingeniería, Comercial de la UVM
2018 el Tribunal Constitucional decidió privar de atribuciones sancionatorias al Sernac.
