"Han pasado 17 años, y que en ese periodo haya subido $ 300, llegando a $ 800, creemos que está dentro de los márgenes esperados".
Raúl Fuhrer
Seremi MOP, por cobro en Troncal Sur
"Boicotear la PSU significa arriesgar un derecho a la educación de muchas personas".
Leonor Varas
Directora del Demre
A propósito de los ya dos incendios que han destruido una increíble cantidad de viviendas en casi 5 años, es pertinente preguntarse ¿cómo se ha logrado que en Chile un terremoto, que devastaría casi cualquier zona de este planeta, no genere el mismo daño?
La respuesta es para nosotros sencilla: hemos construido una cultura sísmica, frase que suma las reglamentaciones, enseñanzas, conductas y planificaciones que han definido un modelo de construcción que incluye profesionales competentes, mecánica de suelos, cálculo estructural, especificaciones técnicas, sistemas constructivos y diseño arquitectónico, entre otras, aunque no siempre fue así.
En 1928, el terremoto de Talca dejó como consecuencia más de trescientos muertos, millares de heridos, una vasta destrucción de inmuebles y cuantiosos daños materiales. Las autoridades de aquel tiempo reconocieron que el origen del daño estaba en que, tanto la arquitectura como las obras de urbanización se edificaban sin valorizar la condición sísmica de nuestro país. A partir de esa trágica experiencia, y para prevenir nuevos desastres, se activó, técnica y políticamente, la redacción de una serie de normativas para regular la actividad constructiva y acotar el riesgo de la futura ocurrencia de un terremoto. El conjunto de aquellas normativas se consolidaron con la promulgación de la Ley de Urbanismo y Construcción, publicada, finalmente, el 6 de febrero de 1936, prácticamente tres años antes del, también devastador, terremoto de Chillán.
En ésta se establecieron una serie de disposiciones que hoy día nos son absolutamente naturales, como la determinación para que "en todas las municipalidades de la república hubiera una Dirección de Obras Municipales dirigida por un arquitecto o ingeniero" y que "no se podrá construir, reconstruir ni efectuar reparaciones en un edificio sin permiso de la Dirección de Obras Municipales". Y es evidente que gracias a aquella iniciativa es hoy posible señalar que el riesgo de daños por un terremoto se encuentra controlado y las consecuencias fatales en franca disminución.
Con la planificación urbana, lamentablemente, entregada al mercado, lo menos que se puede exigir, como han dicho especialistas, es que las leyes de urbanización existentes se cumplan; que las normativas deficitarias se actualicen; que los instrumentos de planificación territorial que se deban dictar se dicten y que los proyectos que se deban desarrollar se propongan. Porque ya no podemos seguir detrás de los desastres, es responsabilidad de todos repensar la ciudad y antes de volver a reconstruir en zonas de riesgos se podría evaluar un plan de reocupación del Almendral, sector donde hay vías consolidadas, servicios de todo tipo, equipamiento urbano y muy pocos habitantes ocupándolo. Ya que para pensar en un mejor futuro, Valparaíso no puede seguir extendiendo su área urbana sobre sectores de riesgo y que éstos sean ocupados por los más vulnerables, en cada vez más precarias condiciones.
Fuentes bien informadas de la capital aseguran que en los próximos días se clausuraría la sede del único establecimiento público de educación secundaria que tiene Valparaíso. Sentiríamos que se confirmase el hecho, por los padres de familia. Sin embargo, es real la situación de insalubridad del edificio en cuestión.
Ocho muertos y una veintena de lesionados hubo anoche en un violento choque de trenes en la estación de Colina, entre el transporte nocturno que sale de la capital a las 22.40 horas y el expreso que arriba a Santiago, llegando hasta allí a las 23.25 horas. La colisión fue terrible, con los trágicos resultados que se mencionan.
Denodados esfuerzos hacían anoche las patrullas forestales del Cuerpo de Carabineros, efectivos del Regimiento de Infantería N° 2 Maipo y trabajadores de cuatro fundos en el sector de Laguna Verde, con el objeto de extinguir un violento incendio forestal. En Casablanca, otro siniestro causó la quema de varias hectáreas.
La liberación de cobro por estacionar en el borde costero y sectores aledaños de Viña del Mar aparecía como un estímulo al turismo, ya que así el automovilista podría dejar su vehículo sin pagar por cada minuto de paseo o contemplación del paisaje. Eso resultó ser sólo teoría, pues no existe tal liberación, ya que surgen presiones informales, de buenas o malas maneras, que obligan al pago ante el riesgo real de ser víctima de robos, agresiones o daños al vehículo.
La liberación de cobro ha significado, especialmente de noche, la multiplicación de "cuidadores" peligrosos que no cuidan, a quienes comerciantes del área costera culpan de delitos diversos, incluyendo la droga.
Este antiguo problema trae una novedad: la ocupación de estacionamientos libres por comerciantes ambulantes con carpas o vehículos donde se venden alimentos. Este hecho es grave. Existe riesgo sanitario, especialmente por el calor, y una vez más la evasión tributaria.
Alertando sobre esta realidad, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas, advierte que al no contar con parquímetros, cobro por estacionar, "la ciudad va ser víctima de un gran aumento de robos de especies desde vehículos y riñas entre los propios cuidadores ilegales". La verdad es que con o sin cobros hay robos no sólo de especies, sino que también del vehículo completo.
De cualquier modo, el comercio estudia la posible contratación de guardias privados para los polémicos sectores liberados, lo que tampoco da muchas garantías, pues los informales enfrentarían a quienes perturban sus "fuentes de trabajo".
Toda esta situación se estaría originando, opinan los comerciantes, ante la indecisión municipal para establecer un sistema formal de cobro. Esto tendría su raíz en el fracaso de una licitación masiva para toda la Población Vergara, rentable negocio con 4.400 cupos sometidos a cobro, y en la opinión de los vecinos que en el reciente plebiscito rechazaron el sistema de pago.
Ahora, asumiendo el tema para esta temporada en que el turismo busca recuperarse, el problema debe ser desde ya enfrentado por la autoridad mediante la erradicación de informales de todo tipo desde el sector costero y también con un control intensivo, especialmente de noche, sobre quienes ofician de "cuidadores". Son posibles los controles de identidad y son necesarias las denuncias de los afectados para desarrollar una efectiva acción policial en estrecha colaboración con comerciantes y organizaciones vecinales del área. Un sistema provisorio de cobros sería complicado en momentos de dudas y suspicacias con o sin fundamento.