El Banco Central de Argentina recortó en menos de un mes la tasa de interés de referencia en once puntos, hasta llevarla al 52% anual, en una estrategia para abaratar los créditos e impulsar una reactivación de la economía.

Los tipos de interés que se aplican en Argentina son unos de los más elevados del mundo y se explican por la elevadísima inflación que tiene el país, que habría cerrado 2019 con un alza acumulada en los precios al consumidor cercana al 55%.

Aunque la nueva tasa de referencia fijada por el Banco Central el pasado jueves es muy elevada en términos internacionales, el recorte, el tercero desde que el peronista Alberto Fernández asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre, muestra la decisión de las nuevas autoridades de mantener un sendero decreciente en los tipos de interés.

Incluso, el actual nivel de 52% que se aplica como tasa mínima para la colocación de Letras de Liquidez (Leliq) por parte del Banco Central -que es la tasa de referencia de política monetaria en Argentina- es incluso inferior al 52,75% que el promedio de los expertos consultados mensualmente por la autoridad monetaria proyectaba para enero.

Problemática

La nueva administración argumenta que la fijación de altos tipos como herramienta de política monetaria para controlar la inflación demostró haber sido un fracaso durante el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

Pero, además, con una tasa de referencia que llegó a un récord del 85,9% en septiembre pasado, el vertiginoso ascenso de los tipos de interés que las entidades financieras aplican al otorgamiento de préstamos volvieron prácticamente inaccesibles los créditos para empresas y consumidores, ahondando la recesión que vive Argentina desde el segundo trimestre de 2018.

Según datos de la consultora privada LCG, en 2019 el crédito a empresas se contrajo en términos reales un 24,4% y los préstamos personales al consumo cayeron un 38,4%.

La nueva administración quiere revertir la tendencia crediticia para reactivar cuanto antes la economía y no cree que un recorte de tasas impacte negativamente en la inflación, a la que planea combatir con lo que denomina un enfoque más integral y que incluye fijación de precios de referencia, regulación de tarifas y acuerdos salariales.

El Presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Estados Unidos fracasó en sus planes para desestabilizar a Venezuela en 2019, pero admitió que las sanciones de Washington limitaron la capacidad financiera del país.

En la presentación del informe anual ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Mandatario reconoció que las sanciones económicas "nos han hecho daño" y generaron una "dramática restricción" en el ingreso de divisas al país petrolero, que desde hace varios años enfrenta una severa recesión, una desbocada hiperinflación y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos.

En un intento por presionar la salida de Maduro del gobierno, Estados Unidos intensificó en agosto las sanciones al congelar todos los activos del gobierno venezolano y prohibir a los estadounidenses hacer negocios con Caracas.

Producción de petróleo

En un discurso que se difundió en cadena de radio y televisión, Maduro dijo que Washington ha fracasado en sus intentos de "desestabilizar" a Venezuela y reiteró las acusaciones contra los gobiernos de Brasil y Colombia, a los que acusó de apoyar acciones violentas en territorio venezolano, aunque sin presentar pruebas.

"Dios proveerá", expresó el gobernante izquierdista al manifestar que confía en el que país superará las dificultades económicas. Agregó que durante este año espera que se recupere la producción petrolera y se alcance una meta de "por lo menos dos millones de barriles diarios".

Durante el acto, Maduro anunció que se venderán en la moneda digital "petro" unos 4,5 millones de barriles de petróleo de las reservas que mantiene la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el combustible que utilizan los aviones para cubrir las rutas internacionales. Asimismo, el gobernante dijo que algunos de los servicios estatales, como los de identificación, también se realizarán en la moneda digital del gobierno venezolano.

El Mandatario solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente que acelere la aprobación de reformas de las leyes del código tributario y de aduanas para ordenar la cartera crediticia y crear una cartera productiva.

Sin la OEA

Maduro ratificó que durante este año se realizarán elecciones parlamentarias y dijo que se invitaría a la Unión Europea, la secretaría general de las Naciones Unidas y otros países para que envíen misiones para esos comicios, pero descartó la invitación de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) o su secretario general, Luis Almagro, al que llamó "basura traidora".

Al referirse a las tensiones desatadas a raíz de la instalación a inicios de año de dos directivas en la Asamblea Nacional, una encabezada por el líder opositor Juan Guaidó y otra integrada por desertores del bloque opositor acusados de hechos de corrupción, el Jefe de Estado pidió a la mesa de diálogo -integrada por pequeñas organizaciones opositoras y miembros del gobierno- que medien para evitar que "no se envuelva de violencia el Palacio Legislativo".

Maduro atacó con dureza a Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región, y lo llamó "miserable cipayo" y "muñeco ventrílocuo" de Washington.

El Tribunal Constitucional peruano respaldó ayer el cierre del Parlamento ordenado por el Presidente Martín Vizcarra, un acto sin precedentes en casi tres décadas.

Por cuatro votos contra tres, los miembros del máximo órgano en asuntos constitucionales desestimaron una demanda impulsada por el expresidente del Parlamento, Pedro Olaechea, que buscaba su reapertura.

Al disolver el Congreso el 30 de septiembre, Vizcarra argumentó que estaba haciendo uso de los poderes que le otorga la Constitución.

Quiebre

En ese entonces el Presidente había pedido un voto de confianza tras solicitar al Parlamento -dominado por la oposición- que elaborara requisitos más rigurosos para elegir a los seis miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder. Pero el Congreso no tomó en cuenta el pedido presidencial y escogió a un integrante de la mencionada corte, lo que desencadenó su cierre.

De acuerdo con lo que establece la Constitución, el Parlamento de 130 miembros quedó reducido a 27 que conforman una comisión permanente que sólo tiene atribuciones para recoger todos los decretos supremos con los que Vizcarra gobernará hasta el 26 de enero, cuando se elegirá a 130 nuevos parlamentarios.

El disuelto Congreso estaba desprestigiado por la férrea defensa de sus autoridades investigadas por corrupción. La líder del partido dominante en el Congreso, Keiko Fujimori, estuvo detenida poco más de un año y sigue siendo investigada por presunto lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht.

Cabe señalar que existen grandes diferencias entre el cierre del Parlamento de 2019 y el ocurrido hace casi tres décadas. En 1992, además de disolver el Congreso, el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó al Ejército a las calles y censuró a la prensa.