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Anuncian juicio oral contra vicepresidenta Cristina Fernández por cartelización de obras públicas

ARGENTINA. El juez Claudio Bonadio la investiga por enriquecimiento ilícito entre los años 2003 y 2015.
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El juez Claudio Bonadio anunció un juicio oral contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la presunta cartelización de la obra pública durante su Presidencia (2007-2015), confirmaron ayer a Efe fuentes judiciales.

Esta vista oral, para la cual todavía no hay fecha de inicio, sentará de nuevo en el banquillo a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya afronta desde mayo pasado un juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su Gobierno y está a la espera de que comiencen otros cuatro más.

Causa de los cuadernos

En esta ocasión, Bonadio, juez de instrucción que encabeza la mayoría de las causas que afectan a la exmandataria, apunta a que entre 2003 y 2015 se creó un "sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente, siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático".

El expediente es una derivación de la "causa de los cuadernos", que se destapó en agosto de 2018 después de conocerse unas libretas en las que un chofer del ministerio del área de obras públicas anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

Desde hace tiempo, la exmandataria y actual vicepresidenta, quien se encuentra desde el pasado fin de semana en Cuba visitando de nuevo a su hija Florencia, tratada allí por problemas de salud, reitera que todas las acusaciones en su contra son mentiras y que es víctima de una persecución política y judicial impulsada por el anterior mandatario, Mauricio Macri (2015-2019).

Su procesamiento en la causa por presunta cartelización de la obra pública, decidido por Bonadio en junio pasado, fue confirmado a fines de octubre pasado por la Cámara Federal, un tribunal de alzada.

Primera declaración

El 2 de diciembre, cuando sólo quedaba una semana para asumir como vicepresidenta -tras ganar las elecciones del 27 de octubre con Alberto Fernández a la cabeza-, la líder del peronismo kirchnerista debió declarar por primera vez en un juicio y se mostró muy crítica con su situación.

"Seguramente este tribunal, que es un tribunal del 'lawfare' (judicialización de la política), tiene la condena escrita. No me interesa. He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes, seguramente, les va a condenar la historia", concluyó Fernández, para levantarse sin aceptar responder preguntas de los jueces.

Excarcelaciones

En los últimos meses del año, la Justicia ha tomado diversas decisiones respecto a algunos de los exaltos cargos de los Ejecutivos de Kirchner y Fernández, entre las que se incluyen algunas excarcelaciones, absoluciones y sobreseimientos.

La más reciente respecto a la exmandataria se conoció el 23 de diciembre, cuando un tribunal revocó la orden de prisión preventiva que pesaba sobre ella -que nunca se hizo efectiva por tener fueros desde que fue elegida senadora en 2017- por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.

"Persecuciones indebidas"

En su discurso de investidura del 10 de diciembre, Alberto Fernández se refirió a la reforma que impulsará su Gobierno para que "nunca más" haya una justicia que "decide y persigue según los vientos políticos del poder turno". El ahora presidente argentino consideró que los últimos años se han visto "persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática".

2007-2015 Por dos periodos estuvo al frente como Presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.

2018 se destapó en Argentina la "causa de los cuadernos". El expediente contra Fernández es una derivación de ella.

Unión Europea despliega misión de observadores para elecciones en Perú

COMICIOS. Proceso electoral se realiza tras disolución del Congreso.
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A poco menos de un mes de las elecciones legislativas extraordinarias en Perú, fijadas para el 26 de enero, la Unión Europea (UE) inició ayer el despliegue a nivel nacional de una misión de observadores que seguirán el desarrollo de unos comicios inéditos para completar el periodo 2020-2021.

"Ellos van a observar el proceso electoral no sólo la jornada electoral en el día de la votación, sino la campaña electoral en sí, la campaña en redes sociales, medios. Van a ver todo lo que conduce a la jornada electoral, incluido el trabajo de la administración electoral", explicó Manuel Sánchez de Nogués, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral (MOE UE), a la Agencia Efe.

Con una metodología de observación a largo plazo, los 50 primeros comisionados se desplegarán por equipos de a dos hasta conformar, tres días antes de las elecciones, un total de 100 observadores, a los que se sumará una delegación del Parlamento Europeo y unos 25 diplomáticos de las embajadas de los países de la UE en el país.

Dos días después de la jornada electoral, la misión hará pública una declaración con conclusiones preliminares sobre las elecciones, tal como ya hizo en sus participaciones anteriores de 2001, 2011 y 2016.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, afirmó ayer en Bruselas que el despliegue de estos observadores se hace "en una coyuntura política crítica para Perú".

Venezuela repudia refugio a militares desertores en Brasil

TENSIÓN. Caracas los acusa de estar implicados en ataque a unidad fronteriza.
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El gobierno del Presidente Nicolás Maduro repudió la decisión de Brasil de conceder refugio a cinco militares desertores ubicados en el vecino país, que presuntamente estarían implicados en el ataque a una unidad castrense en un estado fronterizo del sur de Venezuela.

En un comunicado, la cancillería venezolana rechazó categóricamente la decisión del gobierno del Mandatario Jair Bolsonaro de "dar condición de refugiados a los cinco terroristas responsables materiales del asalto al 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla" en el estado sureño de Bolívar, cercano a la frontera con Brasil.

En la madrugada del 22 de diciembre, la unidad castrense fue atacada con el respaldo de militares desertores, indicó el gobierno venezolano. En el choque con las fuerzas de seguridad murió un soldado del Ejército, se reportó.

Durante la ofensiva fueron hurtados 120 fusiles y nueve lanzagranadas RPG de manufactura rusa, la mayoría de los cuales se recuperó posteriormente, según se informó.

La cancillería afirmó que la decisión "confirma el patrón de protección y complicidad de gobiernos satélites de Estados Unidos para agredir la paz de Venezuela". Poco después del ataque, el gobierno venezolano acusó a Colombia, Brasil y Perú de brindar apoyo al grupo agresor.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa de Brasil, en un comunicado conjunto, informaron el pasado sábado que los cinco militares venezolanos ubicados por el Ejército brasileño en su territorio el 26 de diciembre, durante las patrullas fronterizas de rutina, fueron recibidos dos días después por la Fuerza de Tarea de Logística Humanitaria de la Operación Bienvenida, "donde comenzarán los procedimientos para el refugio en Brasil, como otros militares venezolanos en una situación similar."

La cancillería venezolana precisó que "el gobierno brasileño se convierte así en cómplice de actividades armadas contra países vecinos y el protector de los delincuentes y mercenarios que las protagonizaron".

"El gobierno brasileño se convierte así en cómplice de actividades armadas contra países vecinos".

Cancillería venezolana